España es el cuarto país del mundo en el que más ha crecido la preocupación por la corrupción, según el octavo informe sobre Corrupción Global elaborado por la ONG Transparencia Internacional. Para los españoles, la clase política es el foco de este problema.
Las calles de diferentes ciudades españolas se han vuelto a llenar de manifestantes. Las quejas de los que protestan han ido evolucionando desde hace un año cuando su mayor preocupación era el aumento del paro o los recortes sociales. Hoy, la corrupción ocupa todas las consignas y todas las portadas de nuestro país.
En Madrid, ante la sede del PP, decenas de ciudadanos muestran hoy su indignación ante las últimas noticias del llamado caso Bárcenas, ex tesorero del partido que gobierna y en prisión por otro caso de corrupción, que ha presentado pruebas según las cuales tanto el presidente del gobierno cuando era ministro de Aznar como otros altos cargos del partido recibieron sueldos extra, sin contabilizar, durante los años 90. Es decir, existía una contabilidad en B, en dinero negro.
La simple duda de que esto fuera así debería recibir una rápida respuesta, una explicación por parte del partido en el Gobierno y, sin embargo, la negación por respuesta y los comunicados de prensa reiterativos son lo único que llega a la población.
La radiografía a la corrupción más amplia hasta el momento
Los españoles sienten que sus gobernantes delinquen con impunidad, que se apoyan en estructuras delictivas y corruptas y, según el Barómetro Global de la Corrupción, presentado hoy por Transparencia Internacional (TIE), la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo, los partidos políticos – con una puntuación de 4´4 sobre 5- son el sector más afectado por la corrupción, por delante de los otros once evaluados: sector privado y empresa (3,3), Parlamento (3,9), medios de comunicación (3,2), Policía (3,1), sistema judicial (3,5), funcionarios públicos (3,3), sistema educativo (2,1) ejército (2,6), ONG (2,4), organismos religiosos (3,1) y sistema de salud (2,3).
Para el jurista Antonio Garrigues Walker, miembro de la ONG alemana, «cuanta más transparencia hay, la corrupción es más difícil», y por eso sostiene que el estamento político tiene que renunciar a la opacidad financiera. «No hay motivo alguno para que los partidos políticos tengan opacidad financiera», ha defendido.
El presidente de TIE, Jesús Lizcano, ha asegurado que las «listas abiertas e informadas del currículum de los candidatos también resultarían útiles para atajar la corrupción política» y ha añadido que «los partidos deberían ser los primeros en eliminar de sus listas a los imputados o investigados por corrupción».
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 muestra cómo la mayoría de los españoles piensan que se ha incrementado mucho la corrupción en España en los últimos dos años -el 66 % de los entrevistados, frente al 29 % que cree que no ha variado-. En comparación con los datos españoles, el 53 % de los 114.000 encuestados en 107 países cree que la corrupción ha empeorado en los últimos dos años y la calificación media del problema que supone esta lacra a nivel mundial se sitúa en el 4,1 sobre 5.
En el barómetro se refleja como España es el cuarto país de Europa que más cree que ha aumentado este problema, por detrás de Portugal, Francia y Chipre. Pero para Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración y miembro de Transparencia Internacional, «españoles y portugueses tienden a creer que hay más corrupción de la que realmente hay en sus países». «Somos muy depresivos en este aspecto y tenemos una visión muy crítica, quizá exagerada, de la corrupción que tenemos», ha apuntado.
El estudio pone de manifiesto que en demasiados países las personas no tienen confianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otros delitos. En 36 países se señaló a la policía como el sector más corrupto, y en esos mismos países, la policía había pedido al 53 por ciento de las personas que pagaran un soborno. En 20 países el poder judicial es percibido como el más corrupto, y en esos países, en promedio, al 30 por ciento de las personas que habían tenido contacto con el sistema judicial se les había pedido el pago de sobornos.
Según TIE, el 27 por ciento de los entrevistados ha pagado un soborno al acceder a servicios públicos e instituciones durante los últimos 12 meses, y esto revela que no hubo una mejora respecto de encuestas anteriores.
«Los índices de pago de sobornos a nivel mundial continúan siendo sumamente altos, pero las personas creen que tienen la capacidad de detener la corrupción y una proporción significativa está dispuesta a combatir el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno», observa Huguette Labelle, presidenta de Transparencia International.
España, según los datos, está entre los países del mundo donde se pagan menos sobornos, con un 2 % de ciudadanos que dicen haberlos pagado. Junto a Dinamarca, donde dicen pagarlos el 1 %, son las naciones más limpias en ese sentido, mientras que en Reino Unido el porcentaje llega al 5%, y en EEUU al 7 %.
El barómetro revela que el 66% de los españoles cree que el Gobierno actúa «en gran medida» o «totalmente» guiado por los intereses de grupos de presión y grandes empresas.
Una lucha esteril...pero se puede combatir
Uno de los datos que más preocupa a Transparencia Internacional es la percepción de los españoles de que «la lucha contra la corrupción es estéril» y, según las encuestas, los ciudadanos creen que la lucha contra la corrupción es ineficaz para el 72% y sólo el 9% cree que el gobierno está haciendo un trabajo eficaz contra el problema.
«Se necesita un liderazgo contundente especialmente por parte de los gobiernos del G20. En los 17 paí́ses del G20 incluidos en la encuesta, el 59 por ciento de los encuestados opinaron que su gobierno no está actuando adecuadamente para combatir la corrupción», ha indicado la presidenta de TIE.
Un 71% no denunciaría un caso de corrupción y un 72 % de los encuestados está convencido de que si conociera un caso de corrupción y lo denunciase no serviría para nada, lo que para TIE «es lo más triste del informe, lo más demoledor, esa sensación de derrota comparativamente con Europa».
En el ámbito global, según el barómetro, seis de cada diez encuestados confían en que la gente ordinaria tiene poder para cambiar el estado de las cosas, mientras el 40% restante cree que no está en sus manos.
El 84% de los interrogados agrega que estaría dispuesto a actuar contra la corrupción de alguna manera. El 80% está dispuesto a firmar una petición al gobierno, el 64% es favorable a manifestarse y el 54% denunciaría a través de las redes sociales.
La corrupción española en portadas internacionales
El problema de la corrupción no sólo es una percepción de los ciudadanos y hoy el diario The New York Times lleva en portada la situación de la corrupción en España. El periódico asegura que los jueces españoles están investigando actualmente a «cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Gobierno».
El artículo repasa, entre otros casos, el caso Urdangarín, la gestión de Carlos Fabra en Castellón o los posibles sobresueldos entregados por Bárcenas y sus antecesores a la cúpula del PP, actualmente en el Gobierno. Para The New York Times «España no es en absoluto el más corrupto de Europa» y, en este sentido, explica que «la corrupción es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta».
El diario estadounidense señala que en España «ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores». Pero, según subraya el periódico, «habría que reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años».
Países como Grecia, Italia, Portugal y España están inmersos en un proceso de austeridad y recortes para reducir su déficit y cumplir con las imposiciones europeas. Sus ciudadanos asumen los rigores de esos recortes en materia sanitaria, educativa y social y, sin embargo, no ven ejemplo en sus mandatarios, involucrados en procesos judiciales y casos de corrupción. Se aviva así un sentimiento de desencanto y decepción, de desobediencia civil y revuelta que está desestabilizando gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto.
