El general Craig Franklin no participó en el juicio y no dio ninguna explicación por su decisión de anular la sentencia y la condena a un año de cárcel, tras lo cual, el acusado, el teniente coronel James Wilkerson, fue excarcelado y reintegrado al servicio activo. El caso ha enojado tanto a funcionarios del Pentágono como a dirigentes políticos y la ciudadanía, pero ha puesto de manifiesto la legalidad bajo la actual ley marcial.

El artículo 60 del Código Unificado de la Justicia Militar (UCMJ) permite que oficiales de alto rango reduzcan o anulen un castigo tras la decisión de una corte marcial, y excluye la posibilidad de cualquier apelación. El Departamento de Defensa sostiene que los veredictos de culpabilidad se anulan solo en un uno por ciento de los casos, aunque a menudo suelen modificar las sentencias. Poco después de asumir el cargo de secretario de Defensa, Hagel ordenó una investigación sobre el asunto y ya ha anunciado que enviaría un proyecto de ley al Congreso legislativo que introduce dos cambios al artículo 60.

Hagel, explicó que «primero, elimina la discreción de que un comandante cambie un fallo de una corte marcial, salvo en casos de delitos menores». «Segundo, requerirá que el comandante explique por escrito todos los cambios que haga a una sentencia de una corte militar para justificar toda decisión de modificar un fallo de forma abierta, transparente y que quede registro».

Los cambios propuestos cuentan, según Hagel, con el «apoyo total» del Estado Mayor Conjunto, mandos de las distintas ramas de las fuerzas armadas estadounidenses. «Es el comienzo de un largo proceso para garantizar que haya justicia para las víctimas de agresiones sexuales en el ejército, ya sean hombres o mujeres», subrayó Barbara Boxer, senadora por el estado de California.

La nueva normativa, de ser aprobada por el Congreso, afectará a todos los tipos de delitos importantes, pero el momento y el contenido de los comentarios de Hagel dejan claro que la iniciativa apunta especialmente a las violaciones que inundan las fuerzas armadas. El ejército de Estados Unidos está en medio de lo que se considera una epidemia de agresiones sexuales, estimadas en 2012 por altos oficiales del Pentágono en 19.000 casos por año. Una cantidad relativamente menor de esos casos se denuncia. Y de estos, las investigaciones realizadas muestran que menos del 10 por ciento de los imputados son, de hecho, castigados.

El secretario de defensa ha dicho que «está claro que el departamento tiene todavía mucho trabajo por delante para atender el problema de la violencia sexual en sus filas; este delito está dañando a la institución». «Hay miles de víctimas en el Departamento, hombres y mujeres, cuyas vidas y carreras cambiaron de forma drástica y eso es inaceptable. La situación actual debe significar una ofensa para cada uno de los miembros del servicio y civiles».

Sesgo sistemático

El UCMJ fue creado más o menos al mismo tiempo que el nacimiento de Estados Unidos, y parte de las razones del artículo 60 fueron tanto alentar los acuerdos por cargos y condenas como permitir la instancia de apelación, que no existía. De hecho, el sistema estadounidense se inspiró originalmente en el de Gran Bretaña, pero el de este último fue modificado a mediados de los años 90 después de que la Corte Europea de Derechos Humanos concluyera que otorgaba demasiadas potestades a los altos comandantes. Canadá, Israel y Nueva Zelanda introdujeron cambios similares.

Los defensores de esta causa aplauden la decisión de Hagel, pero reclaman cambios más sustanciales, en especial en relación a lo que llaman un sesgo sistemático de la justicia castrense contra las víctimas de violación. «La iniciativa del secretario de Defensa es un paso en la dirección correcta, pero es solo un paso», observa Helen Benedict, profesora de periodismo en la Universidad de Columbia. «Todavía debe poner fin al conflicto de intereses inherente que se crea dentro del sistema de justicia penal castrense tomando la decisión de investigar y procesar a los imputados de violación fuera de la fuerza», explica Benedict, autora de «The Lonely Soldier» («El soldado solitario»), sobre las experiencias de mujeres soldados en Iraq.

La organización Red de Acción de Mujeres Oficiales (SWAN) ha elogiado los cambios propuestos y señala que es una iniciativa alentadora tras la «farsa de justicia» en torno al caso Wilkerson. «La modificación de decisiones posteriores al juicio es solo un elemento de un sistema supeditado a los comandantes y que rige el procesamiento de delitos en las fuerzas armadas», explica Anu Bhagwati, directora ejecutiva y excapitán del Cuerpo de Marines. «A menos que la toma de decisiones sobre la investigación y el procesamiento antes del juicio también se saquen de las manos de los comandantes y se deleguen a fiscales imparciales, la justicia militar seguirá siendo un tipo de justicia renga, tanto para víctimas como para imputados», añade.

Hagel, al parecer, es consciente de la necesidad de mayores cambios, ya que ha anunciado que pronto tomará nuevas medidas para fortalecer «los esfuerzos de prevención y respuesta» del Pentágono. También ha revelado la creación de varios paneles independientes que se encargarán de revisar «los sistemas utilizados para investigar, procesar y juzgar delitos de violación, y el proceso judicial de casos de violación».