Desde la financiación ilegal de partidos políticos para obtener favores posteriores a la infiltración del crimen organizado en los poderes públicos para proteger sus intereses, hay toda una gama de delitos relacionados con la corrupción que la Comisión Europea entiende que son comunes y que, sobre todo, perciben los ciudadanos de los 27 países de la UE.

La Comisión se lamenta de que las medidas puestas en marcha ya para combatir este fenómeno no lleguen a la población, que sigue sintiéndose desamparada. El ejecutivo europeo reafirma su intención de reducir la corrupción a todos los niveles de forma sistemática, con un espacio de justicia, libertad y seguridad sin fronteras interiores en la UE.

Por eso, el vicepresidente del ejecutivo europeo, Jacques Barrot, confía en que el programa de Estocolmo haga variar las cosas: «Para promover nuestra política anticorrupción, la Comisión ha propuesto establecer un mecanismo que permita evaluar regularmente los esfuerzos realizados en los 27. Ya se han adoptado una serie de medidas para proteger los intereses financieros de la Unión y garantizar que los funcionarios corruptos sean investigados y perseguidos. Son medidas que afectan también al sector privado y buscan mejorar la puesta en común de las actuaciones en una red anticorrupción».

La opinión de los europeos sobre la corrupción alerta de cómo se ven las cosas, aunque no es igual en todos los Estados miembros. En Grecia, el 95 por ciento de los encuestados por Eurobarómetro cree que la corrupción es un grave problema de su país, pero eso lo piensa sólo el 22 por ciento de los daneses. En España, el 70 por ciento de los encuestados cree que hay corrupción en los políticos nacionales, regionales o locales. Las causas, los estrechos vínculos entre política y negocios y la escasa respuesta de la justicia para castigar a los responsables. euroXpress