El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sido el punto de partida de la marcha. Allí se ha procedido a la lectura del manifiesto elaborado por el colectivo 'Carta por la Ciencia' - formado por la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE), la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), la plataforma 'Investigación Digna', la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), CC.OO y UGT - en el que piden un cambio en la política de I+D+i para evitar la pérdida de talento en nuestro país. De allí, unas 5.000 personas, según cifras de la organización (10.000 personas para los sindicatos y unas 2.500 para la Policía), han marchado por el paseo de la castellana hasta llegar al Ministerio de Economía.
La manifestación, integrada bajo el lema «Salvemos la ciencia. Sin I+D+i no hay futuro», tenía como objetivo entregar la carta firmada al Ministro Luis de Guindos o a Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación pero, según le han comunicado a los portavoces de la marcha, «el ministro está en un acto internacional y la secretaria de Estado tenía un acto con presencia de la Casa Real». Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, ha lamentado que nadie del Ministerio les reciba, como habían solicitado previamente, y que «no es que se sientan huérfanos, sino que el Gobierno desprecia la ciencia».
Andradas ha reconocido que no se está cumpliendo la tasa del 10 por ciento de reposición del personal. «El 1 o el dos por ciento es lo que se está reponiendo, no ha habido contratos nuevos y los contratos de estabilización se están haciendo a cuentagotas, mientras los fondos de las nuevas convocatorias siguen sin llegar».
En la carta se recuerda que desde 2009 se ha reducido el presupuesto del sector en más de un 40 por ciento, con una dotación prevista en 2013 de 5.932 millones de euros, un 0,5 por ciento del PIB nacional, a lo que habría que añadir los recortes en los presupuestos autonómicos y la caída en la inversión privada.
El Plan de Reformas de la Unión Europea, que inicialmente proyectaba que la inversión en ciencia alcanzase el 3 por ciento del Producto Interior Bruto en el año 2020, redujo este objetivo al 2 por ciento, todavía cuatro veces por encima de la asignación actual de España. Amaya Moro-Martín, portavoz de la organización Investigación Digna ha destacado que «la comunidad científica se ha dado cuenta de que esto no tiene vuelta atrás».
Además, en un decálogo para un futuro acuerdo con las fuerzas políticas se pide la eliminación de la restricción del 10 por ciento de reposición de empleo público en todo el sector de la I+D; inversiones que permitan cumplir el compromiso del 2 por ciento del PIB en el periodo 2013-2016, el mantenimiento de una inversión pública en ciencia básica; la ejecución del 100 por cien del presupuesto aprobado para I+D+i (el año pasado, las sociedades científicas detectaron más de 2.000 millones de euros del presupuesto para I+D sin ejecutar); la transferencia de fondos a centros y grupos con proyectos aprobados; y la creación de la Agencia Estatal de Investigación, entre otros.
Con esta carta, la comunidad científica pretende evitar el desmantelamiento del sistema público de I+D+i. En la misma línea, los sindicatos participantes han pedido el cese de «las agresiones contra la universidad, la ciencia y la investigación» y han reivindicado políticas de inversiones «que al menos sitúen a España en la media de la Unión Europea».
Los científicos jóvenes lo son fuera de España
Hasta ahora, a diferencia de la educación o la sanidad, la ciencia no ha logrado la respuesta social que logre presionar a la Administración pública de un sector que se vacía de profesionales en busca de más recursos y posibilidades de investigación fuera de nuestra fronteras.
Según la autoproclamada Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, la ciencia española pierde «miles de investigadores formados y doctorados» al año, una cifra que el portavoz de la asociación considera «conservadora». Su portavoz, José Manuel Fernández se muestra especialmente preocupado por «el eslabón más débil de la cadena, los jóvenes, que son los que trabajan a través de convocatorias y, como estas no salen o se les acaban sin opción a renovar, se tienen que ir al extranjero».
«Estamos acostumbrados a salir, lo que nos preocupa es que un científico español pida recursos para trabajar en otro país, esos recursos no van a venir a España», ha explicado Fernández.
La portavoz de la plataforma Investigación Digna, Amaya Moro-Martín, ha denunciado que el sistema de investigación «se encuentra ahora mismo al nivel de hace 12 años» y ha señalado que la situación actual «se está cargando el capítulo humano» y está llevando a España a perder «varias generaciones de investigadores» lo que, a su juicio, «no se recuperará hasta dentro de una década».
Además de en Madrid, también se han celebrado manifestaciones en otros lugares de España tales como Barcelona, Granada, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.
Decálogo para un acuerdo futuro
Para «paralizar el desastre», los científicos españoles han presentado un decálogo que propone «un acuerdo social y político para preservar la I+D+i de los vaivenes económicos y políticos»con las siguientes peticiones:
1. Puesta en marcha del Plan Estatal de I+D+i 2013 y cumplimiento estricto de los plazos en el futuro.
2. Coherencia en la política de recursos humanos para atraer y retener el talento en España, manteniendo el talento actual y en especial los contratados Ramón y Cajal, y planificación consensuada de una carrera investigadora coherente, capaz de evitar la pérdida irreparable de generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación.
3. Eliminación de la restricción del 10% en la tasa de reposición de empleo público en el conjunto del sector de I+D+i.
4. Lanzamiento de la Estrategia de I+D+i con inversiones que permitan cumplir el compromiso de una inversión del 2% del PIB en el período 2013-2016.
5. Mantenimiento de la inversión pública en ciencia básica.
6. Ejecución del 100% del presupuesto aprobado para I+D+i por las Cortes Generales. En años anteriores ha sido imposible gastar una parte importante del presupuesto debido a su propia estructuración.
7. Transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos aprobados, independientemente de si su Comunidad Autónoma ha cumplido el objetivo de déficit o no.
8. Aplicación y desarrollo del título II de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación que se refiere al Personal de Investigación.
9. Creación de la Agencia Estatal de Investigación como un organismo autónomo e independiente con un presupuesto plurianual.
10. Apertura de un proceso de negociación que lleve la consecución de un acuerdo social y político para preservar la I+D+i de los vaivenes económicos y políticos.
El manifiesto propone que «en los próximos días el Gobierno debería tomar decisiones que eviten el derrumbe del sistema», como llevar a cabo «aportaciones financieras a organismos al borde de la quiebra como el CSIC», el mayor organismo público de investigación de España y con un agujero presupuestario de 100 millones de euros.
De no adoptarse un cambio de rumbo – concluye la carta - la actual situación puede derivar en la ruina del sistema científico español y de los recursos humanos e institucionales de que nos hemos dotado a lo largo de los últimos 30 años.
