Breivik nunca ha negado ser el autor de los hechos. El 22 de julio de 2011 activó un coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo. Poco después, disparaba indiscriminadamente contra jóvenes del Partido Laborista que participaban en una convención en la isla de Utoya. Horas más tarde, Breivik era detenido y confesaba los crímenes, que había preparado minuciosamente. Setenta y siete muertos, la mayoría menores de 25 años.

«Fue una acción atroz, pero necesaria» declaró el autor, empresario de 33 años, quien se declaraba cristiano y conservador en su página de Facebook. Decía que quería defender esos valores en su lucha contra el Islam, que equiparaba al nazismo y el fascismo, y emprendió su propia cruzada para salvar a Noruega.

El pasado noviembre, un informe psiquiátrico dictaminó que el ultraderechista padecía esquizofrenia paranoide y que el día de la matanza estaba en estado psicótico. Otro informe presentado la semana pasada le considera plenamente responsable de sus actos. De que el tribunal haga caso de uno u otro depende que Breivik sea ingresado en un centro psiquiátrico o que pase 21 años en la cárcel, la mayor pena que contempla el Código Penal de Noruega, acusado de cometer actos terroristas y asesinatos premeditados.

Su abogado ha señalado que en el juicio invocará legítima defensa, ya que afirma que mató a todas esas personas porque eran traidores que estaban a favor de la inmigración. De modo que niega su responsabilidad penal y dirá que lamenta no haber ido más allá.

El proceso que se abre este lunes en Oslo reabre la mayor tragedia vivida en Noruega en las últimas décadas, que también ha salpicado a las fuerzas de seguridad criticadas por su torpe actuación. De hecho, la Policia reconoció errores de comunicación y pidió perdón. Aunque el acusado no comparecerá hasta el martes, ya se ha abierto un enorme dispositivo de seguridad, ante el temor de que el juicio se convierta en un punto de altavoz para la ultraderecha.

Por respeto a los afectados, no se podrá grabar ni a Breivik, ni a los supervivientes ni a los 150 testigos que está previsto que comparezcan. La investigación ocupa más de 500 páginas y se calcula que ha costado 13 millones de euros.