Lisboa- Los países de habla portuguesa solicitarán luz verde a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enviar una fuerza de mantenimiento de la paz a Guinea-Bissau, donde los militares tomaron el poder el pasado jueves.

Esta ha sido la principal resolución adoptada este sábado en Lisboa por las cancillerías de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) ante una nueva muestra de que los militares de ese pequeño país de África occidental no aceptan adaptarse a las reglas del juego democrático.

La resolución de la reunión -en la que participó el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno derrocado, Mamadou Djalo Pires- aclara que la iniciativa se debe llevar a cabo en colaboración con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana y la Unión Europea (UE), y con un mandato definido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución también advierte «a todos los implicados en la alteración del orden constitucional de Guinea-Bissau, civiles y militares, que la persistencia de una conducta ilegal conducirá a los Estados miembros de la CPLP a proponer sanciones individualizadas por parte de las organizaciones internacionales y regionales pertinentes». Entre otras, se aplicaría a los culpables la prohibición de viajar, la congelación de activos y la persecución penal.

Un autodenominado Comando Militar, cuya composición no se conoce, desencadenó el pasado jueves un golpe de Estado, capturando al presidente de la República, Raimundo Pereira, y al primer ministro, Carlos Gomes Júnior. Los rebeldes aseguran que actuaban «sin ninguna ambición de poder» y justificaron el golpe alegando que la misión militar de Angola que se encuentra en Guinea-Bissau desde 2011 con un mandato de formación y reforma de las Fuerzas Armadas, tiene en realidad «un acuerdo secreto» con el gobierno de Gomes Júnior «para aniquilarlas».

La explicación no convence a las cancillerías de la CPLP, reunidas durante todo el sábado en la capital portuguesa, sede de la organización de la que forman parte Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental.

Un portavoz del Comando Militar, Walna Dabana, dijo desde Bissau, la capital del país, que también se encontraba arrestado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general António Indjai.

Ante una pregunta de este periodista en un descanso de la reunión, el canciller Djalo Pires desmintió esa información, asegurando que «se trata de una farsa». Indjai «es quien está detrás de este golpe», dijo el ministro y recordó que el gobierno de Gomes Júnior cuenta con el apoyo del 78 por ciento de los miembros del parlamento.

El secretario ejecutivo de la CPLP, el angoleño Domingos Simões Pereira, fue quien coordinó la reunión que contó con la presencia de los cancilleres George Chicoti, de Angola, Jorge Borges, de Cabo Verde, Paulo Portas, de Portugal, y Manuel Salvador dos Ramos, de Santo Tomé y Príncipe, además del mencionado Djalo Pires.

Mozambique estuvo representado por el vicecanciller Henrique Banzé, Brasil por el secretario de Estado para Asuntos Africanos y de Medio Oriente, Paulo Cordeiro, y Timor Oriental por el embajador José Barreto Martins.

La Fuerza de Reacción Inmediata (IRF) de Portugal, formada por comandos paracaidistas de la fuerza aérea e infantes de marina del ejército,, se encuentra en «estado de alerta», evaluando la posibilidad de intervenir, si fuese necesario, para evacuar ciudadanos portugueses residentes en Guinea-Bissau. Al hacer este anuncio, el canciller Portas aseveró que la IRF, que cuenta con aviones Hércules C-130, una fragata y una corbeta, está preparada solo para rescatar ciudadanos portugueses, «lo que no es sinónimo de una intervención militar» en la antigua colonia que se independizó en 1974.

Ante el argumento de los golpistas guineanos de que actuaron contra una conspiración de Angola para «aniquilar a las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau», el canciller angoleño Chicoti advirtió que su país está dispuesto a denunciar el caso ante la Corte Penal Internacional.

El portavoz rebelde Dabana explicó que el levantamiento militar tiene el único propósito de encontrar «una solución política a la crisis» y evitar «que el poder caiga en la calle», celebrar nuevas elecciones y, entretanto, llamar a la formación de un gobierno de transición.

El golpe ha sido repudiado por la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó «en los términos más enérgicos posibles» a los golpistas y llamó a restablecer «inmediatamente» la democracia y liberar a los detenidos. A esta postura de la ONU se han unido la UE, Estados Unidos y varios otros gobiernos, organizaciones regionales y de derechos humanos.

Portas dijo a los periodistas que la CPLP se ve obligada a adoptar una postura firme contra el golpe con el fin de garantizar un «triunfo de la legalidad». «No podemos aceptar un golpe militar que, además, ocurre durante un proceso de elección del presidente» en el que Gomes Júnior se perfilaba como el más probable ganador.

Entretanto en Bissau, tras los asaltos, la destrucción y saqueos a los hogares de las principales figuras del gobierno y amenazas a sus familias, la situación permanece en calma, pero confusa, según corresponsales portugueses destacados allí. Después del toque de queda impuesto en la noche del viernes por el Comando Militar, el sábado comenzó sin incidentes: el comercio abrió sus puertas y era poco visible la presencia de soldados en las calles.

Este nuevo conflicto constituye un capítulo más en un país donde los golpes de Estado se han banalizado, y que soporta una violencia crónica desde que estalló la guerra de la independencia contra Portugal, en 1961. En la memoria de medio siglo, la violencia ocupa un lugar destacado en ese país de 1,2 millones de habitantes que el Banco Mundial ubica entre los 10 con peor calidad de vida del planeta, junto a Chad, Etiopía, Ruanda, Níger, Madagascar, Bangladesh, Burundi, Laos y Pakistán.

La última década está jalonada por las muertes violentas de importantes figuras, el comandante del ejército Ansumane Mané, en 2000, el asesinato de su sucesor, Veríssimo Correia Seabra, en 2004, y los del presidente João Bernardo Vieira y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, João Baptista Tagmé Na Waie, en 2009.

A este cuadro desolador hay que sumar el hecho de que, con la complicidad de los militares y la policía, Guinea-Bissau se ha convertido desde hace un lustro en un «narcoestado», donde traficantes latinoamericanos han montado un cuartel general y escala segura para sus operaciones de introducción de cocaína en la UE.