El gobierno de EE.UU., aliado de Israel, y la Unión Europea ya habían criticado el proyecto de construcción de nuevas viviendas en zona palestina. Al anuncio de ese plan el viernes se une ahora la confiscación de los 450 millones de dólares del dinero de impuestos y aranceles que el estado hebreo recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y que está obligado a transferirle según los acuerdos de paz de Oslo.

El diario israelí Haaretz, anuncia en su edición de hoy que el malestar en las capitales europeas podría llegar a traducirse incluso en la llamada a consultas de algunos embajadores. La protesta escogida finalmente por los países que han llamado a los embajadores ha sido menos dura, desde el punto de vista de las normas diplomáticas.

Haaretz, que citaba fuentes diplomáticas de varios países europeos, asegura que el enfado se debe no tanto a la construcción de nuevas viviendas para colonos judíos en los asentamientos sino, sobre todo, a la decisión de llevar a cabo el proyecto denominado E1.Un proyecto urbanístico que pretende unir las colonias de Jerusalén Oriental con la de Maale Adumín, lo que impediría la continuidad territorial de Cisjordania y haría inviable el establecimiento de un Estado palestino.

Para Francia y Reino Unido, la construcción de E1 es «una línea roja». Alemania, de momento se ha limitado a declarar que ve el tema con «extraordinaria preocupación». Rusia ha expresado su «más seria preocupación» y califica los asentamientos de ilegales.

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