La idea de la operación militar apareció por primera vez en una propuesta de Italia, presentada el 24 de octubre, en la que sugería medidas extraordinarias tras la tragedia en Lampedusa, cuando un barco que había zarpado de Libia el 3 de ese mes se hundió antes de alcanzar la isla. Murieron 360 inmigrantes.

El accidente causó gran impacto en toda Europa y motivó un debate en la sociedad civil sobre el coste humano de las políticas migratorias de la UE. Pero muchos líderes del bloque, en cambio, vieron la catástrofe como una razón más para militarizar las fronteras.

El viceportavoz del SEAE, Sebastien Brabant, nos dijo en una entrevista por correo electrónico que, después de la tragedia, «se creó el 'Grupo de Tareas del Mediterráneo' para que presentara propuestas para una acción inmediata de la UE».

De allí emergió la idea de acudir a la Política de Seguridad y de Defensa Común (PSDC), en el documento con fecha del 19 de noviembre.

La propuesta incluye opciones para la interceptación de movimientos de poblaciones hacia Europa, incluyendo una operación marítima independiente o la puesta en funcionamiento de medidas extra en el marco de los operativos ya en marcha de Frontex (agencia de gestión de fronteras de la UE) en la región.

Todas las opciones le confieren un papel central a la PSDC, instrumento clave de Europa para afrontar crisis de seguridad internacionales.

La idea de usar la PSDC como plataforma para afrontar movimientos de población en casos de desestabilización de países del Mediterráneo coincide con un debate sobre el futuro de ese instrumento.

El SEAE formalizará su propuesta ante los 28 jefes de Estado y de gobierno de la UE, cuando a fines de mes se reúna el Consejo Europeo para discutir cómo mejorar la defensa, fortalecer la industria militar y asegurar una mayor efectividad, visibilidad e impacto de la PSDC.

La iniciativa ha generado ya inquietud. El alemán Andrej Hunko, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (organización extracomunitaria), alerta de que «una mayor militarización de la vigilancia fronteriza hará que los cruces migratorios sean más peligrosos y causen más muertes».

«El SEAE confirma esto. El inhumano y frecuentemente criticado enfoque adoptado por la policía fronteriza de la UE, Frontex, está siendo reforzado», añade.

Mientras, Frontex se dispone a actualizar su operación conjunta Hermes, lanzada para controlar el flujo migratorio ilegal desde Túnez hacia el sur de Italia, principalmente a Lampedusa, en la provincia de Sicilia, y la isla de Cerdeña.

También tiene previsto mejorar la estrategia del programa AENEAS, destinado al combate a la inmigración ilegal desde Turquía y Egipto, pasando por el mar Jónico, hasta Italia, principalmente las regiones suroccidentales de Apulia y Calabria.

Asimismo, Italia lanzó su propia operación de patrulla denominada Mare Nostrum, coordinada por las fuerzas armadas.

Además, un documento interno europeo emitido el 18 de abril demuestra la grave preocupación de los líderes del bloque ante la posibilidad de que Libia colapse en una guerra sectaria.

El documento es el proyecto para formar la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM, por sus siglas en inglés) integrada por civiles y destinada a colaborar en la creación y entrenamiento de una nueva guardia marítima y territorial libia. La EUBAM, aún en preparación, es una misión enmarcada en la PSDC.

EUobserver informaba el 18 de noviembre de que en el documento se indica que esa misión «civil» de hecho está diseñada para entrenar también a «fuerzas paramilitares, en medio de un más amplio esfuerzo europeo y de Estados Unidos por impedir que Libia se convierta en un 'estado fallido'».

La militarización del Mediterráneo central complementaría restricciones anteriores impuestas en la parte sudoriental del mar.

En la primavera de 2012, Grecia adoptó severas políticas de control, que incluían el despliegue de fuerzas de seguridad en sus fronteras, la construcción de una valla a lo largo de su límite territorial con Turquía y la detención de inmigrantes irregulares hasta 18 meses.

Como resultado, los flujos migratorios adoptaron nuevas rutas a través de los Balcanes occidentales o revivieron otras más antiguas en Egipto, Libia y Túnez.

Mientras, España inició CLOSEYE, multimillonario proyecto de control fronterizo europeo que utilizará aviones no tripulados (drones) y otros medios de vigilancia en el sudoeste del Mediterráneo.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, financia muchas de estas operaciones y no ha adoptado medidas efectivas para controlar que los estados miembros no violen los derechos de los refugiados. Por ejemplo, el principio de no devolución de refugiados ha sido ignorado constantemente.

Martin Lemberg-Pedersen, profesor asistente en el Centro para Estudios Avanzados sobre Migración de la Universidad de Copenhague y experto en seguridad y política inmigratoria europea, se pregunta por qué el SEAE todavía promueve estas opciones.

«Dos razones vienen a mi mente», nos dice. «La primera, es que la Primavera Árabe trajo consigo la caída de dictadores que hasta ese punto eran aliados clave financiados por la UE para contener a emigrantes subsaharianos y de Medio Oriente».

Desde entonces, «parece que la UE busca establecer sistemas similares de control», señala. «En segundo lugar, es importante fijarse en el momento en que el SEAE hace las propuestas: se presentan justo cuando el nuevo sistema de vigilancia (fronterizo) Eurosur estaba a punto de hacerse operacional».

El sistema, «desarrollado en estrecha cooperación con la industria armamentista europea, subraya exactamente las mismas metas incluidas en las opciones del SEAE», añade. Eurosur, que entró en funcionamiento este lunes 2, le confiere un papel clave a Frontex en la creación de una coordinación de control fronterizo.

En su primera fase funcionará en 18 Estados miembros, y procurará ir incrementando el intercambio de información de inteligencia, mejorar el conocimiento de la situación, aumentar la capacidad de vigilancia y de las misiones de búsqueda y rescate, e integrar sistemas de seguridad de aplicación de leyes en terceros países.