«La acción militar fue necesaria para proteger al pueblo ruso en Crimea. Es por esto que la mayoría de los rusos apoyan lo que hace Putin. Él está protegiendo los intereses rusos», nos dijo.
El punto de vista de Smolenskaya es bastante común –especialmente fuera de las principales ciudades del país, donde el apoyo a Putin siempre fue importante– y parece aumentar cada día.
Antes, las encuestas sobre la situación en Ucrania mostraban que la mayoría de los rusos estaban en contra de una intervención en los asuntos de su vecino occidental, pero el ánimo parece haber cambiado en las últimas semanas.
A esto se suma que el parlamento de Crimea haya votado a favor de integrarse a Rusia, además de adelantar para el 16 de este mes el referendo originalmente previsto para el 30, cuyo objetivo ahora será consultar sobre esa anexión.
Aunque durante el fin de semana hubo protestas en Moscú contra la ocupación, que fueron sofocadas rápidamente con el arresto de cientos de manifestantes, también las hubo, y mucho más grandes, a favor de la intervención. En la segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo, más de 15.000 personas participaron en un acto de apoyo a la operación militar en Crimea.
Analistas locales dicen que muchos rusos ven al nuevo gobierno en Kiev como fuertemente antirruso e integrado por peligrosos neofascistas. La imagen se vio reforzada cuando, poco después de que el expresidente ucraniano Viktor Yanukóvych, amigo de Moscú, huyera del país, sus nuevos líderes propusieron una ley prohibiendo el ruso como idioma oficial.
En un sondeo realizado por la consultora rusa independiente Levada a fines de febrero, el 43 por ciento de los encuestados describen la crisis en Ucrania como un golpe de Estado violento, y casi la cuarta parte de ellos la categorizaron como una guerra civil.
Otra encuesta de la misma organización muestra que un tercio piensa que el derrocamiento del régimen de Yanukóvych estuvo liderado por nacionalistas ucranianos apoyados por agentes de servicios secretos de Occidente.
Los enfrentamientos en Ucrania oriental entre prorrusos y partidarios del nuevo gobierno de Kiev han reforzado estos puntos de vista.
Crimea fue parte de Rusia hasta 1954, cuando el entonces líder soviético Nikita Kruschev la convirtió en parte de la república de Ucrania, dentro de la Unión Soviética.
Ahora, al volverse la atención sobre Crimea, muchos coinciden con el argumento del Kremlin de que era necesaria una intervención militar para proteger a casi el 60 por ciento de la población de la península, conformada por ucranianos de origen ruso.
«El presidente Putin tiene razón y yo lo apoyo totalmente. Él solo quería proteger a la civilización ortodoxa (cristiana) que ha estado allí durante siglos. Temíamos lo que pudiera ocurrir si los neofascistas (de Kiev) tomaban el control aquí», nos dice Vasily Gomelsky, un empleado administrativo de 56 años en Moscú.
Los medios rusos, muchos de los cuales están formal o informalmente controlados por el Estado, han promovido ampliamente el mismo punto de vista.
El periódico nacional Komsomolskaya Pravda publicó una entrevista con un activista ruso de 20 años presente en Kiev durante las protestas proeuropeas conocidas como Euromaidán, afirmando que entre los manifestantes había «mercenarios alemanes y estadounidenses» que dirigían a miembros jóvenes del movimiento de extrema derecha Pravy Sektor .
Las críticas a la ocupación en todos los medios han sido escasas. Y en algunos casos, donde han aparecido han sido rápidamente acalladas por las autoridades.
El profesor Andrei Zubov, del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú –que fue fundado por y sigue funcionando bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia– publicó un artículo en el periódico nacional Vedemosti condenando la intervención y comparando a Putin con Adolf Hitler.
En otra entrevista, dijo que el presidente ruso había «claramente perdido la cordura».
A comienzos de esta semana lo despidieron, y dijo que creía que el Ministerio de Relaciones Exteriores había obligado a sus jefes a librarse de él.
Según algunos críticos, la destitución del profesor es un típico ejemplo de cómo se maneja el disenso en un gobierno ampliamente condenado por los activistas y por la comunidad internacional por su ofensiva contra los derechos humanos desde que Putin inició su última presidencia, en 2012.
La adopción de una controvertida legislación contra la «propaganda gay», la ofensiva para limitar las acciones de las organizaciones no gubernamentales, la represión a los oponentes políticos y la intimidación sistemática a los activistas, entre otras medidas, causan gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos.
Otros advierten que el renovado apoyo a Putin por parte de Crimea le permitirá más restricciones a las libertades básicas.
«En general, la política exterior de Putin concita apoyo. El conflicto de Crimea le permitirá consolidar al país y, al final, la mayoría de la población lo apoyará. También le permitirá imponer restricciones adicionales al disenso», dice Nikolai Sokov, del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, (SIPRI).
La semana pasada, el parlamento ruso aprobó un proyecto de ley antiterrorista que confiere enormes potestades a las fuerzas de seguridad en casos de presunto terrorismo.
El texto incluye, entre otras cosas, muy criticados controles al uso de Internet. Pero se aprobó sin problemas, y un parlamentario dijo que los críticos solo tienen que ir a Kiev para ver por qué se necesitaba tanto esa ley.
«En realidad, los proyectos de ley se presentaron hace varias semanas, pero el conflicto de Ucrania garantizó que fueran aprobados», dijo Sokov.
La Agencia Estatal para el Seguimiento Financiero en Rusia dijo el miércoles 5 que había lanzado una investigación tras descubrir que ultranacionalistas ucranianos estaban siendo financiados por las mismas entidades donantes que algunas organizaciones no gubernamentales rusas.
La controvertida legislación obliga a las organizaciones de la sociedad civil rusa que reciben fondos del exterior a registrarse como «agentes extranjeros», y deben ser evaluadas regularmente por las autoridades locales.
Tanya Lokshina, directora para Rusia de Human Rights Watch, nos dijo que «La noticia de la investigación es muy amenazadora para todas las organizaciones no gubernamentales que reciben financiación del exterior».
«La adopción de más leyes restrictivas es una posibilidad en el actual contexto de histeria antioccidental en los medios patrocinados por el Estado y leales» al gobierno, agregó.
Mientras, el apoyo a Putin entre los rusos comunes parece firme. Muchos dicen que es él, más que Occidente, quien busca evitar que la actual crisis escale hasta convertirse en una guerra.
«Algunos temían que (ocupar Crimea) pudiera conducir a una guerra, pero, como hemos visto, Putin ha actuado de modo sensato al respecto. Él está (defendiendo) los intereses rusos, no buscando la confrontación», dice Smolenskaya.