En el examen periódico universal (EPU) de El Salvador en las Naciones Unidas se ha pedido al país que reforme la legislación que impide el acceso al aborto en todas las circunstancias y envía a las mujeres a prisión por tener abortos espontáneos o clandestinos.

«Hemos sido testigos directos de los devastadores efectos de esta legislación en las mujeres y las niñas de El Salvador: desde mujeres que mueren al someterse a un aborto clandestino hasta mujeres encarceladas durante más 40 años por haber abortado espontáneamente –ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América­–. Ahora, representantes de varios países se han sumado a nuestra organización para decir que ya basta.»

Entre los países que piden la reforma figura España, que este mismo año ha retirado un proyecto ley que limitaba también el acceso al aborto en el país. España ha dicho a El Salvador que las mujeres y las niñas han de tener acceso a educación sexual y sobre la reproducción y que se debe dejar en libertad a todas las mujeres encarceladas por haber abortado o tenido un aborto espontáneo y eliminar sus antecedentes penales.

En virtud de la restrictiva legislación salvadoreña, las mujeres y las niñas declaradas culpables de haber tenido un aborto pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de prisión. Los profesionales médicos se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión si se descubre que han proporcionado acceso a servicios de aborto.

En un informe reciente, titulado Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, Amnistía Internacional documenta cómo en algunos casos se ha procesado y condenado hasta a 50 años de prisión por «homicidio» u «homicidio agravado» a mujeres que habían tenido un aborto clandestino o espontáneo tras denunciarlo sus médicos a la policía.

El 25 de septiembre, la organización de derechos humanos puso en marca una petición para instar al país a reformar su legislación sobre el aborto. Ha reunido ya más de 110.000 firmas en todo el mundo.

Amnistía Internacional pide que se deje en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las mujeres y niñas encarceladas por haberse sometido a un aborto o haberlo tenido espontáneamente.

Asimismo, la organización pide que las mujeres, incluidas las jóvenes, tengan acceso a información y servicios anticonceptivos, a una gama integral de métodos anticonceptivos modernos y de calidad y a anticoncepción de emergencia.

Según Amnistía Internacional, la desfasada legislación sobre el aborto en el país centroamericano constituye una forma de violencia institucionalizada, tortura y otras formas de maltrato contra las mujeres y las niñas.

Durante el EPU, muchos países se han referido además a los derechos de las mujeres y a los altos índices de violencia de género, pero también a las medidas positivas adoptadas por el gobierno al establecer la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de 2012, que tiene por objeto abordar la discriminación y la violencia de género.

«Sumamos nuestra voz a los llamamientos de estos Estados miembros de la ONU que piden a El Salvador que despenalice el aborto y garantice el acceso a él como mínimo en los casos en que el embarazo entrañe riesgos para la vida o la salud física o mental de la mujer o la niña, el feto sea inviable fuera del vientre materno o el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto», ha afirmado Erika Guevara Rosas. «Sólo si atiende estos motivos generalizados de preocupación podrá El Salvador mostrar que es una sociedad progresista y solidaria, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.» El Salvador tiene ahora un plazo para examinar las recomendaciones formuladas y anunciar cuáles adoptará en marzo de 2015.

Otros temas tratados en el EPU han sido la necesidad de abordar la impunidad de los delitos cometidos durante la guerra civil de El Salvador, la mejora de las condiciones de reclusión y la ratificación de normas internacionales de derechos humanos como el Estatuto de Roma.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que se examina el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en materia de derechos humanos por los 193 Estados miembros de la ONU, sometiéndose cada uno de ellos al examen cada cuatro años y medio. Es un mecanismo de cooperación, basado en información objetiva y fidedigna y en el que todos los Estados reciben el mismo trato. Complementa el trabajo de los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU.

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que despenalicen el aborto en todas las circunstancias y proporcionen acceso al aborto legal y sin riesgos al menos en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto y cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer o la niña.

En marzo de 2014, Amnistía Internacional emprendió una campaña global para proteger el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin temor a sufrir discriminación y sin control ni coacción por parte del Estado. Con el lema «Mi cuerpo, mis derechos», la campaña insta a los gobiernos a despenalizar el aborto. NdP AI