Entre 2008 y otoño de 2012, según datos de la FAO, el aumento del precio de los alimentos de primera necesidad ha arrastrado a más de 100 millones de personas a la pobreza. El Banco Mundial ha confirmado estas dramáticas cifras y estima que, entre junio y diciembre de 2010, 44 millones de personas comenzaron a vivir en la pobreza a consecuencia del aumento del precio de los cereales principalmente.
Ahora, investigadores y expertos de todo el mundo analizan los impactos de los biocombustibles en esta subida de los precios y en el aumento de la pobreza y el Comité para la Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas afirma que «tras los debates iniciales, prácticamente nadie cuestiona en la actualidad el hecho de que la producción de biocombustibles ha sido uno de los principales factores del reciente aumento de los precios de los alimentos».
¿Y esto porqué? Porque los biocombustibles generan una demanda extra de tierra y cultivos que dejan de utilizarse para producir alimentos -de ahí que grupos como Ecologistas en Acción prefieran llamarlos «agrocombustibles»-, por lo tanto hay menos alimentos disponibles y su precio se dispara.
Además, cuando la relación entre la oferta y la demanda de un producto es muy ajustada, un pequeño aumento de esta última (por ejemplo, de cultivos destinados para agrocombustibles) puede provocar una gran inflación en los precios y un incremento de su volatilidad, sin contar con que hay una fuerte competencia entre cultivos como el maíz, la soja, el aceite de palma o el trigo por hacerse con un hueco en el mercado de los biocarburantes.
Pero no sólo la FAO y los ecologistas han llegado a estas conclusiones. En una carta firmada por más de 200 investigadores e instituciones internacionales como la OCDE y la Organización Mundial del Comercio, se pide a los gobiernos integrantes del G20 que revisen y eventualmente «retiren sus disposiciones de las actuales políticas nacionales que subsidian u obligan a la producción o consumo de biocombustibles».
Los biocombustibles en la UE
El uso de biocombustibles ha crecido en el mundo en los últimos años para cumplir objetivos medioambientales de los Gobiernos. En la UE, su Directiva de Energías Renovables (RED) obliga a asegurar un 10% de energía renovable en la red de trasportes europeos para el año 2020. De ese porcentaje, según la última propuesta de la Comisión, sólo la mitad podría ser de biocarburantes procedentes de cultivos alimentarios (límite que, por cierto, el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propuso este jueves en Bruselas que se aumentara para dar «continuidad y seguridad jurídica a las inversiones ya hechas», pasando por alto los costes sociales y económicos asociados para muchas poblaciones del planeta).
El problema es que para conseguir sus objetivos, en lugar de adoptar medidas destinadas a reducir nuestras necesidades de transporte o a favorecer un transporte menos contaminante como el público o el electrificado, se ha optado mayoritariamente por sustituir a los combustibles tradicionales por biocombustibles, hidrocarburos obtenidos a partir de materia orgánica. A lo que se añade que en lugar de usar residuos urbanos, forestales o restos de aceites domésticos, todos ellos recursos sin desarrollar apenas, se están utilizando exclusivamente productos agroalimentarios como aceite de palma, soja, colza, caña de azúcar y cereales.
Para cumplir el objetivo de 2020, según la ONG Amigos de la Tierra, habría que incrementar en un 80% el uso de la tierra y los cultivos en esta dirección, una demanda adicional que lleva a los Gobiernos a buscar nuevas tierras y a terminar «acaparando» las tierras de los pequeños campesinos de los países del Sur. Los ejemplos más sangrantes se ven en África, donde se calcula que casi 5 millones de hectáreas de tierra de 11 países africanos, se han destinado exclusivamente a agrocarburantes desapareciendo los cultivos tradicionales para sus comunidades. Los grupos ecologistas denuncian que ocurre lo mismo con la imposición de plantaciones de aceite de palma en Indonesia, de jatrofa en la India o de soja en América Latina.
Aparece así otra de las consecuencias sociales del incremento del uso de biocarburantes, la restricción de la Soberanía Alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir y a definir sus propias políticas agrarias, alimentarias, ganaderas y pesqueras, que se ve mermado frente a las necesidades de una alimentación sujeta a los mercados internacionales.
Las directivas europeas RED y FQD (dedicada a la Calidad de los Carburantes) son las encargadas de regular la utilización de biocombustibles en la UE y establecen criterios de sostenibilidad para evitar algunos cambios directos del uso del suelo. Pero estos criterios, tal y como existen en la actualidad, no contabilizan la emisión masiva de carbono provocada por la expansión de la superficie cultivada para satisfacer la demanda de agrocombustibles, el llamado «cambio indirecto del suelo» (ILUC en sus siglas en inglés), que afecta sobretodo a ecosistemas frágiles y sumideros de carbono como bosques, humedales y pastos. El resultado: menos biodiversidad y más emisiones de gases de efecto invernadero por el arado, la eliminación de vegetación y la desecación de zonas húmedas.
Precisamente este viernes, el Ministro irlandés de Medio Ambiente, el Sr. Phil Hogan, que ha presidido el Consejo Europeo de Medio Ambiente ha afirmado que «lo referido al ILUC es un tema difícil pero muy importante ya que se busca limitar las emisiones debidas al uso indirecto de la tierra asociado al uso de los biocombustibles convencionales. Es imprescindible para abordar esta cuestión incluir en las políticas de la UE medidas para promover materias primas más avanzadas y sostenibles que no generen una demanda adicional de la tierra». Es un gran paso que estas consideraciones estén ya sobre la mesa en Bruselas.
La solución: transformar el modelo de transportes
Hoy, la UE consume más de 13 millones de toneladas (equivalentes de petroleo) de biocombustibles (el 78% biodiesel, 21% etanol) y se prevé que en 2020 se lleguen a superar los 30 millones de toneladas. Según Ecologistas en Acción, para entonces, a nivel global, casi 8 millones de hectáreas se podrían convertir en nueva tierra cultivada para satisfacer la demanda adicional de biocombustibles de la UE.
El objetivo de la estrategia UE 20-20-20 se estableció para reducir la dependencia energética de la Unión de combustibles fósiles y para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, un informe de la Comisión Nacional de la Energía referido a España, ha confirmado la «alta dependencia de productos agroalimentarios importados principalmente de Sudamérica y del Sudeste Asíatico, mientras que la aportación de materias primas nacionales fue muy baja».
Conclusión: nuevas dependencias e incluso más emisiones de CO2 que el petroleo, las procedentes de la roturación de nuevos suelos. Si a estos factores añadimos que apenas se usa el 4% de las instalaciones industriales europeas destinadas a la creación de biocombustible (se importa directamente procesado y más barato) y que este sector es uno de los que más fondos públicos recibe, el resultado es la urgente necesidad de revisar unas políticas muy costosas, de dudosa rentabilidad energética y comprobado daño al medio ambiente.
Por estos motivos, expertos internacionales y ONGs han pedido a la UE la reformulación de sus políticas hacia una transformación profunda del modelo de transportes que disminuya nuestras necesidades de movilidad y priorice el transporte colectivo y electrificado. Además, le piden que elimine el objetivo del 10% de su estrategia 20-20-20.
La Unión Europea, según Nusa Urbancic de la organización Transport and Environment, debe establecer unos factores claros y ajustados a los últimos estudios científicos, que permitan reorientar adecuadamente el uso de biocarburantes hacia aquellos que realmente no produzcan unas mayores emisiones de CO2, que no sean la causa de otros impactos ambientales, y no compitan con cultivos destinados a la alimentación. De lo contrario, asegura Urbancic, la política de la UE no estará sino agravando el calentamiento global y las crisis alimentarias que padecen millones de personas.
