Cuando se constate que un país del espacio Schengen no puede hacer frente por sí solo a una fuerte presión migratoria, se abrirá un complicado proceso que pasa la pelota de la decisión de la Comisión a los Estados, que finalmente podrán reabrir los controles fronterizos sin pedir permiso a Bruselas.

El tratado actual ya permite tomar medidas de ese tipo por un tiempo limitado y por circunstancias excepcionales que supongan «una amenaza seria» para el orden público o la seguridad nacional. Lo hizo España con motivo de la reunión del BCE en Barcelona y lo acaba de hacer Polonia por la Eurocopa. Sin embargo, hasta ahora no se contemplaba la afluencia masiva de inmigrantes como causa para suprimir la libertad de movimientos.

Francia y Alemania son los impulsores del cambio, que consideran «una medida extrema, cuya aplicación está supeditada a condiciones muy estrictas». La ministra austriaca, Johanna Mikl-Leitner, lo justifica porque «la situación en la frontera greco-turca muestra la necesidad de un mecanismo de acción contundente en el espacio Schengen».

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, ha afirmado que está «muy decepcionada por la falta de visión de los miembros de la UE». Bruselas pretendía dar un enfoque más europeo a la reforma del tratado y a la gobernanza del espacio Schengen, en el que la Comisión pudiera dar «recomendaciones vinculantes» a los Estados, aprobadas por una mayoría de socios comunitarios. Con lo aprobado por los ministros, «no se les podrá obligar a hacer nada para remediar problemas», se quejan en Bruselas.

El argumento de los gobiernos de los 27 lo ha expresado el ministro francés del Interior, Manuel Valls: «Frente a situaciones de crisis, a situaciones excepcionales, los Estados miembros de Schengen deben poder recuperar su soberanía». En Francia, el asunto fue uno de los ejes de la campaña del anterior presidente, Nicolas Sarkozy.

Ahora, la Comisión Europea espera que el Parlamento encuentre una solución para enmendar lo aprobado por los ministros. Bruselas cuenta con el apoyo del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, quien ya ha dicho que «el Parlamento Europeo no aceptará ningún motivo para reintroducir los controles fronterizos sin un mecanismo comunitario para evaluar y supervisar si esto es necesario o no».