«Con frecuencia los Estados miembros se guían por la necesidad de gastar el presupuesto asignado, más que por una evaluación de la adecuación de los propios proyectos», asegura el informe publicado por el Tribunal de Cuentas.

La UE destinó un presupuesto de 5.000 millones de euros en el periodo 2007-2013, mas 2.000 millones de euros adicionales procedentes de los Estados miembros en concepto de fondos para la diversificación de la economía rural. Estas ayudas tienen como objetivo resolver problemas vinculados al entorno rural como la despoblación, la falta de oportunidades económicas y el desempleo, mediante la financiación de proyectos de particulares y empresas destinados a respaldar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible.

«En algunos casos se financiaron todos los proyectos presentados mientras había presupuesto suficiente, independientemente de la evaluación del proyecto en términos de su eficacia y eficiencia. Y, posteriormente, al escasear la financiación, se rechazaron proyectos de mejor calidad», asegura el informe que revisa la situación de la Comisión y de seis estados miembros: República Checa, Francia, Italia, Polonia, Suecia y el Reino Unido.

Para los autores del informe especial «la prioridad estratégica de creación de empleo no estaba bien definida. Los métodos de control y evaluación en vigor no permitieron determinar con claridad la situación de los puestos de trabajo creados y mantenidos mediante estas medidas».

Más aun, el Tribunal de Cuentas ha constatado que muchos proyectos se llevaron a cabo igualmente, sin la financiación de la UE, lo que no mejoró la situación si no que en muchos casos la empeoró con gastos excesivos, carga administrativa y retrasos en los pagos.

Según Jan Kinst, miembro del Tribunal y responsable del informe, «el hecho de que los Estados miembros y las regiones controladas no hayan especificado claramente qué desean lograr indica que se trata de una estrategia inducida por la demanda más que orientada a los objetivos. En la práctica, ello originó situaciones en las que prácticamente cualquier tipo de proyecto podía adecuarse a los objetivos fijados».

Recomendaciones del tribunal de cuentas europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publica sus informes especiales a lo largo de todo el año y presenta los resultados en ámbitos presupuestarios y de gestión de la UE.

En este último informe ha concluido que «los Estados miembros sólo han conseguido hasta cierto punto optimizar sus recursos porque la ayuda no se destinó sistemáticamente a los proyectos que mayores probabilidades tenían de lograr las finalidades de las medidas». Y ésto porque «no se determinaron claramente las necesidades de intervención ni se fijaron objetivos específicos en los programas de desarrollo rural (PDR), para los que se adoptaron criterios de selección que no permitieron elegir los proyectos más eficaces o no se aplicaron en absoluto».

Para evitar esta ineficacia, el Tribunal de Cuentas recomienda que los Estado miembros precisen claramente objetivos específicos y medibles a la hora de solicitar las ayudas mientras que la Comisión debe aprobar aquellos proyectos que presenten esas estrategias justificadas y globales que demuestren cómo la intervención de la subvención pública creará condiciones favorables al crecimiento y oportunidades de empleo.

Los auditores piden a la CE y a los Estados miembros que garanticen que en el próximo período de programación tendrán toda la información pertinente y fiable para facilitar la gestión y el control de las medidas, y para demostrar hasta qué punto la ayuda otorgada contribuye al logro de las prioridades de la UE. Las metas de creación de empleo deben ser realistas, advierte el TCE, y las cifras de creación de puestos de trabajo han de ser objeto de un seguimiento adecuado.

El informe completo, titulado «¿Han logrado los Estados miembros y la Comisión optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural?», se puede consultar en la página del TCE.