Dos europeos de distinta nacionalidad casados que quieran divorciarse se enfrentan ahora a una pesadilla legal, más aún si viven en un tercer estado. Los ministros de Justicia de la UE han acordado una nueva normativa para aclarar la legislación que se puede aplicar.

«El acuerdo de hoy facilitará la vida de las parejas que se enfrentan a un divorcio internacional, reducirá el estrés y contribuirá a proteger al cónyuge más vulnerable. También marca un hito importante en la cooperación en el seno de la UE en áreas jurídicas complejas» ha dicho la comisaria de Justicia, Viviane Reding.

La nueva norma permite a los cónyuges tramitar su divorcio según la legislación del país de cada uno de ellos, la del país donde residan en el momento de presentar la denuncia o la del estado donde convivieron. Eso si hay acuerdo entre los dos miembros de la pareja. Si no, la UE aporta unos criterios en los que predomina la ley del último país donde vivió el matrimonio. Las parejas homosexuales podrán acogerse a estas medidas si el matrimonio gay está reconocido en los países implicados.

Sólo catorce países de la UE han aceptado incorporar las nuevas normas a su legislación: España, Francia, Bulgaria, Italia, Hungría, Luxemburgo, Austria, Rumanía, Eslovenia, Alemania, Bélgica, Letonia, Malta y Portugal. Ahora, el Parlamento europeo tiene que dar el visto bueno para que entre en vigor, previsiblemente, en 2012.