Análisis de Fabiana Frayssinet

«Linchamiento» («lynching») tiene su origen en la Guerra de Independencia estadounidense, cuando el juez Charles Lynch decidió castigar fuera de la ley a un grupo de leales al imperio británico pese a que ya habían sido absueltos por un jurado oficial, recuerda en un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leandro Gamallo. Después el término se utilizó para designar la práctica de los «cazadores de hombres» -hombres blancos del sur de Estados Unidos- que organizaban «patrullas» civiles para capturar a supuestos maleantes. Esta «justicia popular» daría después paso al «uso de la fuerza colectiva como un método de explotación y segregación racial realizada por los blancos hacia los negros», especifica Gamallo.

Los linchamientos han vuelto al debate latinoamericano, cuando instigados o apenas reflejados por los medios (según un inacabado debate) surgieron en Argentina, un país donde no existe una «justicia comunitaria tribal» arraigada, como la de Bolivia, Ecuador o Guatemala. Estos asesinatos ya son bien conocidos en Bolivia, donde la Defensoría del Pueblo informó de 53 casos entre 2005 y octubre del 2013. También se cometen en Brasil, México, países andinos y centroamericanos.

En Guatemala, el politólogo Marcelo Colussi los vincula a un tejido social descompuesto por más de tres décadas de conflicto armado interno (1960-1996). Pero en todos los casos, el común denominador parece ser el mismo: víctimas pobres, indígenas o negras y una privatización de la justicia ante la inseguridad real o aparente. Los muertos «siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo» en Guatemala son los «indígenas de origen maya, por siempre pobres», asevera Colussi.

El historiador argentino Diego Galeano, de la Universidad Federal de Río de Janeiro considera que «hay un proceso de estigmatización de jóvenes pobres», aunque destaca que es prematuro aseverar que existe una ola de linchamientos en su país. Sin embargo, Galeano, investigador de la historia transnacional del delito en América del Sur, advierte sobre la gravedad de un «desplazamiento del modo en que se regula la violencia» en Argentina.

La socióloga argentina Maristella Svampa se remontó a los saqueos de finales de 2013, iniciados en la provincia de Córdoba, para recordar que allí «asomaron intentos de linchamiento a supuestos saqueadores cuyo único delito, además de la portación del rostro (jóvenes pobres y morenos), era atravesar el barrio Nueva Córdoba, sede de sectores medios y acomodados».

Pero hay otro ángulo que, según la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo público, merece una advertencia: el de los grupos armados dispuestos a intervenir contra los saqueadores (que pueden verse en fotos divulgadas en redes sociales) que interpreta como «un tenebroso intento de privatización de la justicia». «Ambos hechos (intento de linchamiento y grupos de autodefensa), como respuesta colectiva a los saqueos, desvelaron un síntoma de profundo retroceso de la democracia y de los derechos humanos», plantea Svampa. Alerta que de esa forma, «en un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social y discursos punitivos, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora».

En Argentina, como señaló el experto en políticas de seguridad Luis Somoza, los linchamientos se dan en un escenario de aumento de la delincuencia. Por eso, son «el reflejo de una sociedad totalmente saturada del nivel de inseguridad alcanzado», explica este profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. «La gente tiene la percepción, cuando no el dato de la realidad, de que el Estado no la protege», argumenta.

Pero este «retroceso a un estadio primitivo de la sociedad» vislumbra el riesgo adicional de una «probable aparición de fuerzas no estatales que se adjudiquen el papel de defensa, que se dan en llamar fuerzas de autodefensa, milicias, paramilitares, escuadrones de la muerte», advirte.

El defensor penal juvenil de la ciudad de La Plata, Julián Axat, asocia el fenómeno a la impunidad de otros linchamientos menos publicitados o ignorados por los medios. Hay miles de casos de golpizas que anteceden las detenciones de adolescentes pobres, «correctivos» como patadas, cachetazos, empujones y escupidas que parecen aceptados en el «imaginario policial». Axat ha publicado en un artículo que «la impunidad de los linchamientos es lo que más genera el clima de repetición. No son los medios, es la policía y la justicia los que no los detienen».

«Como dijo Bertolt Brecht, hoy serán los negritos de pelo ensortijado, mañana posiblemente sus captores, mientras los poderosos de siempre y sus policías se lo agradecerán pues seguirán haciendo estupendos negocios con la 'inseguridad' y con una sociedad donde los pobres matan a los menos pobres y la clase media autoritaria aplaude», sintetiza el abogado de derechos humanos Claudio Orosz.

En todo caso, la experiencia guatemalteca evidencia la inutilidad del linchamiento como forma disuasiva del delito. «Pese a haberse 'ajusticiado' a numerosos delincuentes... el índice de criminalidad en todo el país, y en las exzonas de guerra también, continúa siendo alarmantemente alto», aclara Colussi.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández aseguró el 31 de marzo que «todo lo que sea generar violencia, siempre, siempre engendra más violencia», en referencia a un fenómeno cuya palabra, linchamiento, evito nombrar.