El Comité Moneyval, perteneciente al Consejo de Europa, encargado de luchar contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, ha publicado su informe anual en el que destaca que los Estados deben intensificar sus esfuerzos para conocer quien está detrás de las sociedades. Una información que debería ser accesible tanto para el resto de las empresas como para la policía.

El principal problema a escala mundial es la dificultad de identificar a los propietarios reales de las grandes empresas en las que se introducen productos de manera ilegal. Normalmente esta información es inexacta, no se encuentra disponible o no puede ser consultada por las fuerzas del orden.

Moneyval pide a los 33 países que lo integran que informen sobre las medidas que han implantado tras los acuerdos a que llegaron en el G-8 de junio de 2013. Se trata de «reforzar la confianza de la opinión pública en la capacidad de sus Estados, de detectar y perseguir a los grandes criminales y privarlos de las ganancias obtenidas indebidamente», ha declarado Anton Bartolo, presidente de Moneyval.

Entre las pautas recomendadas por el G-8, se encuentra la transparencia y la facilidad de acceso a la información sobre la propiedad de las empresas, por parte de otras sociedades, de las autoridades nacionales y para que determinados datos puedan ser conocidos por el público en general. También hacía hincapié en la importancia de la cooperación a nivel internacional y de las sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias que los países deben imponer a las empresas, instituciones financieras y otros organismos que se salten la normativa.

Moneyval aprecia una «mejora continua en el cumplimiento de las normas internacionales por parte de los Estados, especialmente en la prevención», pero todavía es insuficiente. Propone que se dupliquen los esfuerzos para obtener verdaderas condenas para delitos graves de blanqueo de dinero.

El Vaticano progresa adecuadamente

Entre los 33 países que examina Moneyval, destaca en este informe el «progreso significativo» de la Santa Sede desde que solicitó en 2011 una evaluación de su ley bancaria y financiera. El secretario ejecutivo del Comité, John Ringguth, destaca que la cooperación con el Vaticano es «muy abierta» y que las autoridades no han puesto ningún problema.

No obstante, de las 45 recomendaciones que le hicieron, solo han puesto en marcha completamente 22 y de las 16 fundamentales solamente cumplen 9. Mientras que las 23 restantes o no funcionan o se realizan parcialmente.

Moneyval, que evalúa a 28 Estados del Consejo de Europa (la mayoría del este) junto con Israel, Mónaco, Reino Unido, Rusia, Ucrania, Georgia, Andorra, Albania y las islas Guernsey, Jersey y Man pertenecientes a la corona británica, recuerda que el blanqueo de dinero a nivel mundial oscila actualmente entre los 500.000 millones y el billón de dólares.

Los restantes 14 miembros del Consejo de Europa que no son evaluados, entre los que se encuentran España, Alemania o Italia, pertenecen al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que trabaja en los cinco continentes.