En la votación del 10 de septiembre, el Pleno del Parlamento ha decidido elevar al 6% el uso de biocarburantes para el 2020 mientras que la Comisión Europea quería limitarlo al 5%. Se trata de biocarburantes de primera generación, es decir, procedentes de productos alimentarios como el maíz, la colza, el trigo, la palma o la remolacha, principal motivo de polémica para ONGs y asociaciones de agricultores de toda Europa, pero también para los Estados miembros que han participado en la sesión plenaria del Parlamento y que se mostraban claramente divididos.

Por otro lado, los eurodiputados han decidido que las emisiones de CO2 resultantes del uso de tierras de cultivo para la producción de energía se tendrá en cuenta a la hora de calcular el efecto invernadero de los biocombustibles, elemento de evaluación que reclamaba los ecologistas y que hasta ahora no se tenía en cuenta.

Para la CE, el objetivo es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocarburantes compuestos con algas y residuos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si los Estados miembros se han comprometido para el 2020 a que las energías renovables supongan al menos un 10% de las fuentes de transporte utilizadas, la Comisión presentó una normativa por la que el porcentaje de biocombustibles de primera generación no sobrepasará el 5% de esas energías y que el otro 5% será cubierto con biocombustibles de segunda generación. Sin embargo, los eurodiputados se han mostrado menos ambiciosos. En el paso de la propuesta a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo se apoyó un tope del 5,5% y al llegar a la Comisión de Energía se amplió hasta un 6,5%.

Esta última, además, planteó la introducción gradual de objetivos obligatorios para la utilización de los nuevos biocombustibles: un 0,5% en 2016, un 2,5% en 2020 y un 4% en 2025 para toda la Unión Europea.

No se cumplen las expectativas de las ONG

Durante las últimas semanas, plataformas rurales, ONGs y grupos ecologistas han demandado la atención de los eurodiputados para que, como mínimo, aceptaran la propuesta de la Comisión Europea para limitar el uso de biocombustibles procedentes de cultivos, pero parece que sus demandas han caído en saco roto. En España, en la semana decisiva sobre la revisión de la directiva de Agrocombustibles Europea, 30 organizaciones defensoras del medio rural y la Soberanía Alimentaria pidieron por carta al Gobierno que frene su uso y promoción y que mantuviera una postura firme ante el Pleno.

Para Plataforma Rural y la Coalición Clima, las principales organizaciones firmantes, el uso creciente de agrocombustibles está generando importantes impactos en los lugares de cultivo de sus materias primas. Entre los más graves figuran la deforestación, el acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades campesinas, la competencia con la alimentación y el fomento de monocultivos.

Según la plataforma rural, el gran peligro son posturas como la de Lituania - que preside la CE este semestre - que asegura que la revisión de la Directiva no es necesaria y propuso ampliar el límite del 5% propuesto por la CE para uso de agrocarburantes hasta el 7%, muy por encima de los niveles actuales de consumo. Esta propuesta finalmente ha sido bien acogida a juzgar por la decisión del Pleno.

Biocombustibles en España

En España, el 93% del biodiesel consumido se genera a partir de aceites de monocultivos similares a la palma y la soja que implican emisiones por cambios indirectos de uso del suelo (ILUC). En este sentido, el reciente estudio «Biocarburantes - ¿A qué coste? Una revisión de los costes y beneficios de las políticas españolas de biocarburantes», publicado por el Instituto Internacional por el Desarrollo Sostenible, ha calculado que lejos de reducir emisiones de GEI, los agrocombustibles consumidos en el Estado español supusieron un incremento de 6,5 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en 2011.

Ese mismo año según el estudio, el sector recibió más de 1.000 millones de euros de ayudas públicas, cuando sus beneficios económicos y, sobre todo, socioambientales son ampliamente cuestionados en comparación con otras energías renovables que han ido perdiendo apoyo gubernamental.

Según los datos del Instituto Internacional por el Desarrollo Sostenible, la Unión Europea importó en 2012 más de 6 millones de toneladas de aceite de palma para ser empleado en alimentación y cosmética (61%), producción de energía y calor (9%) y fabricación de biodiesel (30%). Estas cifras delatan un gran cambio respecto al año 2006 en el que la UE importó en total 4 millones de toneladas de las que sólo el 9% se destinó a la fabricación de biodiesel.

Entre 2006 y 2012 el incremento de importación de aceite ha sido del 40% y España es de los países que más han aumentado su compra, el tercer importador después de Países Bajos y Bélgica, pasando de 30.000 toneladas en 2006 a 200.000 toneladas en 2012.

Para Amigos de la Tierra «a menos que los eurodiputados voten esta semana para limitar los agrocombustibles, la dependencia del aceite de palma seguirá aumentando para así cumplir con los objetivos de 2020. La producción de biodiesel procedente de cosechas europeas se está estancando mientras se estima que el uso del aceite de palma para biodiesel aumentará un 40% más hacia esta fecha.»

Según Coalición Clima, «ninguno de los 3 objetivos por los que la Unión Europea decidió impulsar el consumo de agrocombustibles se están cumpliendo: ni reducción de emisiones GEI, ni una mayor seguridad energética, ni oportunidades de empleo y desarrollo rural. Nuestra sociedad está pagando un gran coste por unos resultados insuficientes en algunos casos, y negativos en otros muchos.»

Basándose en los diferentes estudios, Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra advierte que «si los eurodiputados votan a favor de más agrocombustibles para alimentar a nuestros coches, estarán votando a favor de más hambre para las poblaciones vulnerables del mundo, o, si no, un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero.» Para Spendeler «es una decisión irresponsable e inmoral por parte de los representantes políticos.»

El Gobierno español ya ha adoptado medidas que limitan el uso de biocombustibles de primera generación como el fin de la exención fiscal a los agrocombustibles o la reducción sustancial en los objetivos obligatorios de consumo para 2013. Pero las plataformas rurales y ecologistas le piden además que defienda la inclusión de factores ILUC obligatorios para asegurar que todos los impactos climáticos de los agrocombustibles se tomen en cuenta, que refuerce y limite los agrocombustibles que compiten por la tierra con los cultivos alimentarios, que promueva alternativas verdaderamente sostenibles y que reduzca de manera sustancial el consumo energético en el transporte para 2020.

El pequeño logro es que el Pleno ha apoyado la inclusión de la variable «cambio de uso indirecto del suelo» (ILUC) a la hora de valorar la apuesta por los biocombustibles.

El uso de tierras agrícolas para producir biocombustibles reduce la superficie disponible para los cultivos alimentarios y a esto se suma la presión para liberar más tierra, por ejemplo a través de la deforestación, para cultivar más alimentos. Es lo que se conoce como «cambio de uso indirecto», un proceso que se ha comprobado que en sí mismo aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contrarresta parte de los efectos beneficiosos del uso de biocombustibles.

El Parlamento pidió ya en 2008 tener en cuenta el factor ILUC en la política de biocombustibles de la UE.