Primavera del año 2000. «Este pozo es nuestro. Esta agua es nuestra. Es el agua para nuestros hijos. Venden nuestros pozos y nuestros lagos y se quieren quedar también la lluvia». La privatización del suministro del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba ocasionó una revuelta popular que provocó la expulsión de la multinacional Bechtel y la vuelta al municipio del suministro. Costó varias muertes. La guerra del agua de Cochabamba, que inspiró incluso guiones cinematográficos, es todavía hoy un ejemplo paradigmático cuando se habla de la gestión del agua.

28 de junio de 2010. La Asamblea General de Naciones Unidas, auspiciada precisamente por Bolivia, aprobó el derecho humano al agua y al saneamiento. La Resolución 64/292 afirma que ambos «son esenciales para la realización de todos los derechos humanos» y exhorta «a los Estados y a las organizaciones internacionales a intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y al saneamiento».

Nadie votó en contra aunque hubo 41 abstenciones, ninguna con acento latinoamericano pero entre ellas las de 16 países europeos (Austria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, y Reino Unido).

El derecho humano al agua «no ha sido reconocido oficialmente en la legislación de la Unión Europea. Las políticas europeas todavía hablan con frecuencia del acceso al agua pero no sobre el derecho al agua. La diferencia entre la caridad y el derecho debe ser enfatizada, pues muchas veces el énfasis y la traducción política se inclinan por la primera», explica la directora de Asuntos Europeos de Food and Water, Gabriella Zanzanaini.

22 de marzo de 2013. Casualidad o estrategia, la ola privatizadora que recorrió América Latina en los años del cambio de siglo transita ahora por Europa: en España, más del 46 por ciento de la población está bajo un suministro privado; en Italia, 27 millones de personas votaron en referéndum contra la privatización y solamente el municipio de Nápoles ha cedido al clamor popular; en Grecia, los requisitos del rescate incluyen la privatización total de los servicios de agua de Atenas y Tesalónica, ciudad esta última en la que la 'Iniciativa 136' trabaja para la adquisición de la compañía pública por parte de la ciudadanía... Los ejemplos brotan a la par que la resistencia ciudadana cobra fuerza.

Desde octubre del pasado año, una campaña de ámbito europeo recoge firmas por todo el continente, con el objetivo de presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) ante la Comisión Europea a favor del derecho humano al agua. Rozan los 1,3 millones de firmas por internet, a los que habría que sumar aquellas recogidas en papel. Superado el número mínimo de rúbricas para que sean aceptadas, ahora resta lograr las cuotas por país, hasta un mínimo de siete. Y van cinco: Alemania, Eslovenia, Eslovaquia, Bélgica y Austria.

La iniciativa fue puesta en marcha por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y busca poner los derechos humanos por encima de los intereses comerciales. «El agua, como monopolio natural, debe mantenerse al margen de las normas del mercado interior», reza una de sus comunicaciones, que enfatiza el 'no' a la liberalización de los servicios de agua y saneamiento.

«Tiene que haber una gestión diferente. Pública. Que el agua sea tratada como bien común porque es responsabilidad de todos. No puede ser que los entes privados sean los dueños del agua, que los accionistas tomen decisiones sobre el desarrollo de la sociedad», explica, al otro lado del teléfono desde Bruselas, el responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la Federación, Pablo Sánchez.

Precisamente esta semana, se espera una gran movilización a favor de la iniciativa. Sánchez acaba de llegar de Lituania y sus próximos destinos son Inglaterra y Grecia. «Ha habido una explosión de recogida de firmas desde enero, y al mes vamos sumando una media de 350.000. Funciona por el eco mediático. Esta semana vamos a estar en todos lados», explica. Echar un vistazo a la web es una muestra de cómo el vaso se va llenando de agua.

Un millón de personas sin agua y ocho millones sin saneamiento

«Estamos haciendo más por la ciudadanía europea que la Comisión Europea en veinte años», añade Sánchez con energía. De momento el debate surca la calle: un millón de personas no tiene acceso al agua en Europa y 8 millones carecen de saneamiento; los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud para 2012 subrayan que, en los 53 países de Europa, el 20 por ciento de la población rural no tiene acceso al agua.

Muy crítica se muestra también Zanzanaini: «Creo que si la Comisión Europea estuviera realmente interesada en la opinión de los ciudadanos, si tuviera esa actitud democrática de escucha, hubieran actuado de manera muy diferente con esta Iniciativa como herramienta para involucrar a los ciudadanos. Es un sistema extremadamente complicado de usar, que no da facilidad alguna para que los ciudadanos y los movimientos impacten en las políticas de ámbito europeo. Sin embargo, esto no significa que debamos excluirla, puede ser muy útil para movilizar a personas y para situar el derecho al agua como discusión entre todos los ciudadanos europeos».

1 de noviembre de 2013. Es la fecha límite para la entrega de las rúbricas cosechadas, pero la intención de los organizadores es hacerlo antes: aprovechar las movilizaciones sindicales del 1 de mayo y, a partir de ahí, llevarlas ante la Comisión Europea. «Tendrán que hacer algo», reflexiona a través del teléfono Pablo Sánchez. De momento ya han conseguido ampliar el debate, llegar a más rincones.

«Antes había mucho silencio al respecto de las gestiones, la gente no sabía nada; ésa era la estrategia», explica Pilar Esquinas, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II en Madrid. «Se ha logrado que el tema llegue a los ayuntamientos, a los plenos, que haya adhesiones y eso queda en acta. Lo hemos conseguido meter en la agenda», añade la abogada. «Ojalá que la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua nos dé un mayor poder de negociación cuando el asunto llegue a la Unión Europea y a las políticas nacionales», concluye la directiva de Food and Water.

Remunicipalización versus privatización

«En Chipre lo primero que se va a tocar es el agua», adelanta Pablo Sánchez cuando hace un recorrido a las políticas que se están imponiendo ahora en el continente. El momento es clave, pues mientras «la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) presiona ciegamente por políticas neoliberales, incluyendo la privatización de empresas públicas de agua rentables en Atenas, Tesalónica y Portugal», según apunta Zanzanaini, la remunicipalización está dejando su huella. El ejemplo de vuelta a la gestión pública de Cochabamba (y de otras muchas ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, o africanas como Dar es Salam) está siendo imitado en urbes europeas.

París es el prototipo del que más se habla: el agua de la ciudad del Sena volvió a depender de un operador público el 1 de enero de 2010 y en poco más de un año de funcionamiento se logró bajar las tarifas un 8 por ciento, con un beneficio de 35 millones de euros.

Más al norte, en Berlín, la iniciativa popular Unser Wasser (Nuestra Agua) ganó el referéndum del 13 de febrero de 2011 con 665.235 apoyos. Exigían la divulgación de los contratos de venta, secretos hasta entonces, del 49,90 por ciento del agua de la ciudad. El resultado provocó la retirada de RWE y Veolia de la Berliner Wasserbetriebe (la empresa de aguas de Berlín), aunque desde plataformas como Berliner Wassertisch (Mesa de Agua de Berlín) enfatizan que se trató de una retirada entrecomillada, pues a pesar de que el Estado tiene el 75 por ciento de las acciones «no tiene nada que decir y los beneficios siguen mal distribuidos entre los socios privados».

Las voces a favor del agua pública denuncian que la gestión privada es un «monopolio natural», ya que la competencia sólo es posible durante la primera fase de concurso público, lo que significa competencia por el mercado, no en el mercado. «Luchamos porque el agua tenga una gestión pública municipal, que sea transparente y participativa», recuerda Esquinas, que está involucrada en todas las redes europeas por el agua pública pero ha centrado su lucha en el caso de Madrid, donde hace un año se recogieron 165.860 votos en una consulta popular (el 98,8 por ciento de los que participaron) en contra de la privatización.

Y es que, como se pudo vislumbrar en último Foro Social Europeo celebrado en Florencia en noviembre, el movimiento por el agua como bien común es el más organizado del continente. La Iniciativa Ciudadana Europea es el penúltimo botón de muestra.