Ignacio Ruipérez Arregui, controlador aéreo español, expuso este lunes ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo la situación laboral de los controladores con las nuevas condiciones de trabajo y el recorte de salarios que les impuso el gobierno de Rodríguez Zapatero tras los paros que dejaron en tierra a cientos de miles de pasajeros.

En su petición el colectivo de controladores entiende que su situación ha empeorado la seguridad aérea del territorio español, además de considerar que es anticonstitucional porque se anulan por real decreto los derechos adquiridos e infringe el derecho europeo en materia social.

Ruipérez argumentó ante los eurodiputados que «Volar en territorio español continúa siendo una tarea altamente peligrosa» ya que las reformas laborales, dijo, no cumplieron la exigencia de un análisis previo de impacto y de riesgo para la seguridad aérea, prevista en la normativa europea. Entre otras cosas argumentó que «España está en las antípodas de estos reglamentos». Además, continuó, «estudios matemáticos basados en incidentes aéreos del último año sugieren que desde la falta de diálogo entre el gobierno y los controladores la inseguridad en nuestro cielo se ha incrementado hasta un 75%».

En otra petición paralela, la Unión Sindical de Controladores Aéreos expone que la ruptura unilateral de las negociaciones laborales por parte del gobierno español y la aprobación del Real Decreto vulneró los derechos sindicales y laborales de los controladores, reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El representante sindical español citó datos del Performance Review de la página web de Eurocontrol y denunció que en el último año se han registrado «47 cuasi colisiones (incidentes de tipo A) y 95 accidentes aéreos (tipo B)- en España el año pasado, comparado con ninguno en el Reino Unido en ambas categorías».

La representante de la Comisión Europea en el debate, rebatió esas cifras que dijo habían surgido del borrador de un informe que más tarde fue modificado e insistió en que «todas estas alegaciones no están respaldadas por pruebas de violación de la reglamentación comunitaria, por mucho que ustedes citen referencias a reglamentos de la UE o a la normativa sobre Cielo Único Europeo». Por su parte los eurodiputados españoles, Miguel Ángel Martínez (PSOE) estuvo de acuerdo con la Comisión en que el europarlamento no tiene competencia sobre la cuestión y Carlos Iturgáiz (PP) se pronunció a favor de que ambas denuncias sigan su curso, que es lo que se decidió finalmente. Las denuncias serán enviadas de nuevo a la comisión de Transportes de la Eurocámara para que vuelva a estudiarlas.