Según el informe anual del Defensor del Pueblo europeo, su oficina ayudó en 2011 a más de 22.000 personas, aunque la mayor parte obtuvieron asesoramiento a través de la guía interactiva de su página web. Los europeos siguen teniendo problemas a la hora de saber a quién acudir en caso de conflicto con las administraciones. Lo prueba el hecho de que de las 2510 quejas presentadas, solo el 27% entraban dentro del ámbito de competencias del Defensor europeo.

El 58% de las reclamaciones afectaron a la Comisión Europea, el 11% a la Oficina Europea de Selección de Personal y el resto a las demás instituciones y agencias de la Unión Europea. El 82% de las peticiones al Defensor llegaron de ciudadanos particulares y el 18% de empresas o asociaciones.

Los principales tipos de mala administración investigados estaban relacionados con la legalidad, equidad y solicitudes de información. El informe de 2011 destaca algunos asuntos tramitados y resueltos que «constituyen ejemplos de buenas prácticas». Un caso relativo al Registro de Transparencia de la Comisión Europea obligó al ejecutivo comunitario a publicar las normas para tramitar las reclamaciones, el cálculo de los presupuestos destinados a las actividades de los lobbies o cómo deben informar los grupos de interés sobres sus actividades subvencionables.

Por otro asunto tramitado por el Defensor, la Agencia Europea de Medicamentos acordó permitir el acceso del público a los informes sobre sospechas de graves reacciones adversas relacionadas con un producto farmacéutico. En otro caso, la Comisión tuvo que dar acceso a un demandante que solicitaba determinada información y que Bruselas negaba para proteger asuntos de defensa. Ha habido también quejas relativas a la política lingüística, entre ellas, contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior que, tras la investigación del Defensor, acordó aceptar preguntas por escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE y darle una respuesta en la misma lengua.

En total, se alcanzó un resultado positivo en 97 asuntos, cuando la institución afectada solucionó el caso, aceptó una solución amistosa o aceptó un proyecto de recomendación. En 47 reclamaciones se encontraron pruebas de mala administración.