«Eurostat pretende aclarar sin demora si este ajuste en las comunidades autónomas puede considerarse exhaustivo», ha dicho un portavoz de la Comisión Europea. Los técnicos vendrán la semana que viene y estudiarán las cuentas en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No ha habido más comentarios desde Bruselas, pero la Comisión ya se quejó a principios de año de los continuos cambios en la cifra del déficit español. En noviembre de 2011, el anterior gobierno socialista todavía aseguraba que se cumpliría el objetivo del 6% inicialmente previsto. El gobierno del PP, después de tomar posesión en diciembre, previó que el déficit llegaría al 8% y semanas después rectificó y anunció un 8,5%, cifra que certificó Eurostat en abril.

Sobre esa previsión, la Comisión Europea y los países de la eurozona aceptaron en marzo que España ampliara su margen de reducción de déficit este año hasta el 5,3%, en lugar del 4% acordado previamente, tras reconocer que la realidad económica de España había cambiado.

El INE, sin embargo, comunicó a Eurostat el 17 de mayo que «había algunos gastos realizados en 2011 por las comunidades autónomas que no se incluyeron en la información básica requerida», lo que quería decir que el déficit español de 2011 debía revisarse al alza en 0,4 puntos, hasta el 8,9%.

«Se ha identificado de una manera más correcta el déficit de las comunidades autónomas gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una auténtica circularización de deudas pendientes. La desviación se debe fundamentalmente al aumento del déficit de la Comunidad de Madrid y de Valencia y, en menor medida, a Andalucía y Castilla-León». Es la explicación que se ha dado a Eurostat.

A pesar del aumento, el gobierno español ha asegurado que mantiene sus previsiones de reducción según lo pactado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el ajuste en España «compensará» las desviaciones de las regiones, que proceden de ejercicios anteriores, y que lo importante es que estén en la línea del gobierno central para»recuperar la confianza».

En clave de política interna, el hecho de que los desvíos presupuestarios conocidos ahora provengan de dos comunidades gobernadas por el PP ha provocado una dura reacción del PSOE, hasta ahora objeto de críticas populares a propósito de la «herencia recibida» por el gobierno.