En el escaparate de una tienda de mascotas en El Cairo se ofrecen perros, gatos y loros. Pero si lo que uno está buscando son animales más exóticos, también puede preguntar en el mostrador por cocodrilos o cachorros de león.

El tráfico de animales salvajes está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), de la que Egipto es firmante.

Pero décadas de controles fronterizos ineficaces y de indiferencia policial han convertido a este país del norte de África en un importante centro de este comercio ilegal.

Los conservacionistas sospechan que las bandas criminales han expandido sus redes y aumentado el tráfico de especies protegidas y en peligro aprovechando la conmoción política que azotó la región a partir de la Primavera Árabe.

«Desde la revolución de 2011, Egipto ha tenido menos recursos para hacer cumplir la ley, y los traficantes lo saben», nos dice un funcionario del Ministerio de Ambiente. «El país afronta muchos problemas políticos y económicos serios, y controlar si los cargamentos traen animales silvestres no es una prioridad».

El Cairo es más bien un punto de tránsito para los animales con los que se trafica desde África a mercados en Asia y el Golfo. Las especies raras o en peligro son transportadas de forma clandestina en barco y avión, o pasadas por los contrabandistas a través de las porosas fronteras con Libia y Sudán.

En los últimos años, las autoridades egipcias han incautado tortugas moribundas escondidas en carteras, aves exóticas con sus picos atados e insertadas en rollos de papel higiénico y un par de delfines en una piscina sucia.

Los funcionarios de aduanas también descubrieron bebés de chimpancés drogados con jarabe para la tos que se pasaban de contrabando en jaulas. A muchos de estos animales los ocultan en apartamentos alquilados en El Cairo o en la norteña ciudad de Alejandría, que sirven además como lugar de exposición para posibles compradores.

Otros van a parar a las jaulas sucias y atiborradas de las tiendas de mascotas, o terminan en los cada vez más numerosos zoológicos privados del país.

Una tienda de mascotas autorizada en el distrito de Zamalek en la capital mostraba en su escaparate a animales domésticos tradicionales, así como alimentos, collares y juguetes.

Pero dentro buscaba satisfacer gustos más extravagantes, ofreciendo crías de cocodrilo, zorros del desierto y hasta un buitre adulto, que fue vendido a un empresario local por 1.200 dólares. Las autoridades clausuraron la tienda el año pasado, ante las quejas de los residentes.

Pero «no cerraron el negocio porque vendía especies en peligro o por el maltrato a los animales», dijo Dalia Awad, que vive en el vecindario. «Fue porque los vecinos se quejaban del olor».

Los negocios de venta de animales funcionan esporádicamente. Pero uno de los que ha prosperado y se ha mantenido es Tolba Kingdom Reptiles, de la familia Tolba. Su sala de exposición se encuentra en Abu Rawash, a 30 kilómetros de El Cairo, y contiene una macabra colección de lagartos disecados, un león en las mismas condiciones y una hilera de cuernos de gacela.

También hay enjauladas hienas, aves de rapiña, servales, zorros del desierto y mangostas. En otro edificio hay gorilas. «Podemos conseguir cualquier animal y embarcarlo a cualquier lado», dice Salah Tolba, quien dirige el negocio familiar. «La mayoría de los traficantes no saben cómo tratar a los animales salvajes, y muchos mueren por el trauma».

«Pero nuestra familia tiene una larga experiencia en este negocio. Tenemos grandes jaulas y tratamos a los animales mejor que en el zoológico», asegura.

Esto probablemente sea cierto, reconoce la activista por el bienestar animal Dina Zulfikar. «Pero, en general, ninguno respeta los estándares aceptados para mantener animales en cautiverio».

Las especies confiscadas por las autoridades egipcias son enviadas al Zoológico de Giza, administrado por el gobierno. Ese parque fue expulsado de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios en 2004 por las deplorables condiciones en que mantenía a los animales y la forma en que los trataba.

Muchos de los leones y chimpancés que se encuentran hoy en ese zoológico han sido incautados en redadas a colecciones privadas.

Los animales se convierten en fuente de ingresos para los mal pagados funcionarios del parque, que los sedan y permiten que los visitantes los toquen a cambio de propinas. «No reciben ninguna atención... y mueren o los roban, los usan para sesiones de fotos o los venden a entrenadores de circos», denunció Zulfikar. «Los veterinarios de los zoológicos realizan experimentos de fertilización in vitro en los leones».

Desde los años 90 se multiplicaron en Egipto los zoológicos privados y los centros de reproducción de fauna. Algunos, como el Lion Village, reciben a turistas, pero otros están cerrados al público, rodeados de vallas y vigilados por guardias con armas automáticas.

«Las autoridades en Egipto son ineficaces», dice el fotógrafo y conservacionista Karl Ammann. «Es imposible que alguien haga algo. La policía le tiene miedo a estos contrabandistas».

El documental de Ammann «The Cairo Connection» (Contacto en El Cairo), de 2006, expuso el contrabando de primates y la forma en que operaban los centros de reproducción. Uno de los principales traficantes, que pasan de contrabando chimpancés y gorilas desde África central vía Egipto desde hace varias décadas, se encuentra ahora en una prisión de Nigeria. Pero sus tres hijas habrían continuado el negocio, ayudadas por otro familiar que trabaja como guardia fronterizo en Libia.

Otro traficante de primates opera en el balneario de Sharm el Sheij con la cobertura de conducir un «centro de rescate» de la fauna nacional.

Decenas de gorilas y de chimpancés languidecen en sus jaulas, en buena medida por un vacío de la CITES, que autoriza tener en cautiverio una cuota de ejemplares de cada especie, en vez de exigir un permiso individual para cada animal.

Esto demuestra que las autoridades egipcias, e incluso los representantes locales de la CITES, es cómplice de los traficantes, afirma Ammann.

Señala que «las autoridades saben lo que está pasando en esas instalaciones y nunca intervienen, como exige el artículo 8» de la CITES.