Violaciones graves de los derechos humanos, secuestros, torturas, prisiones secretas con la complicidad de los Estados miembros. Es lo que se encuentran los eurodiputados cuando levantan un poco la manta que tapa las actividades de la CIA sobre suelo europeo y que la prensa reveló en 2005.

La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que preside el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, denuncia «la falta de voluntad política» de los gobiernos para esclarecer la implicación de sus países en los vuelos que programaba la agencia estadounidense para trasladar en secreto a presuntos terroristas a terceros países donde eran interrogados al margen de la ley.

La investigación del Parlamento Europeo se realizó en 2007, pero desde hace dos años se han conocido «nuevas pruebas» que según la eurodiputada Hélène Flautre (Verdes/ALE, FR), encargada de elaborar un nuevo informe, no fueron utilizados en las anteriores investigaciones.

Uno de los casos se conoció en 2011, cuando el Gobierno lituano reconoció la existencia de centros de detención de la CIA en su país. Otro caso es el del saudí Abu Zubaydah, que lleva en Guantánamo desde hace diez años. Fue trasladado desde Marruecos a Jordania y desde allí a Lituania a una cárcel secreta. Según su abogada, Amanda Jacobsen, «sin que se le haya imputado algún crímen o se le haya declarado culpable». De Zubaydan se dijo que era el número 3 y jefe de operaciones de Al Qaeda y que había participado en la planificación del 11-S y otros atentados. Su abogada aclara que todas las acusaciones son falsas.

Amnistía Internacional denuncia «vínculos creíbles» de vuelos entre Lituania y Finlandia y otros entre Rumanía, Lituania, Dinamarca y Noruega y Reino Unido, así como «al menos una cárcel secreta» de la CIA en Rumanía. Antiguos funcionarios de la agencia estadounidense lo han reconocido, aunque el gobierno rumano rechaza su implicación.

Julia Hall, experta en contraterrorismo y derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), insiste en que muchos países de la UE deben investigar lo sucedido en su territorio, entre ellos España, Alemania, Italia, Portugal y Suecia. Hall, lamenta que los gobiernos se nieguen a cooperar esgrimiendo que se trata de material clasificado como confidencial, para AI «no se puede invocar secreto de Estado más que para proteger un interés nacional vital, y este no es el caso».

Anrit Singh, abogado de Open Society Justice Iniciative, ha presentado los casos de MM El-Masri y Al-Nashiri, víctimas de detención ilegal secreta en Europa. Sus dosieres implican a las autoridades polacas, rumanas e incluso a la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Los vuelos secretos se conocieron en 2005 por la prensa de EE UU. Después del 11S la Agencia de Investigación estadounidense CIA, creó una red de cárceles secretas a donde trasladaba a supuestos terroristas, que detenía en otros países.

El Parlamento Europeo encargó un informe al eurodiputado socialista Claudio Fava que fue aprobado por la eurocámara en 2007. En este informe se decía que los vuelos habían existido y que habían sido conocidos por diferentes gobiernos de la UE, se documentaron alrededor de 1 000, la mayoría habían tocado tierra en Reino Unido, Alemania e Irlanda.