«Si las medidas se llevan a cabo, perderemos en cinco años el 42 por ciento del poder adquisitivo y, en quince años, la pérdida será de casi el 60 por ciento. Hacemos huelga para defender la función pública europea. Si las medidas se aprueban por el Consejo mucha gente se va a marchar. Nadie ya querrá trabajar en Bruselas». Es la advertencia de Renzo Carpenito, presidente del sindicato FFPE, uno de los tres que han convocado la huelga general de funcionarios comunitarios en Bruselas para protestar por el recorte de sus sueldos y por la pérdida de su poder adquisitivo.

Las agrupaciones sindicales denuncian que los funcionarios europeos ya están sufriendo otro tipo de medidas de austeridad como la extensión de la jornada laboral, los recortes de personal, aumento de los impuestos,... que responden a las normas impuestas por la Comisión Europea en diciembre de 2011 y que incluían, entre otras medidas, recortes del 5 por ciento del personal, aumentar las horas semanales de trabajo de los funcionarios hasta las 40 horas y elevar la edad de jubilación de los funcionarios de los 63 hasta los 65 años, con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de euros entre 2014 y 2020 y otros mil millones al año a largo plazo.

En febrero de 2013, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron en la cumbre celebrada en Bruselas, un nuevo pacto sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2014-2020, para el que propusieron, además, congelar durante dos años los salarios y las pensiones de los funcionarios europeos.

Por este motivo, según los sindicatos, imponer más recortes podría afectar al mantenimiento de un servicio público europeo competente, independiente y permanente, poniendo en riesgo el habitual funcionamiento de las instituciones de la UE. «Quieren deshacerse de la función pública europea», ha criticado el sindicalista Renzo Carpenito.

Los sindicatos critican que las medidas planteadas irán más allá de las previstas inicialmente y aseguran que está previsto que se tenga que trabajar «al menos 40 años para recibir la pensión completa en lugar de los 38 años en la actualidad. Así que nadie podrá tenerla porque también quieren subir la edad de jubilación hasta los 70 años», ha denunciado Carpenito.

Por su parte, Antony Gravili, portavoz de Administración y Asuntos Interinstitucionales de la Comisión Europea, ha asegurado que la huelga convocada para el martes «no es para protestar contra las propuestas de la CE sino contra algunas demandas de Estados miembros que, si se aceptaran, conllevarían un recorte del 60 por ciento de su poder adquisitivo en los próximos 15 años». «Para ellos es un paso demasiado lejos. Pero no son las propuestas de la Comisión», ha zanjado Gravili.

El portavoz de la Comisión ha advertido además de que si los Estados miembros siguen presentando exigencias «no habrá ninguna posibilidad de acuerdo» para sacar adelante las medidas planteadas por la Comisión en diciembre de 2011.

Cadena de protestas contra las políticas de austeridad

Tras dos protestas en noviembre de 2012, en febrero de 2013, apenas dos días antes de la Cumbre de líderes europeos, más de 2.000 funcionarios de Bruselas ya salieron a la calle por los mismos motivos. Su objetivo era «concienciar a los líderes de la UE de la importancia de adoptar un presupuesto europeo lo suficientemente ambicioso», en lugar de insistir en «una política de austeridad ciega», señalaron en un comunicado conjunto los principales sindicatos de trabajadores de las instituciones comunitarias.

Los sindicatos indicaron que el poder adquisitivo de los funcionarios europeos bajó en un 10% entre 2004 y 2012, mientras que el de los trabajadores públicos nacionales disminuyó un 4,7. «Esperamos hacerles comprender la importancia de los trabajadores europeos y que éstos merecen una remuneración acorde a sus funciones», dijo el portavoz de Unión Sindical, uno de los órganos convocantes de la huelga.

Entonces, como ahora, los sindicatos confían en que los Veintisiete no acepten las propuestas de algunos Estados miembros de «reducir el presupuesto destinado a gastos de administración en hasta 4.000 millones de euros, lo que paralizaría el funcionamiento de la UE y el despido de casi un cuarto del funcionariado», aseguran los sindicatos que, sin embargo, sí aceptarían los recortes de hasta 1.500 euros en esa partida propuestos por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy siempre que afecten principalmente a los sueldos más altos.

La realidad de los Veintisiete está dividida en dos bloques que complican el acuerdo: los llamados 'amigos de la cohesión', entre los que se encuentra España y que piden un presupuesto europeo generoso para poder compensar los recortes en las cuentas nacionales; y, por otro lado, los 'amigos de un gasto menor', que básicamente son las grandes economías del Norte de Europa que exigen más recortes a la actual propuesta y que tienen al primer ministro británico, David Cameron, como abanderado. Cameron zanjó la última cumbre sobre los presupuestos con duras críticas contra los funcionarios europeos, a quienes ha declarado «su enemigo público número uno». En su rueda de prensa criticó el hecho de que 200 'eurócratas' cobren más que él, es decir, que sus salarios superan una nómina anual de 180.000 euros.

En el último texto sobre presupuestos presentado por el Consejo Europeo se proponía un recorte del 15% en inversión para el crecimiento y del casi el 6% para fondos de cohesión. También una rebaja del 4,5% en fondos agrícolas y del 0,8% en Administración. Esta partida de gastos administrativos contaría con unos 63.000 millones de euros, un 6% del total del presupuesto total previsto por la CE para los próximos 7 años y que está en torno al billón de euros.

«Bajo presión de algunos Estados miembros contribuyentes al presupuesto de la Unión, los 27 se disponen a adoptar un marco financiero para 2014-2020 netamente inferior a las propuestas de la Comisión», denuncian los sindicatos para justificar la convocatoria.

A pesar de todo, las protestas y los argumentos de los sindicatos no están haciendo demasiada mella en la sociedad ya que, para gran parte del público, las condiciones de trabajo de los funcionarios comunitarios – un colectivo de unos 50.000 trabajadores - son privilegiadas comparadas con las de los trabajadores del resto de Europa.

El salario inicial para un funcionario de la Comisión Europea es de 31.850 euros anuales y el máximo que llega a cobrar son unos 220.000 euros al año. Entre 2005 y 2012 el gasto en salarios en esta institución ha crecido un 17,9% debido, principalmente, a las adhesiones de nuevos estados miembros al personal de la CE.

En el Parlamento Europeo, a su vez, trabajan unas 6.200 personas, de las que 754 son eurodiputados. El sueldo neto mensual de un eurodiputado es de 6.200 euros, a los que se pueden sumar hasta 4.000 euros al mes en dietas para gastos generales, 300 euros diarios por estancia en misiones oficiales y hasta 4.000 euros anuales por dietas de viajes. Además, tienen derecho a una pensión de jubilación al cumplir los 63 años (como también ocurre en la Comisión Europea, por debajo de la edad de jubilación en otros estados miembros) que equivale al 3,5% del sueldo de cada ejercicio anual completo de un mandato, sin llegar a superar en ningún caso el 70% en total.

Para el portavoz comunitario de Relaciones Institucionales y Administración, Antony Gravili, «la escala salarial de los funcionarios europeos está ampliamente en línea con las de otras organizaciones internacionales y servicios diplomáticos de los Estados miembros, y en algunas ocasiones el tramo alto es inferior a la media europea». Así lo aseguraba Gravili en un comunicado de prensa en respuesta a las acusaciones de sueldos desproporcionados vertidas tras la cumbre de febrero por varios diarios alemanes.

Pese a todo, el coste de la administración europea sólo supone el 6% del total del presupuesto comunitario.