El tribunal penal de Casablanca sentenció en febrero al jeque Abou Naim a un mes de prisión diferida y a una multa equivalente a unos 60 dólares por emitir una fatua (edicto religioso) que ordena matar a Driss Lachgar, secretario general de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y a otros activistas de izquierda.

Lachgar había presidido el 20 de diciembre una reunión de mujeres del partido en la que reclamó revisar las leyes de herencia a fin de establecer un sistema igualitario entre hombres y mujeres.

En un vídeo publicado en YouTube, Naim acusó a Lachgar de impío y apóstata, y llamó públicamente a matarlo. Además, el jeque calificó de «putas» a las mujeres de la USFP.

Para algunos, la sentencia contra Naim es demasiado liviana. Salah El Wadie, líder del movimiento Damir (conciencia), hizo notar que la condena fue por difamación y no por incitación al asesinato.

El escritor Ahmed Assid, descrito como «cerdo» en el vídeo de Naim, dijo a los medios de comunicación que el juicio fue «una farsa».

Terminado el proceso, el debate sobre los derechos de herencia está comenzando

Fatima Ait Ouassi, del movimiento 20 de Febrero que reclama la igualdad de derechos, dice que «ahora es una necesidad que hombres y mujeres compartan la herencia de manera equitativa».

El movimiento 20 de Febrero surgió en 2011 en el marco de la Primavera Árabe. Promovió con éxito una nueva Constitución, aprobada en un referendo en julio del mismo año. La nueva carta magna estipula el igual reparto de bienes entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el gabinete islamista que se formó tras las elecciones generales, en noviembre de 2011, incluyó solo a dos mujeres. Y en octubre de 2013, fueron nombradas seis ministras entre 39 ministros.

Marruecos todavía está lejos de la igualdad de género en la política, pero nada impide al gobierno cumplir con la Constitución, dice Ait Ouassi. «Ya no vivimos en la vieja sociedad árabe en la que surgió el Islam y donde las mujeres vivían bajo la supervisión de los hombres».

«Ahora, las mujeres trabajan y contribuyen plenamente a los bienes familiares igual que los hombres, y es inconcebible que se apliquen leyes de desigualdad en cuanto a la herencia familiar», agrega.

Según Lachgar, el 19,3 por ciento de las mujeres urbanas y el 12,3 por ciento de las rurales son cabeza de familia. Ante la muerte de uno de los padres, la hija tiene derecho a la mitad de lo que hereda el hijo varón, según la estricta aplicación de la shariá.

Si fallece un hombre casado, a la esposa le corresponde la octava parte de la herencia, a pesar de que «las mujeres trabajan aún más que los hombres», dice Samir El Harrouf, miembro del Partido Socialista Unido (PSU).

Los conservadores estiman que esto es una aplicación literal de la «ley divina».

«Nadie puede modificar los textos sagrados en relación a la herencia y la poligamia», dijo a los periodistas el experto en jurisprudencia musulmana Redouane Benchekroune.

Sin embargo, hay otras formas de verlo. «Según mis estudios (...), esto es simplemente una falsa interpretación de los textos», nos dijo El Harrouf. Lo que el Corán concede a las mujeres en materia de herencia es apenas el mínimo que debe respetarse; nada impide que se les dé más, añade.

Nuevos estudios sobre jurisprudencia muestran la necesidad de «distinguir en los textos religiosos entre las constantes y las variables», abundó El Harrouf.

«Lo constante son los asuntos de fe y culto. Otros requisitos varían según el contexto social e histórico, y dependen de las condiciones específicas de cada sociedad y de una fase particular de su desarrollo histórico», añadió.

Ait Ouassi coincidió. «Así como fuimos capaces de enmendar el código de familia, tenemos que revisar las leyes de la herencia que se contradicen con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Debemos frenar inmediatamente todas las formas de discriminación de las mujeres», dijo.

Marruecos ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer el 21 de junio de 1993. Un nuevo y más igualitario código de familia se convirtió en ley en 2005.

Según el nuevo código, la poligamia está prohibida excepto si la primera esposa la consiente y si la autoriza un tribunal competente. Pero la gente se las arregla para eludir la ley, casándose fuera de los registros oficiales.

Cuando la nueva esposa queda embarazada, el tribunal se ve obligado a ratificar el matrimonio porque entran en juego un bebé recién nacido y sus derechos civiles.

Por lo tanto, los sectores progresistas reclaman ilegalizar sin más la poligamia.

Los islamistas que ahora están al frente del gobierno, y que eran oposición cuando se aprobó el código, lo calificaban de «una incitación a la prostitución».

Pero en este debate también ellos están divididos. El gobernante Partido Justicia y Desarrollo (PJD) considera que la campaña por herencia igualitaria constituye una presión extranjera para alterar «la identidad de la nación».

Mostafa El Moutassim, líder del partido islamista Alternativa de la Civilización, sostuvo en un artículo en su página de Facebook que está dispuesto a revisar las leyes que rigen el reparto de las herencias.