El ejecutivo italiano ha aprobado el nuevo paquete de recortes en forma de decreto ley, eso significa que podrá entrar en vigor inmediatamente aunque después deberá ser aprobado por el Parlamento en el plazo de 60 días o expirará.

Entre las medidas aprobadas está un recorte del 20 por ciento de los cargos directivos de la Administración Pública y del 10 por ciento en el resto de niveles. La reducción de puestos de trabajo en la Administración no prevé muchos despidos aunque se congelarán las contrataciones. Algunos empleados podrán ser enviados a casa durante dos años con un 80 por ciento del sueldo para evitar despidos y jubilaciones anticipadas. También prevé la reducción del número de provincias que pasará de 110 a 50 a través de uniones y fusiones.

Se recortan los gastos en los Ministerios y se endurece la normativa para la compra de bienes y servicios por parte de la Administración. Se limita el gasto en coches oficiales hasta en un 50 por ciento del que se hizo en 2011. Recorta la financiación a las autoridades locales

Se fija también, una reducción no inferior al 10 por ciento en el organigrama de las Fuerzas Armadas. En Sanidad, además de la reducción en la compra de bienes y servicios se rebaja el gasto farmacéutico.

En rueda de prensa posterior al Consejo, el primer ministro italiano, Mario Monti, ha explicado que el ahorro que ha previsto con estos recortes será de 4.500 millones de euros para la segunda mitad de 2012, de 10.500 millones de euros para 2013 y de 11.000 millones de euros para 2014. De esta manera Monti, que está en uno de los momentos más bajos de su popularidad desde que llegó al gobierno en noviembre, evita la subida del IVA. El aumento en dos puntos, hasta el 23 por ciento, del impuesto estaba prevista para este octubre.

Toda la semana ha estado plagada de rumores de que Italia no podrá reducir su déficit presupuestario que en el primer trimestre de este año se ha situado en el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), el más alto desde 2009.

Los sindicatos, que se oponen a la reforma laboral que Monti ha aprobado el mes pasado, están en contra de la reducción de los recortes en el empleo del sector público y han amenazado con una huelga general.