España debe poner el empleo al mismo nivel de relevancia que el resto de objetivos macroeconómicos. «No habrá recuperación económica a menos que se reanude el crédito a las PYME», dice el «Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2013: Reparando el tejido económico y social» de la OIT.

Se refiere a los cambios introducidos por el gobierno para flexibilizar los salarios y dice que en estas circunstancias supone un riesgo añadido de «deprimir aún más la demanda agregada y el empleo, dificultando en último término el ajuste fiscal e incrementando la pobreza». Añade que los cambios legales introducidos adolecen de medidas de apoyo adicionales para los desempleados.

En España, en el primer trimestre de 2013 el paro fue ligeramente inferior al del primer trimestre de 2003, 16,9 millones de personas, mientras que la población activa creció desde 19,2 millones de personas en 2003 a 22,8 millones en 2013 (según datos del Instituto Nacional de Estadística que recoge el informe). Un 22,1 por ciento de los trabajadores tiene un contrato temporal, una de las tasas más elevadas de la UE.

El número de personas que viven en hogares en los que no hay ningún ingreso es de 1,45 millones, mil personas más que en el primer trimestre de 2007. La distribución de la renta es cada vez más desigual y es uno de los países en los que el descontento social entre 2010 y 2012 ha aumentado más junto con Chipre, República Checa, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia.

En cuanto a la UE y a otras grandes economías seguirá creciendo el paro y no se recuperará el empleo al nivel anterior a la crisis probablemente hasta 2018.

El riesgo de disturbios sociales en la UE ha aumentado del 34 por ciento en 2006-2007 al 46 por ciento en 2011-2012, aunque hay que excluir a siete Estados miembros donde incluso ha decrecido desde 2010, Bélgica, Alemania, Finlandia, Eslovaquia y Suecia.

Ha crecido también en Rusia y en los países de la antigua Unión Soviética, en el sur de Asia y en las economía avanzadas de fuera de la UE. Sin embargo se ha reducido en Latinoamérica y el Caribe, regiones en las que los gobiernos han llevado a cabo políticas de fomento del empleo, en las economías emergentes de África subsahariana y en el este y sudeste de Asia y Pacífico.

Las políticas de austeridad que han puesto en práctica los gobiernos han llevado a un aumento de las desigualdades salariales, las rentas de las clases medias han caído y los que siempre han ganado más lo han seguido haciendo.

El margen de beneficio de las grandes empresas es el mismo que tenían antes de que estallara la crisis, pero en lugar de invertirlo en la economía real, «han canalizado a menudo los mayores ingresos hacia grupos todavía más grandes».

La UE representó sólo el 13,6 por ciento de la inversión mundial en 2012, en comparación con el 23,4 por ciento en 2000. Las empresas deben afrontar también una considerable incertidumbre económica, un sistema financiero sin reparar y una persistente debilidad de la demanda agregada que está afectando sus decisiones en materia de empleo e inversiones. En particular, las empresas más pequeñas que dependen de intermediarios, como los bancos, para financiarse siguen sin conseguir crédito.

En enero 2013, el 14por ciento de las PYME en la zona del euro informaron sobre mayores restricciones de los criterios de concesión de créditos en comparación con el 11 por ciento en octubre de 2012.

La OIT recomienda que se fomente la creación de empleo con subsidios para los salarios y desgravaciones fiscales que permitan mantener a los trabajadores vinculados al mercado laboral. Da un ejemplo no muy lejano «el programa de repartición del trabajo de Alemania (Kurzarbeit), que permite el ajuste de las horas de trabajo gracias al apoyo del Gobierno. Otro ejemplo de éxito es el sistema de desempleo parcial de Bélgica, que permite la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la introducción del trabajo a tiempo parcial por razones económicas. Este sistema se reforzó en 2009 para ayudar a las empresas y reducir los despidos durante la crisis», dice el informe.

Se refiere a la garantía juvenil de la UE como uno de los recursos para atajar el paro de los jóvenes y al diálogo social como uno de los factores necesarios para asegurar una estrategia positiva.