Por Federico Mayor Zaragoza *

Barcelona, (IPS) - Entre el 12 y el 15 de junio tendrá lugar en Madrid el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que reunirá a una selección internacional de expertos, premios Nobel de la Paz y representantes de instituciones internacionales y no gubernamentales especializadas en el tema. Asistirán varios miles de personas, entre las que se incluyen testigos, excondenados y familiares de sentenciados a la pena capital procedentes de unos 90 países.

Este gran acontecimiento tiene cada vez mayor visibilidad en el calendario de los derechos humanos y una mayor influencia en la política internacional. Se presentarán los datos actuales de la larga y dura batalla contra la pena de muerte en el mundo. En líneas generales, es claro que nos estamos encaminando hacia un mundo libre de la pena de muerte. El pasado diciembre, una mayoría de países votaron a favor de la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que promueve la suspensión de la pena de muerte. Esta fue la cuarta votación desde 2007, y cada vez ha aumentado el número de naciones que apoyan la moratoria.

Esta poderosa señal política y diplomática está acompañada de hechos positivos. Cada vez es mayor el número de países que consideran que la pena capital es indebida y errónea, tanto humana como jurídicamente. Según la ONU, unos 150 países han abolido hasta ahora la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo cual constituye un gran avance, ya que en los años 70 solo 16 lo habían hecho.

El rechazo a las ejecuciones por el Estado en todas las regiones, culturas y religiones ha cobrado fuerza al haberse puesto en evidencia progresivamente que esta horrenda práctica es cruel, irrevocable y una violación del derecho a la vida. Y que no tiene ningún efecto disuasorio en el grado de criminalidad. Bien al contrario, incita a la violencia.

Una de las regiones que será objeto de particular atención es la que comprende el Medio Oriente y el norte de África, donde, en contraste con África subsahariana y con independencia de los progresos alcanzados gracias a la lúcida y perseverante acción de ciudadanos comprometidos, son múltiples los desafíos que deben todavía abordarse. Amnistía Internacional indica que en Iraq se ejecutaron 129 personas el año pasado y que Irán se sitúa en segundo lugar después de China en el número de ejecuciones, mientras que Yemen continúa horrorizando a la opinión pública al ejecutar a personas que supuestamente cometieron crímenes cuando eran menores de edad.

Arabia Saudita, donde la decapitación mediante espada es el método más normal de ejecución, continúa aplicando la pena capital a personas que han sido acusadas de crímenes sin homicidio como adulterio, robo, tráfico de drogas y hechicería. Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano y Marruecos impusieron condenas a muerte en 2012, aunque afortunadamente siguieron negándose a llevar a cabo ejecuciones. Es de desear que pronto Egipto comunique con mayor transparencia las prácticas en este campo.

En Túnez, donde comenzó la Primavera Árabe, las señales son mixtas: el año pasado, el presidente interino conmutó a cadena perpetua las sentencias a 122 personas que, según el gobierno, estaban en el corredor de la muerte. Por primera vez, ese país votó a favor del llamamiento de las Naciones Unidas para la moratoria. Sin embargo, en 2011 se volvió a imponer la pena de muerte. Cuanto antecede no significa, ni mucho menos, que los retos estén circunscritos al Medio Oriente y norte de África.

China ejecuta más personas que el resto del mundo en su conjunto. Bielorrusia sigue siendo de manera obstinada el único país que ejecuta a personas en Europa, donde la pena capital se excluye taxativamente en el artículo segundo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.»

En Estados Unidos se sigue reduciendo el número de Estados que practican la pena de muerte, habiéndose añadido recientemente Maryland. América Latina -otra lección que da el Sur en poco tiempo- está exenta en su integridad. Los dos únicos países en los que todavía no figura en la legislación aunque no se practiquen ejecuciones desde hace varios años -Cuba y Guatemala- han renovado hace poco su decisión de no practicar ejecuciones y ya no tienen presos en el «corredor de la muerte». A pesar de los malos ejemplos que hace poco han dado Japón, Indonesia e India, al volver a ejecutar personas después de varios años de no hacerlo, debemos de apreciar que, en su conjunto, la situación está cambiando de tal modo que cada año nos acercamos más rápidamente al momento en que la pena capital se convertirá en recuerdo.

En España se realizará el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por la asociación francesa Ensemble Contre la Peine de Morte (Juntos contra la Pena de Muerte), con el patrocinio de los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Francia y del país anfitrión, en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. El Congreso constituirá una gran oportunidad para que los Estados adopten una posición firme contra esta forma de violación de los derechos humanos, marcará pautas para orientar a los miembros de la sociedad civil internacional -políticos, juristas, expertos- cuando elaboren estrategias para lograr la abolición de la pena de muerte a escala mundial.

También enviará un mensaje nítido al mundo: este gran objetivo es no sólo conceptual y éticamente esencial sino políticamente posible.

* Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.