Argentina se declaró en cesación de pagos en 2001 e inició negociaciones para reestructurar su deuda en 2005 y 2010. El 16 de junio de 2014 la Corte estadounidense dictaminó que Argentina pagara la suma reclamada por los fondos buitre, que no habían participado en las negociaciones y no aceptaron la propuesta argentina.

De esta manera, los fondos buitre esperaban obtener por vía judicial el equivalente al 1.600 por ciento en relación a su inversión. Estos fondos compraron bonos argentinos por 48 millones de dólares en 2008 y la sentencia ordenó el pago de 832 millones de dólares.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, dijo que «esta es la primera vez en la historia que un país puede y quiere pagar a sus acreedores, pero un juez se lo impide».

Aunque este caso dio notoriedad a los fondos buitre, estas prácticas predatorias no comenzaron con Argentina. El término fondo buitre describe una entidad comercial privada que, según el experto Cephas Lumina, adquiere mediante compra, asignación u otra forma de transacción, títulos de deuda morosos o en quiebra, con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias.

Los fondos buitre son «hedgefunds» (fondos de cobertura) cuyo modus operandi se caracteriza por: 1) comprar títulos de deuda devaluados en el mercado secundario, a un precio mucho más bajo que el de su valor facial; 2) negarse a participar en los acuerdos de reestructuración con el Estado endeudado; 3) exigir el pago total de la deuda, que suele implicar el valor nominal más intereses y multas mediante la vía judicial, embargos y otros medios.

Muchos países del Sur en desarrollo han sido víctimas de los procedimientos de los fondos buitre, especialmente en África y América Latina. Según el Banco Africano de Desarrollo (BAD) al menos 20 países pobres fuertemente endeudados han sido amenazados o sometidos a acciones legales por acreedores comerciales o fondos buitre.

MNL Capital entabló un juicio contra Perú en 2000 y cuatro años más tarde el país sudamericano fue obligado a pagar casi 56 millones de dólares por títulos de deuda que el fondo había comprado por 11,8 millones de dólares.

El BAD ha documentado que hasta el año 2007 los fondos buitre habían logrado sentencias a favor en 25 juicios por casi 1.000 millones de dólares.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) informan que entre 1998 y 2008 se iniciaron 54 juicios contra 12 países pobres fuertemente endeudados. Y el FMI estima que, en algunos casos, las reclamaciones de los fondos buitre llegaron hasta el equivalente del 12 y 13 por ciento del producto interior bruto de los países demandados.

La preocupación por la extensión de estas prácticas de usura que afectan a países en desarrollo, y por sus implicaciones sistémicas, ha motivado peticiones de intervención por parte de autoridades internacionales e instituciones multilaterales.

El BAD ha denunciado que mediante el impedimento a reestructuraciones que alivian el pago de la deuda, y el gasto multimillonario en costes legales, los fondos buitre están socavando el desarrollo en los países africanos más vulnerables.

En junio de 2014, los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los 77 más China, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, reiteraron la importancia de «no permitir que los fondos buitres neutralicen los esfuerzos de los países en desarrollo para reestructurar sus deudas» y afirmaron que «esos fondos no deben sobreponerse al derecho de los Estados de proteger a sus pueblos en el marco de la ley internacional.»

El FMI ha reiterado que mantener el fallo contra Argentina debilitará los intentos futuros de reestructuración de deudas soberanas.

En 2007, los ministros de Economía de los mayores países industrializados, integrados en el Grupo de los Ocho, acordaron trabajar conjuntamente para identificar medidas que puedan resolver estos problemas.

En septiembre de 2014, Argentina presentó una resolución sobre las actividades de los fondos buitre relacionadas con la deuda externa y otras obligaciones financieras en el marco de los derechos humanos, que fue aprobada en la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

Y en junio de 2014, en el 26 periodo de sesiones del Consejo, fue aprobada la resolución titulada «Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos».

Esta resolución pone en marcha un proceso de negociaciones con vistas a un instrumento legal vinculante para las corporaciones transnacionales y sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos