La CE ha recibido 150 000 respuestas a su consulta en línea sobre la protección de las inversiones y la resolución de diferencias entre inversores y Estados dentro del TTIP. La conclusión es que los europeos no quieren que el acuerdo comercial con Estados Unidos limite las competencias de los tribunales de los Estados miembros ante los intereses privados.
La CE ha publicado este martes su análisis de las casi 150 000 respuestas que ha recibido a la consulta en línea sobre el tema que se cerró en julio pasado. Según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström «la consulta muestra claramente que «existe un enorme escepticismo en lo que respecta al instrumento de solución de diferencias entre inversores y Estados».
Las respuestas que ha recibido la Comisión de los ciudadanos no se limitan a decir si están de acuerdo o no con las preguntas, muchos aportan propuestas sobre cuestiones que se deben modificar. Además hay otro asunto importante que se debe abordar en las negociaciones. Entre los países de la UE y los EE UU hay unos 1 400 acuerdos bilaterales de ese mismo tipo, «algunos de los cuales se remontan a la década de los cincuenta».
La gran mayoría de esos acuerdos no incluyen «las garantías que la UE desearía ver» ha dicho Malmström y deben sustituirse por disposiciones más avanzadas, ya que de otra manera permanecerían en vigor, «con todas las legítimas preocupaciones que han levantado en los últimos meses».
En 2009, el Tratado de Lisboa transfirió a la UE competencias para la protección de las inversiones. Desde entonces, la Comisión ha tratado de reformar el sistema actual de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores y Estados.
La comisaria ha subrayado que la Comisión Europea «jamás se plantearía aceptar un acuerdo que reduzca nuestros estándares o limite el derecho de nuestros gobiernos a legislar. Tampoco se lo plantearían los Estados miembros de la UE ni el Parlamento Europeo».
El enfoque que se propone ahora es sustancialmente diferente al adoptado en los 3 000 acuerdos existentes, muchos de ellos de las décadas de los 60, 70 y 80, que contienen cláusulas tradicionales de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores privados y Estados.
En los acuerdos comerciales que la UE ha firmado últimamente con Canadá (AECG) y Singapur, ha incluido disposiciones modernizadas. Con un enfoque basado en las aportaciones que la UE ha hecho en las Naciones Unidas para crear el primer sistema mundial de normas sobre transparencia en la solución de diferencias entre inversores y Estados en el marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, CNUDM.
Detalles del informe sobre la consulta
El cuestionario de la consulta explicaba en detalle el enfoque de la UE sobre doce cuestiones en materia de protección de las inversiones y de solución de diferencias entre inversores y Estados. Entre las doce cuestiones de la consulta figuran las salvaguardias sobre el derecho de los gobiernos a legislar en aras del interés público, la total transparencia de los procedimientos de solución de diferencias entre inversores y Estados, los requisitos éticos de los árbitros y un eventual órgano de apelación.
Una gran mayoría de respuestas, alrededor de 145 000 (un 97 %), se han presentado a través de diferentes plataformas en línea de grupos de interés, y contienen respuestas negativas predefinidas. La Comisión ha recibido también respuestas individuales de más de 3 000 ciudadanos y unas 450 organizaciones que representan un amplio espectro de la sociedad civil de la UE, en particular de ONG, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, bufetes de abogados y el mundo académico. En general, estas respuestas entran en más detalles sobre el enfoque propuesto.
En términos generales, las respuestas pueden dividirse en tres categorías: las que expresan oposición o preocupación respecto del TTIP en general; Las que se oponen o muestran preocupaciones respecto de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados; y las que aportan comentarios pormenorizados sobre el enfoque propuesto por la UE en el Acuerdo de Asociación, que representan puntos de vista amplios y divergentes.
Las numerosas respuestas de las dos primeras categorías indican claramente la preocupación de numerosos ciudadanos de toda Europa por el TTIP en general y por el principio mismo de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados.
Las respuestas de la tercera categoría contienen observaciones específicas sobre los diferentes aspectos del enfoque de la UE y, en algunos casos, sugerencias concretas para su modificación. Las opiniones están divididas con respecto a casi todas las cuestiones analizadas.
Las mayores preocupaciones de las personas que han contestado a la encuesta están en torno a: la protección del derecho a legislar; el establecimiento y funcionamiento de los tribunales de arbitraje; la relación entre los sistemas judiciales nacionales y la solución de diferencias entre inversores y Estados; y la revisión de la corrección jurídica de las resoluciones de diferencias entre inversores y Estados mediante un mecanismo de apelación.
A partir de ahora la CE organizará reuniones de consulta con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y distintas partes interesadas, en particular ONG, el mundo empresarial, sindicatos y organizaciones de consumidores y medioambientales, para debatir la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la TTIP.
Los resultados de la consulta se presentarán a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo el 22 de enero. Tras estas consultas y durante el primer trimestre de este año, la Comisión elaborará propuestas específicas para las negociaciones del TTIP.
En este momento las negociaciones sobre la protección de las inversiones en el TTIP están suspendidas, y solo se reanudarán cuando la Comisión llegue a la conclusión de que sus nuevas propuestas garantizan, entre otras cosas, que los regímenes especiales en materia de diferencias entre inversores y Estados no limitarán la competencia jurisdiccional de los tribunales de los Estados miembros de la UE.
