Por Bárbara Vidal

En Suiza, un abrumador 68% de los votantes ha aprobado imponer controles estrictos y restricciones a los sueldos, indemnizaciones y jubilaciones de altos ejecutivos. La votación se ha celebrado poco después de que la UE apruebe medidas para limitar las primas de los banqueros.

En un referéndum histórico por su contenido, los 26 cantones que forman la Confederación Helvética han dado su apoyo a la Iniciativa Minder, bautizada así por la idea original del político y empresario Thomas Minder, también llamada Iniciativa Fat Cat (Gato Gordo). Los suizos lo tienen claro cerca de 1´6 millones de votantes dijeron «SÍ» frente a 762.000 que votaron «NO».

En Suiza los escándalos financieros y los despidos, aunque en menor medida que en el sur de Europa, también preocupan a los ciudadanos. Los suizos, con una activa democracia directa, han mostrado su descontento tras la catastrófica deriva del gigante bancario del país alpino UBS (que perdió miles de millones y tuvo que ser rescatado) y los miles de despidos de la farmacéutica Novartis que, sin embargo, no han afectado a los salarios ni a las bonificaciones de sus altos directivos. Un ejemplo sangrante fue el anuncio de que el director saliente de Novartis, Daniel Vasella, podría recibir 72 millones de francos suizos para garantizar que no trabajaría para otras industrias del ramo. El pago se rechazó... pero la mecha estaba prendida.

El Consejo Federal traducirá ahora la propuesta Minder a Ley (el Gobierno tiene un año para redactar e implementar la nueva norma) para que sea incluida en la Constitución. Una vez que entre en vigor la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

Según la normativa, la asamblea general de accionistas de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de administración y a sus miembros y deberá pronunciarse sobre sus remuneraciones, así como de las de la dirección y el comité consultivo. La nueva ley prohibirá que los directivos reciban primas por contratación, ni indemnizaciones por su salida de la empresa, los llamados «paracaídas dorados». En el caso de que no se cumplan estas disposiciones, se prevén sanciones de un máximo de tres años de cárcel y multas equivalentes a seis años de sueldo.

Thomas Minder, propulsor de la iniciativa, asegura que el resultado de la votación es una clara señal de la distancia entre el pueblo y la clase política/empresarial y que su propuesta está dirigida a poner fin a la «cultura del corto plazo». Ahora quedan por ver las estrategias de las grandes empresas para perpetuar las bonificaciones a sus directivos y si los accionistas hacen uso de su derecho a veto. La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, asegura que la aplicación de las propuestas no será fácil pero que «Suiza seguirá siendo un lugar atractivo para las empresas por su población educada, la calidad de vida, la seguridad y la estabilidad económica y política». No piensan lo mismo los partidos de derecha ni el grupo empresarial Economiesuisse que defienden que la propuesta dañará a la competitividad del país y ahuyentará a los talentos internacionales.

Thomas Minder, un "indignado" rico

Thomas Minder, propulsor de la iniciativa, era un desconocido hasta hace diez años. En 2001 su empresa familiar de pasta de dientes, se vió afectada por una crisis económica a nivel estatal. En medio de esa situación los empresarios de las grandes multinacionales no dejaron de aumentar sus exhorbitantes honorarios, incluso en empresas en crisis. Minder lanzó la idea de someter los sueldos de los directivos a las Asambleas generales de las compañías, una propuesta que no fue bien recibida en un principio. En 2006 presentó una iniciativa popular y recogió 100.000 firmas. De la acción popular pasó a la política en 2011, donde fue elegido miembro de la Cámara Alta del Parlamento. Dos años después su propuesta no sólo fue aceptada sino que ha ganado un referéndum, que obliga a cambiar la legislación

Minder asegura que el resultado de la votación es una clara señal de la distancia entre el pueblo y la clase política/empresarial y que su propuesta está dirigida a poner fin a la "cultura del corto plazo". Ahora quedan por ver las estrategias de las grandes empresas para perpetuar las bonificaciones a sus directivos y si los accionistas hacen uso de su derecho a veto. La ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, asegura que la aplicación de las propuestas no será fácil pero que "Suiza seguirá siendo un lugar atractivo para las empresas por su población educada, la calidad de vida, la seguridad y la estabilidad económica y política". No piensan lo mismo los partidos de derecha ni el grupo empresarial Economiesuisse que defienden que la propuesta dañará a la competitividad del país y ahuyentará a los talentos internacionales.

El poder de la democracia directa

En Suiza, con cuatro referéndum nacionales al año, la indignación pública se traduce en votos y éstos en acciones. En una de sus últimas consultas a los ciudadanos, el pasado 3 de marzo, se rechazó una propuesta para conciliar vida laboral y familiar. Parece inexplicable, pues la mayoría – un 55% - de la población votó a favor, pero era necesaria la unanimidad entre los 26 cantones helvéticos, y no la hubo. Según la ley de referéndum suiza, para que una iniciativa sea aprobada, debe contar tanto con la mayoría del voto popular como de todos los cantones del país y en esta ocasión la rechazaron 15 de ellos.

El proyecto de ley proponía incluir un nuevo artículo en la Constitución suiza sobre la necesidad de más iniciativas de acogida infantil fuera del hogar, teniendo en cuenta que existe una carencia sustancial de plazas de guardería en el país y una petición popular de conciliación de vida laboral y familiar, más libertad para los padres a la hora de optar entre cuidar a los hijos en el hogar o proseguir con su carrera laboral... Por contra, la patronal y los partidos de derecha, argumentaron que la familia forma parte del espacio privado y que no compete al Estado mediar para solucionar sus problemas. Es más, acusan que la iniciativa quiere «estatalizar a los niños».

En la misma jornada, los suizos aprobaron por un 63% de los votos, la «planificación del territorio» para acotar las áreas de construcción y proteger el entorno natural. Ecologistas, agricultores y gobierno aseguran que la situación es grave ya que cada año la construcción crece una media de 22 kilómetros cuadrados y cada segundo se pierde un metro cuadrado de tierra cultivable.

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