Por Diana Cariboni

El examen al que se sometió la izquierda en las elecciones del domingo en Brasil y Uruguay arrojó resultados que demuestran que el anunciado reflujo de la ola progresista en el Cono Sur latinoamericano resulta, por ahora, errado. La presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, se impuso con 51,64 por ciento de los votos a su adversario Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, que logró 48,36 por ciento.

En Uruguay, en tanto, el desenlace de la elección presidencial deberá esperar al segundo turno del 30 de noviembre. Pero el gobernante Frente Amplio (FA) obtuvo 47,9 por ciento de sufragio, lo que le asegura mayoría parlamentaria y coloca como favorito a su candidato, el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), ante Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), que logró 30,9 por ciento.

Con todo, los comicios en los dos países fueron cerrados, mostrando que «cuando las sociedades mejoran, se vuelven más exigentes», explica el historiador y analista político Gerardo Caetano.

Para el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, quien sería ministro de Economía si Vázquez triunfa en noviembre, «estos gobiernos francamente diferentes a los del pasado cosecharon resultados notables entre 2003 y 2014». Además del crecimiento, «aparecieron gobiernos que hicieron las cosas con orden», dejando en el pasado «desequilibrios formidables de déficit fiscal, inflación y endeudamiento», además de perseguir un claro «combate a la pobreza, que bajó muchísimo», asegura Astori.

En Brasil, con el PT gobernando desde 2003, 40 millones de personas salieron de la pobreza y la desigualdad retrocedió por primera vez en décadas. También fueron notables las políticas de inclusión educativa. Uruguay, donde el FA gobierna desde 2005, se muestra como el país de la región que mejor distribuye la riqueza, el de indigencia más baja y el segundo con menor pobreza de la región, según el Panorama Social 2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, cree que los comicios en los dos países constituyen un «plebiscito sobre la continuidad de reformas orientadas a construir espacios de justicia social, oportunidades e igualdad para los más pobres». Pero, apunta Caetano, en la política contemporánea es más previsible que «gobiernos exitosos pierdan elecciones», aun sin crisis económica y con indicadores bastante favorables, aunque «con problemas y el desgaste de una década de gestión, como le pasa al FA en Uruguay».

Ese desgaste se ve en los magros resultados de las medidas contra la delincuencia o para frenar un deterioro educativo de décadas. Además, quedaron en el tintero promesas electorales del actual gobierno de José Mujica, que no estuvo exento de denuncias de corrupción.

Sobre esas flaquezas se afirma el opositor Lacalle Pou, que sin embargo no deja de insistir en que mantendrá «lo que está bien», pero con mayor «eficiencia». «Para atrás no se va, se va para adelante», apunta su mano derecha, el diputado Álvaro Delgado, en referencia a las acusaciones de volver a las políticas neoliberales que impulsó el padre del actual candidato, Luis Alberto Lacalle (1990-1995). «En materia de políticas sociales, no hablamos de gasto sino de inversión, y estamos pensando en ampliarlas para sectores muy vulnerables, como los 200.000 uruguayos que viven en asentamientos (barrios hacinados y vulnerables). Nuestro plan, a 10 años, propone erradicarlos», añade Delgado.

El mapa electoral uruguayo evidencia un país dividido en mitades, pero la que se inclina por los tradicionales y centroderechistas PN y Partido Colorado sigue siendo menor que la que adhiere al FA –al contrario de lo que indicaban las encuestas—, y con un pequeño crecimiento de grupos menores de centroizquierda e incluso de la izquierda radical, que por primera vez llega al parlamento.

En tanto, la economía de Brasil muestra flaquezas y se multiplican las demandas sobre asuntos tan diversos como la violencia, el transporte público, la salud, la educación, la infraestructura y la energía, mientras la corrupción continúa siendo un problema mayor. Las protestas sociales de 2013 señalan que, en 12 años de gobierno del PT, «la sociedad brasileña no solo se ha vuelto más demandante, sino también más movilizada», indica Caetano. Gentili acota que el próximo gobierno de Rousseff «va a tener que revisar muchas cosas, y esas movilizaciones ayudan a marcar prioridades».

En el discurso que pronunció tras conocer su victoria, la mandataria dijo que será su prioridad luchar contra la corrupción y reformar el sistema político-electoral, dos problemas estrechamente vinculados.

«El voto en Brasil es al candidato, y no al partido», ejemplifica Gentili, por lo que las propuestas, si existen, están dirigidas al sector o al interés tras cada postulante. Eso genera una enorme corrupción. «Muchos candidatos no proponen nada» e ingresan al Congreso para «vender su voto» a cambio de leyes, cargos o simplemente dinero, asegura. Sin embargo, las perspectivas de avanzar en estos aspectos son reducidas, porque el PT no va a tener mayorías parlamentarias, indica Gentili.

Mercosur a revisión

Brasil es la principal potencia económica latinoamericana y los rumbos que marque en materia de geopolítica, integración y comercio repercuten en toda la región.

Rousseff «no va a abandonar el Mercosur (Mercado Común del Sur) ni su afincamiento sudamericano, ni su apuesta al bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Una estrategia sudamericana sin Brasil es inconcebible» y por eso el resultado electoral fue tan decisivo, estima Caetano. Astori considera que «el triunfo de Rousseff va a dar un nuevo impulso al proyecto integrador, que tiene dificultades». «Para nosotros es impensable prescindir del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), pero también es necesario superar esos problemas. Y el triunfo de Dilma ayuda», añade.

Según Astori, un posible tercer gobierno del FA reforzará la política de «regionalismo abierto», luchando por una flexibilización dentro del Mercosur que permita «contemplar a los vecinos cuando se ven en necesidad de aplicar medidas proteccionistas, pero, como contrapartida, tener su acuerdo para hacer negociaciones fuera de la región». Estas pueden ser «acuerdos bloque a bloque, como el que se está discutiendo con la Unión Europea, hasta multiplicidad de membresías», si este país obtiene el aval del Mercosur para unirse a otros acuerdos.

El vicepresidente estima deseable que «se flexibilice o se reformule la resolución 32» (que impide a los miembros negociar unilateralmente acuerdos comerciales con terceros), y para ello «hay que conversar con todos». También el PN buscaría esta salida. «Vamos a convocar al Consejo Mercado Común para rediscutir la resolución 32», explica Delgado.

Para Caetano, «el statu quo del Mercosur no es viable. La cuestión es si se cambia dentro del bloque o contra él». En el mundo, «el bilateralismo le está ganando al multilateralismo. Y esto tiene mucho que ver con el eje estratégico de los próximos años».

Además, según este analista político, «América del Sur no puede estar ajena a la guerra comercial que va librar el Acuerdo Transpacífico contra China», que es ya el primer socio comercial de casi todos los países de la región, incluidos Uruguay y Brasil. Por otra parte, «China sostiene el mismo enfoque neocolonial de Estados Unidos y de Europa: compra materias primas y vende manufacturas». En esta coyuntura, insiste, «no hay lugar para un Mercosur que no funcione».

El secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili señala la importancia de la apuesta brasileña a los BRICS y al Mercosur, pese a que «son iniciativas muy precarias». Si bien al Mercosur «le falta un montón», si los países negocian con terceros por separado «van a perder», sobre todo los más pequeños.