El temor a que se llegue a fin de año sin presupuesto para 2011, ha puesto las pilas a los dirigentes de las instituciones europeas. La Comisión, antes de lo previsto, ha presentado un nuevo borrador presupuestario intentando acercar posiciones entre los protagonistas que deben decidir, según el Tratado de Lisboa: el Parlamento europeo y los Estados miembros.

La propuesta del ejecutivo comunitario no tiene cambios sustanciales sobre la anterior, pero abre puertas a las exigencias de los eurodiputados. Contempla un margen de flexibilidad del 0,03% del PIB para cubrir gastos imprevistos y concreta la aportación de 1.300 millones de euros para la financiación del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER).

Sin embargo, las dos exigencias parlamentarias con contenido más político quedan sin resolver. Sobre la necesidad de que la UE tenga más recursos propios (nuevo impuesto europeo), la Comisión se compromete a presentar una propuesta el próximo mes de junio. Sobre la participación de la Eurocámara en la elaboración de las perspectivas financieras después de 2013, Bruselas propone contactos continuos entre las presidencias rotatorias con el Parlamento para definir la fórmula e interpretar las nuevas competencias que otorga el Tratado de Lisboa a los eurodiputados. O sea, poco.

Poco pero quizá suficiente para que los eurodiputados puedan salvar la cara tras la negativa inicial y dar luz verde a las cuentas europeas, de las que depende el nuevo Servicio de Acción Exterior, las nuevas autoridades de supervisión financiera. El pleno parlamentario del 13 al 16 de diciembre en Estrasburgo es decisivo.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha escrito una carta al presidente del Parlamento, Jercy Bucek, y al presidente de turno del Consejo, Yves Leterme, instándoles a aceptar las nuevas propuestas. El comisario europeo de Presupuesto, Janusz Lewandowski, ha reconocido que la esencia no ha cambiado, «los cambios son un cambio de imagen, de cosmética».