En una acción simultánea, las principales compañías mineras de Perú vienen presentando una serie de demandas judiciales para congelar un artículo que permite prevenir y fiscalizar el potencial daño ambiental de sus actividades en el país. ¿Qué ocasionó esta inusitada ofensiva empresarial?

Las denuncias han ido llegando una tras otra y ante diversas instancias. Hasta el jueves 7, catorce empresas mineras habían introducido en diversos juzgados demandas de amparo para que no se aplique el denominado Aporte por Regulación (APR) que estas compañías deben pagar para ser fiscalizadas, asegura el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Las acciones se presentaron contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, entre las que figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El gerente general de la compañía minera peruana Yanacocha, Javier Velarde, señala que no solo su empresa, considerada la mayor explotadora de oro de América del Sur, ha iniciado «acciones legales en contra del aporte», sino un total de 26 empresas de la minería.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que reúne a las compañías más importantes del sector, también puesto demandas de acción popular contra las normas relacionadas a la contribución, por considerarlas inconstitucionales.

En forma simultánea, cuatro empresas iniciaron procesos administrativos por este caso ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Las compañías argumentan que el denominado Aporte por Regulación (APR) que recauda OEFA para fiscalizarlas es confiscatorio.

Entre las empresas que han acudido a Indecopi figura la peruana Caudalosa, que en 2010 ocasionó el mayor derrame hasta ahora en el país de relaves mineros, en perjuicio de ríos que servían como fuentes de agua a los habitantes del departamento de Huancavelica en el centro, uno de los más pobres del país.

Las demandas de amparo ante los tribunales, han sido presentadas también por compañías de capital extranjero, como Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, y varias filiales de la anglosuiza Glencore Xstrata.

Entre las nacionales aparecen Casapalca, con varias denuncias por malas prácticas e incumplimientos en temas ambientales, laborales y de seguridad, y Volcan, sancionada en muchas ocasiones por daño ambiental. «Las empresas son cada vez más audaces» en un contexto político en el que se busca reducir las llamadas «trabas burocráticas» para las inversiones, señala el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave.

Precisamente, en julio el Congreso legislativo aprobó un paquete de medidas impulsadas por el gobierno para promover la inversión privada, simplificando exigencias ambientales y aliviando deudas impagadas de las empresas, ante la desaceleración de la economía por la menor demanda mundial de materias primas.

Perú es el quinto productor de oro del mundo, el segundo de plata, el tercero de cobre y zinc y estaño y el cuarto de plomo. La minería aporta el nueve por ciento del producto interior bruto del país, el 60 por ciento de las exportaciones, el 21 por ciento de la inversión privada y el 30 por ciento del impuesto de la renta, mientras brinda ingresos multimillonarios a las empresas extractivas.

«Nos estamos defendiendo y estamos seguros de que demostraremos la idoneidad jurídica de la medida», nos dijo el ministro Pulgar-Vidal, después de confirmar que el Poder Judicial había desestimado ya la primera de las denuncias, interpuesta por Antapaccay, subsidiaria de Glencore Xstrata.

El APR fue creado en 2000, para financiar las funciones de las empresas reguladoras. Entonces se estableció que el aporte no sobrepasaría el uno por ciento de la facturación anual de ventas de las compañías supervisadas después del pago de impuestos, explican funcionarios de OEFA. Solo en diciembre de 2013, mediante el decreto supremo 130 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se reglamentó la alícuota y se fijó en un 0,15 por ciento de la facturación anual de ventas para 2014 y en el 0,13 en 2015.

El presidente del consejo directivo de OEFA, Hugo Gómez, aseguró que si el uno por ciento no es confiscatorio, menos lo es un tributo de un porcentaje menor. Pero Velarde, de Yanacocha, argumentó que el decreto que fija el aporte «no se encuentra sometido a su ley de origen, sino que la desnaturaliza» porque excede «largamente el coste de las actividades de supervisión y fiscalización».

En el fondo de esta lucha judicial, lo que está en juego es dinero y la independencia de la fiscalización ambiental. Antes que OEFA asumiera en 2010 la supervisión y fiscalización ambiental del sector minero, esta labor estaba en manos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, que cobraba un arancel minero.

Este arancel se calculaba según los gastos específicos que realizaba el organismo regulador por cada compañía fiscalizada: días de trabajo del inspector, costes de los análisis de muestras en laboratorio y otros gastos de servicios que debían «ser facturados a nombre de la empresa fiscalizada para que pague directamente», explica Delia Morales, de OEFA.

Esa modalidad del arancel la heredó OEFA hasta que en diciembre se fijó el porcentaje para el APR, lo que se tradujo en más recaudación. De los cerca de 400 mil dólares que obtuvo el organismo regulador en 2013 con el arancel minero, se pasó a unos nueve millones de dólares con el APR durante el primer semestre de este año.

OEFA estima recaudar unos 15 millones de dólares este año, solo en fiscalización minera. Hasta mitad del año, ya había ingresado unos 17 millones de dólares por la fiscalización de tres sectores: hidrocarburos, minería y electricidad.

Hemos podido conocer que en su acción de amparo contra el APR, Xstrata Las Bambas, también de Glencore Xstrata, argumentó que con la alícuota terminaba pagando 36 veces más que el monto que aportaba cuando regía el arancel minero.

La procuradora de OEFA, Sandra Rossi, nos señaló que se hicieron cálculos técnicos para fijar la parte alícuota porque la forma en que se establecía el arancel minero «limitaba la fiscalización». «Era un sistema vetusto», que no permitía un trabajo técnico y de prevención para informar a las comunidades qué impactos podían generarse en el tiempo por estas actividades extractivas, explica la directora de Supervisión del organismo, Delia Morales.

El gerente de Yanacocha aduce que está «de acuerdo en que las empresas mineras financien las actividades de supervisión», pero insiste en que deben estar en función de costes reales y no para financiar «otras actividades que no estén directamente relacionadas» con esa labor.

Iván Lanegra, especialista en temas de política ambiental y exviceministro de Interculturalidad, plantea a que «la fiscalización ambiental no se agota con las actividades específicas de supervisión para una determinada empresa. Es más amplia. No se creó una OEFA para cada compañía sino una estructura general de fiscalización».

A su juicio, «es justo que las empresas que tienen un importante beneficio» paguen por la fiscalización, porque realizan una actividad con un grave riesgo ambiental. Para Lanegra, no sería correcto que esos gastos sean financiados con los impuestos de todos los peruanos.