De poco ha servido el llamamiento a la calma de Jean-Claude Juncker. «No hay que reaccionar inmediatamente después de una tragedia para no cometer el error de ir demasiado lejos o de quedarse demasiado cortos», ha advertido el presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, Francia, Reino Unido, Alemania, España o Bélgica ya han anunciado medidas inminentes.

El país galo, todavía conmocionado por lo sucedido, ha puesto en marcha la operación de seguridad más amplia de la Vª Republica, es decir, desde 1958. París y sus alrededores se mantienen en nivel de máxima alerta y más de 10.000 militares vigilan puntos sensibles como aeropuertos o infraestructuras. En paralelo, se han destinado 4.700 gendarmes a vigilar específicamente escuelas judías y sinagogas.

El Gobierno francés ya ha anunciado que una vez terminada esta operación sin precedentes, dotará de más medios a los servicios antiterroristas. Además, tiene intención de endurecer la legislación para limitar y controlar los viajes de personas radicalizadas a Siria. Según cálculos del Ministerio de Interior galo, son más de 1.400 los ciudadanos franceses que han viajado a Siria o Irak para luchar en la guerra santa, y calcula que unos 200 o 300 habrían vuelto a Francia, algunos de ellos con intención de atentar en Europa.

La preocupación se extiende también a los centros penitenciarios, que se podrían estar convirtiendo en avispero de células radicales. La policía ha advertido que varios encarcelados por terrorismo islámico y presos comunes de origen musulmán, se habrían radicalizado en la cárcel tras entrar en contacto con presuntos terroristas. Es por ello que el primer ministro francés, Manuel Valls ha anunciado que están barajando la opción de «generalizar el aislamiento en prisión» para los detenidos por delitos relacionados con actos yihadistas. El Gobierno francés también ha anunciado su intención de mejorar los procedimientos judiciales que autorizan escuchas telefónicas.

Radicales en la red

Internet se ha convertido en uno de los mayores focos de preocupación para los países europeos. La red permite a los terroristas difundir mensajes extremistas o aleccionar a personas radicalizadas a través de canales que muchas veces pasan desapercibidos para los servicios de inteligencia. Conscientes de esta amenaza, muchos gobiernos ya han propuesto medidas para intentar neutralizar y controlar estos mensajes.

Para el primer ministro británico, David Cameron, son medidas «compatibles con una democracia moderna y liberal». Ha prometido que si su partido gana las elecciones previstas para el mes de mayo, dará a los servicios de inteligencia mayores competencias para espiar y rastrear las comunicaciones privadas en la red. También se ha comprometido a revisar los protocolos de seguridad y por el momento el país mantiene el nivel de seguridad en el segundo más alto, lo que advierte de un riesgo «altamente probable» de atentado.

La libertad que da Internet también se ha convertido en el centro del problema para España. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha explicado que aunque el Código Penal actual «dota al Estado de instrumentos para derrotar a organizaciones con una jerarquía como son ETA o los Grapo», es necesario adaptarlo también a las «nuevas formas de terrorismo, en los que la red juega un papel capital para el adoctrinamiento, la captación y la financiación».

Gobierno y oposición han llegado este martes a un pacto de Estado para prevenir posibles atentados, y han anunciado que presentarán de manera conjunta una proposición de ley urgente. El objetivo será incluir 12 enmiendas al Código Penal relacionadas con el terrorismo radical islámico. Además, el Ministerio del Interior ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear un registro de pasajeros de aviones. Una de las opciones que se baraja es introducirlo mediante una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana durante su tramitación en el Senado, y calcula que la infraestructura necesaria podría estar lista para final de año.

Alemania por su parte está decidida a frenar el éxodo de ciudadanos radicalizados a las filas terroristas. La legislación alemana ya permite confiscar los pasaportes de ciudadanos sospechosos, pero el Gobierno de Angela Merkel quiere ir un paso más allá. Este miércoles tiene previsto aprobar un cambio legislativo que permitirá retirar durante tres años el documento de identidad a personas sospechosas. Según han explicado fuentes gubernamentales, a todos ellos se les entregaría otro documento especial que les impedirá viajar fuera del país.

El ministro belga de Seguridad e Interior, Jan Jambon, también ha anunciado que su departamento trabaja para adoptar medidas urgentes contra el terrorismo. Su propuesta pasa por mejorar la vigilancia en las redes sociales y establecer un marco legal que facilite la movilización del ejército en caso de urgencia.

Además de las medidas que está tomando cada país, los ministros de Interior y Seguridad de trece países han pedido reforzar los controles en las fronteras e incrementar la supervisión en Internet. Los países europeos quieren desbloquear la directiva de datos de pasajeros aéreos que sigue paralizada en el Europarlamento, y tienen previsto celebrar una reunión extraordinaria de los responsables de Interior y Justicia. Será un encuentro previo a la cumbre internacional sobre terrorismo que se celebrará en Washington el próximo 18 de febrero.

Todo perdonado

Frente al afán regulador que parece haberse extendido a todos los países europeos, el semanario satírico, continúa, tal como prometió el mismo día del atentado, luchando por la libertad de expresión. Lo hace a su manera, con un número especial en el que un Mahoma lloroso sostiene un cartel que dice «Je suis Charlie» (Yo soy Charlie), en solidaridad con las víctimas, y anunciando en portada que «Todo está perdonado». Tendrá una tirada especial de tres millones de ejemplares y se traducirá a 16 idiomas. Es su forma de asegurar que el mensaje llega este miércoles a los kioscos de todo el mundo.