Análisis de Daniela Pastrana
«El ejército ha optado por rafaguear (ametrallar) al pueblo», sentencia en una emisora de radio el portavoz de las irregulares Autodefensas de Michoacán, Estanislao Beltrán, tras el intento de desarme de estos grupos en ese estado de México, que se ha saldado con, al menos, dos muertos. Los fallecidos confirmados son Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años, y Mario Pérez, de 56, ambos jornaleros y oriundos del pueblo de Antúnez, que acudieron a cerrar el paso a los militares, junto con otros pobladores, ante el intento las fuerzas militares de desarmarlos. Iban desarmados. Algunas fuentes elevan la cifra de muertos a cuatro.
Michoacán vive una suerte de guerra civil que no vislumbra una pronta salida. En febrero de 2013, pobladores de varios municipios de una región conocida como Tierra Caliente se levantaron en armas para defenderse del cártel del tráfico de drogas de Los Caballeros Templarios.
Tierra Caliente es una región agrícola donde se da la mayor producción mundial de aguacate. Cuenta con minas de minerales metálicos y no metálicos y en su costa del Pacífico se ubica el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, el tercero más importante de México.
Los Templarios son la segunda generación de otro cártel, La Familia, que surgió durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y que inicialmente se presentó como un grupo «protector» de los michoacanos, asolados entonces por el cártel de los Zetas.
En poco tiempo, sin embargo, los integrantes del grupo criminal olvidaron ese propósito y empezaron a secuestrar y extorsionar empresarios, ganaderos y agricultores. Su control en la entidad era tal que ni gigantes trasnacionales como Sabritas, filial de la estadounidense Pepsico, se salvaron de sus ataques y extorsiones.
La situación llegó al límite cuando comenzaron a cometer abusos sexuales. «Llegaban a tu casa y decían: 'Me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo'», narra el médico José Manuel Mireles, fundador y líder de las autodefensas, en una entrevista con la agencia independiente SubVersiones. Mireles convalece en la ciudad de México, después de que el 4 de enero la avioneta que lo transportaba a su comunidad, tras un encuentro con autoridades federales, tuvo un accidente y cayó por causas aún no aclaradas.
Durante los últimos meses, y con el aval de las autoridades federales, según los testimonios de los propios dirigentes, las autodefensas fueron tomando control de los municipios de Tierra Caliente y, poco a poco, cercaron Apatzingán, una ciudad de 100.000 habitantes y núcleo urbano de Los Templarios. Arrinconados, hicieron arder la región quemando alcaldías y autobuses. Pero, en lugar de desarticularlos, el gobierno de Enrique Peña Nieto mandó al ejército a desarmar a las autodefensas, que antes había dejado crecer durante meses.
El argumento es que son grupos ilegales, pues en México ningún ciudadano puede portar un arma de calibre superior a nueve milímetros. El gobierno ha filtrado información relacionada con un posible vínculo entre las autodefensas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, una escisión del de Sinaloa dirigida por el capo Joaquín Guzmán Loera.
Según el gobierno federal, este grupo ha tratado de apoderarse de las rutas de producción y tráfico de drogas sintéticas en Michoacán. Los dirigentes de las autodefensas niegan cualquier vínculo con grupos criminales y se sienten traicionados por el gobierno federal, que antes los apoyaba. «Hay un cambio de discurso en el gobierno. Los apoyaban, evidentemente, iban con ellos. Y algo pasó que ahora mandaron a los militares a desarmarlos y a matar civiles», explica la reportera Alejandra Guillén, que ha estudiado profundamente el fenómeno de las autodefensas en las zonas indígenas de Michoacán.
Para expertos en seguridad, como Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, lo que ocurre en ese estado es resultado de la estrategia equivocada «de gobernar con el miedo» que aplicó Calderón. El propio ministro de Gobernación (Interior), Miguel Osorio Chong, reconoció que la situación actual de Michoacán es consecuencia de una década en que se incubó la violencia. En su último informe, que incluye un análisis de Los Templarios, la consultora estadunidense Stratford afirmaba que, pese a la muerte de capos del narcotráfico, la violencia seguirá siendo una «amenaza importante» en México.
Pero el problema es mayor. Michoacán tiene una sociedad que aprendió desde hace décadas a convivir con el narcotráfico y, en muchos casos, a vivir de él. «Ninguna de las categorías de análisis nos sirven para entender Michoacán. No hay buenos o malos, sino una sociedad muy vinculada al fenómeno del narco, que no lo ve mal, hasta que empezó la guerra por el control de los territorios. No podemos olvidar que la región ha sido una zona de producción (de droga) durante muchos años», explica Guillén. «Y otra cosa importante es que no se trata de armarse y ya. Necesitan una base social».
No es un tema menor. Servando Gómez, uno de los fundadores de Los Templarios, fue profesor de una escuela pública de primaria en el municipio michoacano de Arteaga y, hasta 2009, cobró regularmente su sueldo de maestro. Igualmente, hasta principios de 2013, cuando cambió el estetoscopio por un rifle de asalto, Mireles atendía enfermos en el pequeño hospital público de Tepalcatepec.
A mediados de 2009, el capo Gómez, más conocido como La Tuta, llamó a un programa radiofónico para solicitar un pacto al presidente Felipe Calderón y aseguró que la organización estaría dispuesta a desaparecer si las autoridades garantizaban la seguridad en su territorio, y les defendían de carteles rivales. «Somos un mal necesario. Entiéndalo por favor, el día que yo fallezca van a poner a otro en mi lugar y así se va a ir, esto nunca se va a acabar», dijo. Calderón rechazó la propuesta y, en respuesta, mandó operativos al estado, con pobres resultados, salvo por las bajas de decenas de policías y soldados emboscados.
Ahora, la tensión de Michoacán se extiende a estados vecinos, como Colima, Querétaro y Guerrero, donde también hay autodefensas. En total, hay 36 grupos de este tipo, en ocho de los 31 estados mexicano. En los últimos días, los ciudadanos de Tierra Caliente han visto los servicios restringidos, abasto limitado, carreteras cerradas, alcaldías quemadas y civiles asesinados por el ejército.
El gobierno federal ha lanzado un operativo especial en Michoacán y asegura que no permitirá actuar a las autodefensas, que a su vez se resisten a entregar las armas si antes no se detiene o elimina a los principales líderes de Los Templarios. Aseguran que, de lo contrario, los narcotraficantes los masacrarán. Beltrán lanzó un desafío ante los micrófonos de Radio Nacional, «nosotros jamás vamos a dejar las armas o a sentarnos a negociar hasta que no detengan a los líderes criminales».
