Como parte de su ritual anual, la Tercera Comisión de la ONU, que se ocupa de las cuestiones de derechos humanos, adopta todos los años resoluciones específicas sobre los países, en su mayoría contra las infracciones de Corea del Norte, Cuba, Irán y Siria, entre otros. Pero ninguna de esas resoluciones se adopta por unanimidad y, además, tienen un número cada vez mayor de abstenciones.

En noviembre, la resolución que criticó a Siria por violar los derechos humanos fue aprobada por 125 votos a favor, 13 en contra yhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do%3Freference%3DIP/07/1804%26format%3DHTML%26aged%3D0%26language%3DEN%26guiLanguage%3Den&prev=/search%3Fq%3DDigital%2BInclusive%2Be-Government%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhjrwsj4sNJYsXXvdCdr1fSbqMix1w 47 abstenciones. La de Corea del Norte tuvo 111 votos a favor, 19 en contra y 55 abstenciones, mientras que la de Irán tuvo 78 a favor, 35 en contra y 69 abstenciones.

Pero la ONU y su Consejo de Derechos Humanos rara vez investigan, si es que lo han hecho alguna vez, las muertes de civiles en Afganistán, Iraq, Libia y Yemen provocadas por aviones no tripulados («drones») o bombardeos aéreos de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

«Literalmente, se les perdonan asesinatos», afirmó un diplomático asiático, quejándose de la doble moral respecto de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra. Actualmente, el Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, tiene comisiones de investigación o misiones exploratorias relacionadas con Corea del Norte, Eritrea, Gaza, Siria y Sri Lanka.

Salvo en el caso de Gaza, donde se investiga la muerte de civiles provocada por Israel en el conflicto armado de 2014, la mayoría de estas violaciones de derechos humanos, como la represión política, las torturas o los crímenes de guerra, se cometen dentro de las fronteras territoriales de los países.

Gerald Horne, profesor de historia y estudios afroestadounidenses de la Universidad de Houston, nos dijo que incluso la reciente serie de tiroteos de la policía en varios estados de Estados Unidos contra civiles negros, en su mayoría desarmados, merece la investigación a fondo del Consejo de Derechos Humanos.

«Es cierto que los aliados de Estados Unidos la objetarán», dijo Horne. Pero el propio Washington «ha sentado un precedente con su frecuente petición de investigaciones de los asuntos internos de otros estados miembros de la ONU», argumenta.

«Dada la importancia que tiene Estados Unidos para el sistema mundial de gobernanza, es importante que esta nación no esté exenta de lo que se le exige a los demás», recomendó. «Como Estados Unidos es una potencia nuclear... es inquietante ver una insurrección urbana a pocas millas de la Casa Blanca en Baltimore, poco después de otro asesinato de un hombre afroamericano desarmado», comenta Horne.

Sería justo sugerir que esta situación también representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, lo cual la ONU no debe pasar por alto, añadió.

«Históricamente, Estados Unidos requirió la intervención externa para resolver cuestiones internas persistentes. Por ejemplo, ahora es bien sabido que los abolicionistas británicos tuvieron un papel importante a la hora de forzar el colapso de la esclavitud» en territorio estadounidense en el siglo XIX, indicó.

La cuestión del doble discurso político queda de manifiesto con Sri Lanka, un país acusado del asesinato de civiles en el final de la guerra civil (1983-2009) que enfrentó al Estado con la insurgencia separatista de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil.

El embajador de Sri Lanka, Palitha Kohona, sostuvo, ante el Tercer Comité de la ONU en 2014, que la situación actual en el Consejo de Derechos Humanos indica la gradual erosión de su credibilidad, como consecuencia de su creciente politización. «Un puñado de países fue seleccionado para recibir la atención adversa del Consejo, mientras que otros en circunstancias similares fueron ignorados», destacó entonces.

En cuanto a la resolución del Consejo en relación con su país, el embajador denunció que el texto viola los principios fundamentales del derecho internacional, que exigen que se agoten los mecanismos nacionales antes de recurrir a medidas internacionales, y que desafia la soberanía e independencia de Sri Lanka.

Con respecto al aumento de muertes civiles atribuidas a los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos, Hornenos dijo que la guerra jurídicamente cuestionable que Washington lleva a cabo con los «drones» es un lamentable complemento a las reiteradas muertes de hombres y niños afroestadounidenses.

Se sienta un precedente peligroso cuando a un estado miembro de la ONU, como lo es Estados Unidos, se le permite matar a sus propios ciudadanos y a otros en el extranjero, mientras que todo el tiempo se queja de los asuntos internos de otros países soberanos, expresó. Horne opina que existe una doble moral con respecto a la violación de derechos humanos en el mundo que corroe la paz y la seguridad internacionales.

Los antepasados ​​de las autoridades estadounidenses secuestraron a africanos de la región que se extiende desde Senegal hasta Angola, con un énfasis particular en la cuenca del río Congo, para luego dar la vuelta al Cabo y esclavizar a los africanos en Madagascar, Mozambique y Zanzíbar, recuerda.

«Este crimen contra la humanidad debilitó a todos estos estados miembros de la ONU y luego, para agravar el delito original, a los descendientes de estos africanos cautivos ahora se les mata como a jabalíes en el bosque», exclamó.

Lamentablemente, señala Horne, la comunidad internacional mantiene silencio sobre este ultraje, lo cual convence a las autoridades de Estados Unidos de que, si pueden matar a sus propios ciudadanos con impunidad, entonces, seguramente pueden actuar de manera similar en el extranjero con la guerra de «drones».

Este asunto reclama la «intervención humanitaria» de la comunidad internacional, declaró, en un desafío a la ONU.

En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos en marzo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, criticó la práctica de algunos Estados que destacan la situación de otros, con el fin de beneficiar sus propios intereses políticos o nacionales.

A pesar de haber ratificado la Carta de la ONU, que reafirma su fe en los derechos fundamentales, hay algunos Estados miembros que, «con una regularidad alarmante», ignoran y violan los derechos humanos, «a veces hasta un grado sorprendente», dijo el funcionario.