El informe que ha hecho el Banco de España a petición del juez Andreu de la Audiencia Nacional que investiga la gestión de Rodrigo Rato, dice que las cuentas de 2011, cuando Rato presidía el banco, tenían errores contables en la valoración de ciertos activos inmobiliarios y que se activaron de forma incorrecta ciertos activos fiscales diferidos.

Pero las cuentas se siguieron maquillando con el nuevo equipo presidido por josé Ignacio Goirigolzarri que solicitó unos 17 959 millones de euros, parte de los 41 300 millones de euros del rescate de la UE para sanear la banca de España.

Según el informe, cuando Bankia salió a bolsa en julio de 2011 lo hizo con unos estados financieros que no reflejaban la imagen real de la entidad. Unos meses antes de que un ufano Rodrigo Rato hiciera sonar la campana en la Bolsa anunciando la salida de Bankia se realizó una ampliación de capital de algo más de 3 000 millones de euros. Entonces se reformularon las cuentas para incluir saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobiliarios algunos de los cuales «correspondían a fechas anteriores a la salida a bolsa».

En cuanto a la fijación del precio de salida, de 3,75 euros por acción, se realizó en base a 29 grupos económicos, algunos de ellos con relaciones de dependencia respecto al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. Además perjudicó al Fondo de reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a accionistas y acreedores, especialmente a aquellos que habían adquiirido participaciones preferentes y subordinadas.

El informe aclara que los errores se conocieron y se pusieron de manifiesto en la reformulación de las cuentas pero no se contabilizaron bien. Si lo hubieran hecho las cuentas de Bankia se habrían reducido en 1 192 millones de euros.

Los peritos han detectado, además, «compras inexplicables» con riesgos refinanciados, retrasos generalizados en el pago de las cuotas y «ventas inmediatas que ponen en duda el interés real de algunos inversores».

En relación con la fusión de las siete cajas que formaron Bankia, señalan que el Sistema Integral de Protección (SIP) se transformó en una fusión de pleno derecho, en la que fallaron los planes de negocio «debido al deterioro del marco económico, los cambios normativos y la debilidad de las entidades integradas» y a que la intención última de esa fusión fue poder superar el test de estrés que se realizó en julio de 2010.