«La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos», ha dicho la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que ha añadido que esta ley pretende «reforzar la confianza y la credibilidad de las instituciones españolas».

El anteproyecto de Ley se compone de tres bloques: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.

La publicidad activa, obliga a todas las administraciones a suministrar en sus páginas web la siguiente información: contratos adjudicados, relación de los convenios suscritos por las administraciones, subvenciones y ayudas públicas y presupuestos con toda la descripción pertinente.

También se deberá ofrecer información de las retribuciones que perciban los titulares de puestos superiores y directivos, compatibilidades con actividades privadas y la estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley.

Información pública, es el acceso de los ciudadanos a la documentación pública por medio de preguntas y solicitudes. El plazo para responder será de un mes. No habrá acceso a la información que afecte a la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública o prevención, investigación y sanción de infracciones penales, administrativas o disciplinarias. Tampoco a la información relativa a la Casa Real, porque según la vicepresidenta del Gobierno «no es una administración pública».

El buen gobierno se refiere a los principios éticos y de actuación que deben cumplir todas las administraciones públicas. Su incumplimiento acarreará sanciones graves o muy graves que podrán llegar a la destitución del cargo y a la inhabilitación por un periodo de entre cinco a diez años.

El Gobierno pondrá en funcionamiento en la red un Portal de Transparencia para canalizar las peticiones de información de los ciudadanos y las respuestas por parte de las comunidades y ayuntamientos.

A partir de la publicación del texto del anteproyecto en la página web del ministerio de presidencia el próximo lunes los españoles tendrán 15 días para hacer las aportaciones que consideren convenientes.

Sólo cuatro países en la Unión europea carecen de ley de Transparencia, España, Chipre, Malta y Luxemburgo. El primer país en aprobarla fue Suecia en 1976. En Global Right to Information Rating, se puede encontrar información muy detallada de la ley en los 92 países del mundo que se la han dado. En la web tuderechoasaber.es , un proyecto conjunto de la organización de derechos humanos Access info Europe y la Fundación Ciudadana Civio se encargarán de enviar las solicitudes de los usuarios que se lo soliciten a la administración adecuada, avisar al solicitante de cuando está lista su respuesta y publicarla.