El 17 de abril recibo una llamada telefónica del Secretario General del CFEME, donde me comunica que el contenido de mi artículo no es aceptable para su newsletter (quizá deberían decir «boletín» en español). El ME dice defender «una Europa democrática, garante de los derechos humanos y de las libertades». La llamada que recibí el 17 de abril es una prueba de que no siempre es así. Al menos, en lo que se refiere –muy precisamente- a la libertad de expresión.

*Paco Audije forma parte del Comité Director (Steering Committee) de la Federación Europea de Periodistas.

Europa: la libertad de expresión, entre la hipocresía y la rutina

La libertad de expresión es un derecho asumido en la Unión Europea. Pero esa asunción es apenas una idea anclada en nuestra rutina mental. Apenas consideramos las dificultades con las que tropieza su práctica efectiva. En el primer trimestre de 2015, por ejemplo, más de un tercio de los periodistas asesinados en el mundo lo han sido en dos países europeos (Francia y Ucrania).

De modo que las reacciones, en su mayoría muy emocionales, que vivió Europa tras los asesinatos de Charlie Hebdo fueron un revulsivo, sí, pero dieron lugar a situaciones equívocas; sobre todo por la presencia de jefes de Estado o de Gobierno en la multitudinaria manifestación de París.

Al ver a Angela Merkel -ejemplo menor- alguien recordó que Alemania conserva la blasfemia como delito, lo mismo que Dinamarca, España, Holanda, Polonia y Grecia. Todos esos países europeos se defienden diciendo que no aplican sus legislaciones contra los «blasfemos». No parece buen argumento para oponerse al bloque (Arabia Saudí, Irán, varios países asiáticos) que desde hace años intenta –peligrosamente- convertir la blasfemia en delito universal reconocido por la ONU. En Irlanda, cuya primera ministra, Enda Kenny, estuvo también en París, no sólo se mantiene una mención constitucional específica, sino que en 2010 entró en vigor una nueva ley contra la blasfemia.

En París, por supuesto, estaba Mariano Rajoy, cuyo gobierno promueve ciertos pasos atrás del Código Penal, al tiempo que ampara el uso partidista de las radiotelevisiones públicas en España. El Instituto de Prensa Internacional, en su informe más reciente, señala que esas «nuevas normas jurídicas potencialmente restrictivas, incluyendo la Ley de Seguridad Ciudadana» restringen la libertad de expresión.

¿Y qué hacía en París Viktor Orban? El presidente de Hungría ha reunificado los medios públicos húngaros para mejor someterlos después a su propio partido. Orban, aunque dirigente de un país de la UE, imita el modelo de Vladimir Putin en Rusia, donde ya no se ordena el cierre del Museo y Centro Andrei Sajarov, como en los viejos tiempos, sino que se le impone una multa de 300.000 rublos (unos 5000 euros) por no cumplir la obligación de registrarse como «agente extranjero». En ese modelo experimental, un día se anuncia el registro obligatorio para los blogueros (Turquía, Hungría) y otro una ley contra las ONG que puedan resultar «poco patrióticas» (Rusia, Hungría).

En París, desde luego, estaba Ahmet Davutoglu, primer ministro de Turquía, quien se atrevió después a señalar la «provocación» de las víctimas de Charlie Hebdo por su edición posterior al atentado. Hablamos de un país candidato a la UE donde las condenas a prisión de los periodistas se cuentan por docenas (han llegado a sobrepasar el centenar); y donde se ordenó el bloqueo de varios sitios de internet y del diario Cumhuriyet, por atreverse a reproducir algunas caricaturas de Charlie.

Justo tras los supervivientes de Charlie, en aquella histórica «marche républicaine», íbamos varios representantes de los periodistas europeos con una pancarta: «Nous sommes Charlie». Junto a mí caminaba, Franco Siddi, de la Federazione Nazionale della Stampa de Italia. Allí ya me habló de otro problema. El 23 de marzo nos convocaba en Milán a varios colegas, y a una representante de la OSCE, para debatir con los colegas italianos la prevista reforma de la ley italiana contra la difamación. El Tribunal Europeo ha pedido a Italia que suprima la cárcel en las penas por difamación. En España, esa posibilidad sigue abierta, aunque la jurisprudencia haga prevalecer sistemáticamente la libertad de expresión sobre las demandas de los querellantes. En Italia, sucede lo mismo; pero no quieren ignorar que -en 2014- hubo allí 462 periodistas amenazados por los supuestos difamados. Y si la propuesta que se abre paso tiende a eliminar la pena de prisión, aumenta las hipotéticas multas. Gabriele Dossena, periodista lombardo, nos recuerda otros proyectos restrictivos anteriores: «Da vent'anni si tenta di porre il freno al diritto di cronaca». Berlusconi planteó cambios legales para frenar las informaciones financieras o judiciales que perjudicaban su figura política o sus negocios personales.

Desde las Torres Gemelas, pero también antes en otras ocasiones, como en el Reino Unido durante los años más duros del conflicto de Irlanda del Norte, existe un reflejo habitual que consiste en aprobar leyes «urgentes» con pretextos de seguridad. El modelo actual es la Patriot Act estadounidense, de la que se habla últimamente en Francia. En el Reino Unido y España, se discute lo que los activistas pro libertad de expresión denuncian como «leyes mordaza».

En Macedonia, la condena a dos años de cárcel del periodista de investigación Tomislav Kezarovski es un aviso para países del Este europeo aún inseguros del camino a seguir. Gvozden Srećko Flego, relator del Consejo de Europa, ha citado en un informe los casos de Rusia, Ucrania, Turquía y Azerbaiyán como especialmente preocupantes. Como antídoto medicinal, él preconiza «organizar debates anuales (...,) con la participación de las organizaciones de periodistas y de los medios» en los respectivos parlamentos nacionales de cada Estado. También avanza la idea, que asumen ya otras instancias internacionales: crear una «Media Identity Card», en la que los propietarios de los medios tengan que identificarse como tales ante la opinión pública. Una propuesta que nos sugiere el problema (o tabú) de la concentración mediática, uno de los frenos más serios al pluralismo. Para la libertad de expresión, es tan grave como el espionaje habitual de las comunicaciones denunciado por Snowden.

En París, Le Nouvel Observateur resaltaba la presencia contradictoria de los dirigentes de Egipto, Arabia Saudí, Gabón, Jordania, Rusia, Israel y Palestina, todos con muescas de orgullo por haber golpeado en su propio ámbito a los defensores de la libertad de expresión.

Y si no hay que igualarlos a todos, ni a los europeos entre sí, defender la libertad de expresión como valor europeo implica que quizá no nos podemos permitir manifestarnos demasiado con quienes Le Nouvel Obs llamó «hipócritas de la marcha republicana». En lo relativo a la libertad de expresión, Europa tiene que marcar distancias tanto con esos «hipócritas» (más o menos lejanos) como con algunas de nuestras propias rutinas mentales. Ninguna alerta es menor en este siglo XXI.