Como los bancos son reacios a conceder nuevos préstamos, entidades como los fondos de pensiones están en buenas condiciones para satisfacer la apremiante demanda de capital. De hecho, los ahorros de trabajadores que tal vez no se jubilen durante varios decenios son particularmente apropiados para las inversiones a largo plazo. El problema estriba en que en muchos casos las normas y los reglamentos encaminados a garantizar la estabilidad de los mercados financieros impiden a los fondos de pensiones y de otra índole asignar los ahorros fácil y eficientemente.
No se puede subestimar la importancia de los reglamentos adecuados. Cuando se formulan y aplican adecuadamente, garantizan la estabilidad financiera, mantienen (y, en caso necesario, restablecen) la confianza en los mercados y facilitan la inversión a largo plazo, con lo que ayudan a los ciudadanos a satisfacer sus futuras necesidades financieras, pero, si los reglamentos no están bien adaptados a los diferentes tipos de participantes en los mercados y a la forma como funcionan los mercados en realidad, pueden estrangular las oportunidades que, de lo contrario, beneficiarían a los inversores y a la economía.
Las nuevas prescripciones de margen aplicadas a los derivados e introducidas para reducir el riesgo sistémico son un ejemplo de esa clase de punto de estrangulación. Podría tener sentido aplicarlas a los bancos o a los fondos de cobertura, pero los fondos de pensiones son entidades muy solventes que plantean poco o ningún riesgo a los mercados financieros. Obligarles a reservar activos como garantías secundarias sólo sirve para inmovilizar capitales que se podrían utilizar para la inversión a largo plazo.
Esa clase de inversión abarca una diversidad de productos, participantes en los mercados y jurisdicciones y, a consecuencia de ello, el efecto de los reglamentos puede resultar difícil de ver y mucho más de calcular. Para empezar, las repercusiones de las normas y los reglamentos pueden ser directas o indirectas. Podemos considerar que las normas que se aplican concretamente a los productos o estrategias de inversión a largo plazo tienen repercusiones directas. Podemos decir que las normas que se aplican a los inversores o a sus homólogos, los productos competitivos o partes complementarias del mercado tienen repercusiones indirectas.
Un marco reglamentador bien concebido reduce al mínimo las consecuencias adversas para la inversión a largo plazo, al tiempo que intensifica al máximo los efectos positivos. Constantemente se introducen nuevos reglamentos. Es importante analizar detenidamente si los nuevos reglamentos son de verdad necesarios y, en caso afirmativo, prever y colmar las lagunas regulatorias con normas que garanticen la corriente fluida de ahorros a proyectos nuevos y existentes.
Por ejemplo, los reglamentos de normalización relativos a los bonos cubiertos, los bonos verdes y las inversiones transfronterizas mediante sociedades de inversión inmobiliaria podrían fomentar más inversión a largo plazo. De forma más indirecta, un impulso regulador general que aumente la disponibilidad de proyectos idóneos para la inversión a largo plazo y regímenes de insolvencia locales y armonizados podrían tener también un efecto positivo. Entre los ejemplos destacados de reglamentos con repercusiones directas negativas, figuran las normas vigentes sobre titulización y las propuestas sobre costos de capital basado en activos.
Los efectos negativos indirectos de semejantes reglamentos de la inversión a largo plazo son, por naturaleza, más difíciles de apreciar, pero pueden ser tan perjudiciales como los efectos directos: en particular, si dejan a los inversores menos fondos disponibles para la inversión a largo plazo. Las prescripciones sobre el margen de las transacciones con derivados tienen ese efecto, como también los reglamentos que aumentan los costos bancarios.
Esos tipos de efectos negativos indirectos no han ocupado una posición central en los debates normativos sobre la forma de impulsar la inversión a largo plazo, pero merecen una detenida consideración. Reviste importancia decisiva que determinemos el alcance y la magnitud de sus repercusiones en la asignación de capital. De lo contrario, podrían anular las repercusiones positivas de las reformas encaminadas a impulsar la inversión.
A medida que los legisladores y los reglamentadores sigan moldeando el marco de la inversión, es importante no sólo supervisar y evaluar las repercusiones de cada uno de los reglamentos suplementarios; también se debe entender la interacción entre las normas y con las nuevas normas que se introducen. Se deben evitar los reglamentos innecesariamente amplios y preferir normas que se adapten concretamente a los diversos participantes en el mercado.
Si se permite a los inversores a largo plazo –como, por ejemplo, los fondos de pensiones– ofrecer a la economía europea un capital muy necesario, se pueden brindar beneficios enormes a los futuros jubilados, además de a la economía en sentido más amplio, pero no será posible, a no ser que se cree –y hasta que así sea– el marco regulatorio idóneo.
