EL CAIRO, (IPS) - Los egipcios acuden a las urnas este miércoles y el jueves para elegir al primer presidente desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero de 2011, pero los militares siguen sin mostrar señales de estar dispuestos a ceder el poder a un gobierno civil.

«Desmantelar el control militar sobre el Estado es un proceso que llevará años», dice Robert Springborg, profesor de asuntos de seguridad nacional en la Escuela de Postgrado Naval de Estados Unidos. «Los militares han fijado límites en los que el control civil no podrá entrar», añade.

Las Fuerzas Armadas han dominado la vida política de Egipto durante casi 60 años. Cuatro presidentes de origen militar y ahora un consejo de generales han gobernado el país desde que fue derrocado el último rey, en el golpe de Estado de julio de 1952.

Ese golpe dejó el camino libre para que los militares construyeran un imperio económico, administrando fábricas, cobrando comisiones por contratos del gobierno y amasando fortunas con la venta de tierras públicas.

Los expertos estiman que la oligarquía castrense controla entre el cinco y el 40 por ciento de la economía egipcia, pero la cifra real nunca se conocerá. La información sobre negocios militares se considera secreto de Estado. Un periodista que trate de investigarla puede terminar en prisión.

Durante años, los presidentes han pagado la lealtad de los militares otorgándoles diversos privilegios y ventajas. A los oficiales que se retiraban se les concedía algún cargo de autoridad en una provincia o localidad. Otros ocuparon puestos en compañías públicas. De esta forma, los militares retirados fueron ganando mucha influencia en diversos sectores del Estado, incluyendo el Comité de Elecciones, cuyos fallos no pueden ser apelados.

Las empresas propiedad de militares operaban libres de impuestos y de supervisión gubernamental, beneficiándose del acceso a tierras públicas y de la fuerza laboral de unos 250.000 presos. «Considerando el grado en que los militares egipcios han penetrado en el Estado, este se halla ahora más bien a su servicio», dice Springborg. «Los militares pueden hacer lo que quieran con los recursos del Estado. Operan sin supervisión ni responsabilidad alguna», añade.

Los principales candidatos presidenciales han prometido que las Fuerzas Armadas no estarían por encima del presidente ni de la Constitución. Pero desmantelar el control de los uniformados o revocar sus privilegios podría generar un fuerte enfrentamiento. «No veo a ningún actor político que desafíe a los militares directamente», señala Springborg. «Lo mejor que pueden hacer es comenzar a sentar las bases, para que dentro de un tiempo los generales queden bajo un mayor control civil».

El gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas había prometido entregar en seis meses el poder a un gobierno civil. Tras quedarse sin excusas por la demora en concretar su promesa, acordó celebrar elecciones presidenciales para ceder el mando a fines de junio próximo. Mientras, los generales aprovechan la prolongada transición para consolidar su poder. El Consejo designó a oficiales activos y retirados para administrar puestos civiles clave en la industria, los bienes raíces y en los medios.

También nombró a jueces militares para casos civiles, en los que se emitieron severos fallos contra personas que han criticado las políticas del gobierno de transición. Los líderes militares además han elaborado una severa legislación que restringe la libertad de prensa y prohíbe muchas formas de protesta popular.

Las iniciativas anticorrupción y los fallos para «restablecer la estabilidad» en Egipto parecen pretextos para reprimir el disenso y mantener los privilegios de que el ejército ha gozado por más de 60 años. El director ejecutivo de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Hossam Bahgat, mantiene que el Consejo intenta asegurar que sus privilegios queden fuera del alcance de un futuro gobierno civil.

Como mínimo, los generales quieren tener la última palabra en temas de seguridad nacional y asuntos militares, y salvaguardar su presupuesto y sus actividades económicas. «Está claro que el Consejo no quiere que un presidente civil elegido popularmente tenga controle el ejército», dice Bahgat.

Los generales todavía están a tiempo de establecer sus propias leyes. El parlamento egipcio no ha logrado instalar una Asamblea Constituyente que especifique los poderes del nuevo jefe de Estado. Expertos en leyes señalan que, a menos que se adopte una nueva Constitución, el Consejo mantendrá su autoridad sobre el presidente y el parlamento.

Pero aún en la nueva Carta magna los militares procuran asegurarse el poder, por ejemplo a través del propuesto Consejo de Seguridad Nacional, que estaría integrado por ministros, parlamentarios y altos mandos castrenses, lo que les daría a estos últimos voz en diversos temas, desde política exterior hasta economía. Según Bahgat, los líderes del Consejo conciben dicho órgano como una forma de «diluir el poder de la Presidencia», aunque ante el público se presentan como subordinados al gobierno civil.

De todas formas, es improbable que acepten una nueva Constitución sin que se les aseguren sus privilegios económicos y su influencia en la seguridad nacional, además de inmunidad jurídica, considerando las numerosas denuncias que se han hecho por abusos a los derechos humanos cometidos en los últimos 15 meses.