Nils Muižnieks, que ha visitado durante 4 días España para conocer de primera mano los efectos de la crisis, ha mostrado su preocupación por la pobreza infantil y ha «aplaudido» las medidas aplicadas por algunas comunidades autónomas, como Andalucía, para facilitar la alimentación a los escolares. El comisario ha alertado que el 30% de los niños están en riesgo de pobreza. «He escuchado con preocupación historias de niños que se desmayan en clase porque no han comido, que acuden dos y tres semanas con la misma ropa al colegio o que están en una situación de vulnerabilidad tras un desahucio». Aun así ha felicitado a las autoridades españolas, por el hecho de que no ha constatado niños trabajando para ayudar a sus familias como ocurre en Portugal.

Muižnieks ha elogiado la labor de la sociedad civil para evitar que las personas con discapacidad vean mermados sus derechos durante la crisis. «En la última década se ha avanzado en los derechos de las personas con discpacidad, sin embargo los recortes presupuestarios tienen un impacto cada vez más negativo sobre el acceso a los servicios públicos de estas personas y reduce su autonomía».

Otro de los ámbitos que ha investigado el Comisario, son las denuncias por malos tratos policiales y se ha mostrado preocupado ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en distintas protestas contra la crisis y los recortes. Ha pedido precaución a la hora de utilizar material antidisturbios como pelotas de goma o porras extensibles. El responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha destacado como un hecho positivo que «la policía nacional haga más fácil la identificación de los agentes durante las manifestaciones. Esta medida debe aplicarse rigurosamente». Si ha pedido al gobierno español, que «debe terminar la práctica de conceder indultos a policías y funcionarios» que están encargados de hacer cumplir la ley y «han sido declarados culpables de violaciones de los derechos humanos».

El comisario se ha sorprendido porque "España es un país sumamente descentralizado en el que el Gobierno central tiene pocas herramientas, a parte de la coordinación de las comunidades autónomas", y de que las administraciones tengan la asistencia a los colectivos vulnerables muy "externalizada" a ONG, asociaciones y fundaciones, lo que significa que hay "un gobierno que simplemente está dando dinero a otros para que hagan su trabajo". La descentralización lleva al gobierno central a que las competencias para mitigar las necesidades de los menores en la escuela "estén en manos de las comunidades autónomas" y ha dicho que le había llamado la atención que de un presupuesto global de Educación situado en 50.000 millones de euros en España "el Estado sólo destine 2.500 millones".

Muižnieks también se ha mostrado preocupado por la falta de claridad en los cambios previstos en materia de educación para la ciudadanía. «La educación debe desarrollar generaciones de ciudadanos activos y responsables en una sociedad democrática». "Existe un riesgo cierto de que al repartir estos contenidos en varias materias (como prevé el Ejecutivo) se diluya el mensaje". Para el comisario debe priorizarse la formación de niños y adolescentes en derechos humanos y cívicos para fomentar la participación ciudadana en el futuro. Ha señalado que en contra de las acusaciones de "ideologización", por parte del gobierno, en su opinión "no existen evidencias", y ha abogado por la necesidad de que se hagan investigaciones y análisis exhaustivos para determinar si hay o no ideologización.

Durante su visita a España, Muižnieks se ha reunido con ministros, máximos responsables policiales, organizaciones no gubernamentales y la Defensora del Pueblo. A finales de septiembre presentará el informe definitivo sobre las carencias de España en materia de Derechos Humanos y se iniciará un proceso de seguimiento que culminará con una visita dentro de dos años.

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