En abril de 2013, para abordar el problema de los 6 millones de jóvenes desempleados en Europa, los 28 Estados miembros y las instituciones europeas anunciaron la puesta en marcha de la Garantía Juvenil, con una dotación presupuestaria especial de 6.000 millones de euros (denominada «Iniciativa sobre Empleo Juvenil»). Gracias a esta iniciativa, se debería proponer a todos los jóvenes europeos menores de 25 años, que buscan empleo, un curso de formación, un período de prácticas o un empleo, brindándoles así la oportunidad de salir de la exclusión.

Esta mano tendida a nuestros jóvenes fue la primera señal, tras un largo período de austeridad, de que Europa estaba dispuesta a atender a las necesidades de las nuevas generaciones.

Un año después, aún no se ha desembolsado ni un solo euro a pesar de que hace tiempo que algunos países, como España, ya han puesto sobre la mesa su plan de aplicación de la Garantía Juvenil.

¿A qué se debe este inmovilismo? A las normas financieras

En efecto, la Garantía Juvenil está financiada por un presupuesto doble: el Fondo Social Europeo (FSE) y el fondo especial para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, que está vinculado al primero, por lo que deben activarse al mismo tiempo. Dada la lentitud de las normas de funcionamiento del FSE, el fondo especial también se encuentra bloqueado.

A fin de evitar «ejercicios cosméticos», la Comisión y el Consejo Europeo decidieron vincular este programa a un fondo destinado a acciones estructurantes, perdiendo de vista el objetivo principal: proporcionar un instrumento de urgencia.

El resultado es que los Estados miembros se ven obligados a adelantar la mayor parte de los fondos –de los que aún no disponen– y esperar a que les reembolsen, lo cual no hace más que agrandar aún más un déficit público que, según la Comisión, deben reducir. Así pues, España se enfrenta a estas normas contables en la puesta en marcha de su programa de ayuda, mientras que más del 50% de los jóvenes españoles está en el paro.

Existen soluciones para que esta buena idea llegue a buen puerto. Se han formulado diferentes propuestas para superar esta dificultad, pero desafortunadamente aún no se ha aprobado ninguna. El Consejo Europeo rechazó recientemente la idea de no incluir en la estimación del déficit público los importes adelantados a tal fin por los gobiernos; por tanto, los Estados miembros no se han puesto de acuerdo sobre esta propuesta lógica y sencilla pero «out of the box» (fuera de lo establecido).

Otra propuesta consistiría en que el fondo especial deje de depender del FSE para que funcione de manera autónoma y se pueda utilizar como un instrumento de urgencia. Quisiera recordar a aquellos que insisten en la importancia de aplicar normas estrictas a una medida cuyo coste de ejecución se elevaría a más de 20.000 millones de euros al año, que los millones de jóvenes actualmente sin empleo representan una pérdida económica de 150.000 millones de euros anuales (lo que equivale a un 1,2 % del PIB de la UE).

Los gestos de cara a la galería son cosa del pasado. Ha llegado el momento de asumir responsabilidades. A Europa no le queda más remedio que liberarse de las restricciones administrativas que ella misma se ha impuesto. He hablado con estudiantes y jóvenes desempleados en Hungría, España y Bulgaria, y me han hecho ver que es necesario actuar urgentemente.

Hay que hacer todo lo posible para apoyar a las nuevas generaciones. Debemos mantenernos firmes en nuestra voluntad. Así es como debe ser Europa. Siempre junto a sus ciudadanos.

Henri Malosse * Es presidente del Comité Económico y Social. Esta publicación pertenece a su blog