Los políticos locales y regionales de toda Europa han hecho un llamamiento unánime a la UE para que introduzca unas normas mucho más estrictas en materia de traslados de residuos. El Comité de las Regiones -la asamblea de la UE de los entes regionales y locales- aprobó un informe en el que se apoyan los planes para modificar el actual Reglamento de la UE sobre los traslados de residuos. Encabezado por Paula BAKER (UK/ALDE), el Comité sostiene que las modificaciones del actual Reglamento de la UE deben fijar inspecciones mucho más estrictas para estos traslados, introducir controles coherentes en todos los Estados miembros de la UE y aumentar el poder de las autoridades públicas.

Aunque el actual Reglamento de la UE relativo a los traslados de residuos adoptado en 1996 ofrece orientación y control en relación con los traslados de residuos, los estudios realizados indican que hasta un 25 % aún se envía ilegalmente desde la UE a países en desarrollo, infringiendo la legislación internacional y de la UE. La Comisión Europea publicó una propuesta el año pasado con la intención de actualizar el Reglamento, que ha sido estudiada por el Comité. En el discurso pronunciado ante el Pleno del Comité el 30 de enero, donde su dictamen se aprobó por unanimidad, Paula Baker, del Consejo municipal de Basingstoke y Deane, acogió con satisfacción las propuestas de la Comisión señalando que el traslado ilícito tenía nefastas consecuencias medioambientales y sociales para los países receptores, al tiempo que frenaba los esfuerzos de reciclado de la UE: «Cuando ustedes ven el impacto que puede tener el traslado ilegal de residuos en las comunidades y países, no tienen más remedio que sentirse indignados. Simplemente hemos de hacer todo lo posible para ponerle fin. Dar pasos concretos para actualizar y reforzar el Reglamento de la UE actualmente en vigor es un paso positivo hacia adelante».

El Comité sostiene que el actual Reglamento es insuficiente y resulta anticuado, ya que no ofrece explicación alguna sobre cómo deben realizarse las inspecciones. Como el traslado de residuos es una actividad internacional, sin una correcta ejecución y unas mediciones normalizadas en toda la UE es difícil garantizar la coherencia, y algunos Estados miembros se han quedado rezagados. El Comité apoya la propuesta de la Comisión de introducir una definición de contenido obligatorio para toda la UE, y desea que se fijen objetivos mensurables en toda la Unión para garantizar que las autoridades pueden analizar el impacto de sus planes de inspección.

También comparte la preocupación de que dar a conocer los planes de inspección podría ser contraproducente y, en realidad, ayudar a las personas implicadas en las actividades ilegales de traslado de residuos. En su lugar, el Comité sugiere que se publiquen solamente unas orientaciones estratégicas en vez de la información disponible a nivel operativo. Para mejorar los esfuerzos de coordinación y el cumplimiento, el Comité propone la creación de una «ventanilla única» que ponga todas las inspecciones a disposición de las autoridades relevantes. Es también crucial que los entes locales y regionales participen en su diseño.

Los entes locales y regionales deberían también poder solicitar justificantes sobre el destino final de los residuos trasladados, y también sugiere que se haga pública la información sobre el destino final. La introducción de un sistema de datos normalizado en toda la Unión para las autoridades públicas también mejoraría los controles, estimándose que, de esta manera, en la UE las empresas podrían ahorrarse hasta 40 millones de euros al año en costes administrativos. El Comité solicita asimismo la puesta en marcha de una plataforma donde los Estados miembros y las autoridades públicas puedan compartir las mejores prácticas en materia de planificación y gestión de los traslados de residuos. Para aumentar la cantidad y la calidad de las inspecciones, la UE debería garantizar que la Red de la Unión Europea para la aplicación y ejecución de la legislación medioambiental (IMPEL) -una ONG que supervisa la aplicación y ejecución de la legislación sobre medio ambiente- reciba una financiación suficiente.