El presidente de la Asociación de familiares de Víctimas del Yak, Miguel Ángel Sencianes, ha dicho que ya han encargado la apertura de los trámites necesarios para llevar el asunto a Estrasburgo.

Este domingo se cumplen diez años de la muerte de los 62 militares españoles, que regresaban de una misión internacional de cuatro meses en Afganistán.

El mayor accidente sufrido por las fuerzas armadas de España en tiempo de paz.

El 26 de mayo de 2003 los militares regresaban en un avión ucraniano, Yakolev 42, al que se había llegado por un tortuoso camino de seis subcontratas y ningún seguro. Un tribunal de la ciudad de Zaragoza dictaminó que no reunía condiciones para volar después de estudiar varios informes de mandos militares en contra de este tipo de vuelos.

El avión se estrelló en Turquía, en el monte Pilav a 2.100 metros de altura. Murieron los 62 militares españoles y 13 tripulantes, doce ucranianos y un bielorruso.

La propietaria de las cinco hectáreas de tierra donde tuvo lugar el accidente ha donado el terreno a las familias de los militares fallecidos. Fatma Karahan, murió el pasado enero a los 82 años de edad , vivía a unos 5 kilómetros de la finca en la que tuvo lugar la tragedia. A pesar de su avanzada edad iba a menudo a depositar flores.

Los familiares de las víctimas han pasado estos diez años intentando que se haga justicia y que se castigue a los responsables de la contratación de un avión que no estaba en condiciones de volar, comenzando por el que era entonces ministro de Defensa con el Gobierno de José María Aznar, Federico Trillo, que ahora es embajador en Londres.

Las únicas condenas fueron para el general Vicente Navarro, encargado de repatriar los cadáveres, que murió, y los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez que identificaron de forma errónea 31 de los cadáveres por las prisas de terminar con el caso. Ambos han recibido un indulto parcial.

La empresa alemana Chapman Freborn, que junto a Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) fue la encargada de organizar el vuelo, resultó condenada a pagar a las familias más de 6 millones de euros algo que todavía no ha hecho. Según Sencianes, «no ha querido pagar aquí en España voluntariamente, no acepta su responsabilidad, y ahora se empezará a reclamar mediante embargo».