Manuel Valls, Ministro de Interior de Francia, hacía estas declaraciones en una popular cadena de televisión en la que añadió, refiriéndose al Gobierno y a la ciudadanía francesa, que «nuestro papel no es acoger a estas poblaciones, los gitanos deberían volver a Rumanía y Bulgaria donde tienen que hacer los esfuerzos para su integración».

Sus palabras no han caído bien en el partido Socialista que le acoge ni en el Gobierno de Hollande que ha tenido que asumir una sonada llamada de atención por parte de Vivien Reding, Comisaria europea de Justicia que ha acusado a Francia de «no hacer el trabajo integrador que le corresponde a pesar de recibir ayuda europea para ese fin».

Según Reding «existen reglas europeas, firmadas también por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son personas. Solo una decisión de justicia puede permitir su evacuación y sólo si han hecho algo que vaya contra las leyes del Estado».

Para el Ministro de Industria, Arnaud Montebourg, las palabras de Valls han sido «excesivas y deben ser corregidas», apreciación que su compañero de partido ha negado rotundamente asegurando que «no hay nada que corregir, estas declaraciones sólo molestan a quienes no conocen el asunto».

En la polémica entrevista, el titular de Interior se extendió en explicar la magnitud de lo que considera un «problema para sus vecinos y para la estabilidad sanitaria y de seguridad». Para Valls, los campamentos de gitanos rumanos y búlgaros deben ser desmantelados porque son un «foco de delincuencia y mendicidad».

10.000 Evacuados forzosos en 2013

La organización Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar un informe en el que destaca que Francia no respeta sus compromisos internacionales para con estas minorías.

Según la organización, el ritmo de evacuaciones, que se había frenado ligeramente tras la llegada de los socialistas al poder, ha vuelto a acelerarse en los últimos meses. «En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos han sido evacuados, un número récord desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos», ha revelado John Dalhuisen, responsable de operaciones de AI en Europa y Asia central.

El ministro Manuel Valls, tratando de matizar sus palabras, terminó de desvelar su postura: «La miseria no es un modo de vida. Y cuando estamos obligados a desmantelar un campamento de gitanos, lo hacemos con humanidad, ya que no siempre podemos ofrecer trabajo, escuelas y acompañamiento social para las familias pobres», ha aclarado Valls.

En este sentido, Vivien Reding ha advertido que se nota que «hay un aire de elecciones en Francia. Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes como el presupuesto o las deudas, se desquitan con los gitanos».

Dentro de seis meses, en marzo, está previsto que se celebren las elecciones municipales en Francia y las expulsiones masivas de gitanos, nómadas y ciudadanos pobres de los países del Este, se han convertido en un tema electoral candente. Más aún cuando los sondeos apuntan a un resultado histórico para el grupo ultraderechista Frente Nacional que basa su programa en la seguridad y el riesgo que para ellos suponen los extranjeros.

El ambiente electoral hace recordar las palabras del actual presidente francés, François Hollande, durante su propia campaña electoral en marzo pasado: «No a las expulsiones sin soluciones», promesa que parece haber olvidado teniendo en cuenta que miles de personas gitanas han sido expulsadas del país tras el desmantelamiento de varios campamentos en distintas ciudades.

El portavoz comunitario, Olivier Bailly, también ha expresado la preocupación por la política de inmigración francesa. «La libre circulación como la libertad de residir en otro país son derechos fundamentales. Si esos principios inscritos en los tratados no son respetados, la Comisión utilizará todos los medios a su disposición» para sancionar esas violaciones, ha advertido Bailly, adelantando la posibilidad de que la CE aplique sanciones a Francia.

La CE y en concreto la Comisaria de Justicia, ya libró una personal batalla por estos motivos en 2010 con el Gobierno y las políticas migratorias de Nicolás Sarkozy. Desde entonces, como ha revelado Reding, «Europa ha puesto a disposición de los Estados 50.000 millones de euros para la integración de esta población pero no son utilizados». «Hemos puesto el dinero encima de la mesa, debería de servir a los alcaldes y no se usa», ha apuntado la Comisaria.

Se extiende el discurso racista

La Fundación Secretariado Gitano, en un comunicado emitido esta misma mañana exige al gobierno francés «que ponga fin al discurso racista y xenófobo exhibido en las últimas semanas, que estigmatiza a la población gitana» y condena «enérgicamente la defensa del desalojo forzoso de asentamientos y la expulsión de ciudadanos gitanos a sus países de origen».

Según el Secretariado «estas medidas, repetidas con demasiada frecuencia por el Gobierno galo en los últimos años, atentan contra la dignidad de la población gitana y contra los derechos humanos, violan la normativa europea de igualdad de trato, vivienda y libertad de movimiento y suponen un claro ejemplo de discriminación racial».

Según la Directiva europea 2004/38, el Gobierno francés no puede expulsar a ninguna persona de la UE-28 simplemente por no cumplir con los criterios de residencia. Además, la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente notificado como mínimo con un mes de aviso.

Por estos motivos, la fundación pide a la Comisión Europea, como garante de los Tratados, «que vigile y actúe frente a los acontecimientos que se están produciendo en Francia y que muestre una posición firme y activa ante los Estados miembros que violen las leyes y tratados europeos». Además de que «sea efectiva y diligente para que las políticas recogidas en el marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana se pongan en marcha eficientemente».

En esta semana, una carta de la Unión Romaní ponía sobre la mesa que el problema con la población gitana también se ha extendido fuera de Francia y se ha convertido en un problema europeo.

En la misiva, el presidente de la asociación, Juan de Dios Ramírez-Heredia, se hace eco de las protestas de decenas de padres de la República Checa que ante el creciente número de niños gitanos en las clases. Incluso, asegura la carta, «se ha dado el caso de que algunos padres han decidido que sus hijos viajen a siete kilómetros de la ciudad de Skuta para asistir a otras escuelas y evitar así el contacto con los niños romaníes».

En la República Checa, revela Ramírez-Heredia «los niños gitanos que presentan algún tipo de desventaja social son enviados a escuelas especiales destinadas a niños con discapacidad intelectual», una situación de gravísima discriminación y «un atentado sin precedentes a la dignidad de todo un pueblo», añade el comunicado.

El pasado mes de octubre el Consejo de las Naciones Unidas instó al gobierno checo a eliminar por completo de sus planes cualquier medida que favorezca la segregación de los niños gitanos y nómadas.

Para Unión Romaní «no se puede exigir a la comunidad gitana que valore lo importante que es la educación para acabar con cualquier forma de discriminación, y al mismo tiempo condenar a los niños que sufren retraso escolar a llevarlos a escuelas especiales» o «ver cómo los padres sacan a los niños del colegio ante la presencia de alumnos gitanos», hecho que, recuerda Unión Romaní, «por desgracia hemos visto hace muy poco en España».