La mayoría de los Estados miembros han sido favorables a adoptar medidas de seguridad comunes pero no llegarán a un acuerdo hasta el próximo viernes en el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. Los Veintisiete han estado de acuerdo también en que sería bueno extender estas evaluaciones de seguridad a los países vecinos con instalaciones nucleares como Suiza, Turquía, Armenia y Ucrania.
El comisario de Energía, Günther Oettinger, ha dejado patente las «grandes disparidades de opinión» que hay entre los veintisiete sobre el futuro de la energía nuclear en Europa, pero también en que todos están de acuerdo en la necesidad de emplear los máximos criterios para mejorar la seguridad. Oettinger, se ha reafirmado en su postura de definir la situación de Fukushima como «apocalíptica» pese a los reproches de sus colegas de Industria. «Un fenómeno que causa más de ocho mil muertos y casi 13.000 desaparecidos es claramente catastrófico» ha dicho.
Catorce de los veintisiete Estados miembros de la UE tienen centrales nucleares, con un total de 143 reactores, Francia, el país que más depende de las nucleares tiene 58 reactores, le siguen Reino Unido con 19 y Alemania con 17. Otros están en el extremo opuesto, en Austria la Constitución prohibe el uso de la energía nuclear.
Los franceses son los más partidarios de esta forma de energía. Una encuesta reciente muestra que aunque siete de cada diez entrevistados creen que en su país podría ocurrir un accidente semejante al de Fukushima, el 62% confía en la empresa que gestiona la seguridad nuclear. Fue el único país en mantener sus planes energéticos tras el desastre de Chernóbil en 1986.
En la reunión de este lunes en Bruselas, en la que también se han examinado las consecuencias que las crisis de Japón y Libia provocarán en el suministro de gas y petróleo a la UE y al mercado energético internacional, el ministro español de energía, Miguel Sebastián ha propuesto la revisión del fin de las ayudas al carbón y potenciar las energías renovables con más ayudas europeas, incentivos fiscales coordinados y objetivos vinculantes después de 2020 que den seguridad a las inversiones.