El 11 de febrero expira el plazo dado por el fiscal General polaco para que el gobierno aporte información sobre posibles cárceles secretas en su territorio que sirvieron a la CIA para encarcelar a presos acusados de pertener a Al Qaeda. La falta de colaboración del gobierno hace prever que se prolongará la investigación. Cincuenta y cuatro países colaboraron con la CIA estableciendo prisiones secretas en su territorio. Entre ellos están Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Suecia y Polonia. Un reciente informe en Estados Unidos publica los «horrores» que han vivido muchos de los presos detenidos por la Agencia estadounidense.

Los casos de 136 personas, que fueron objeto de entregas extraordinarias o detenciones clandestinas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, han quedado expuestos en un informe de Open Society Justice Initiative. El estudio arroja luz sobre un capítulo de la «guerra contra el terrorismo» que hasta ahora está envuelto en un manto de secreto.

Bajo el título «Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition» (Globalizando la tortura: Las detenciones secretas y entregas extraordinarias de la CIA), el reporte confirma que esa agencia mantuvo a presuntos terroristas en prisiones clandestinas, conocidas como «sitios negros».

La CIA también llevó a cabo «entregas extraordinarias», definidas por el estudio como la transferencia ilegal de un detenido a la custodia de un gobierno extranjero para su detención o interrogación. Según el informe de la organización humanitaria con sede en Nueva York, los detenidos por la CIA fueron torturados y sufrieron abusos en sitios de detención de todo el mundo. A algunos los detuvieron por error, y otros ni siquiera fueron acusados.

La autora del estudio, Amrit Singh señala que «eso es lo que ocurre con estos casos; a cual más perturbador que el otro». Singh, también se encarga de los asuntos legales en el programa de Seguridad Nacional y Antiterrorismo de la Open Society Justice Initiative.

El caso de Fatima Bouchar, por ejemplo, es uno de los 136 que el informe documenta. En 2004, la CIA y autoridades tailandesas la agredieron física y psicológicamente en un aeropuerto en Bangkok. La encadenaron a una pared y la privaron de alimentos durante cinco días, antes de entregársela a Libia. Bouchar estaba embarazada de cuatro meses y medio. «Parte del motivo por el que se redactó este informe es que es realmente importante contar qué les ocurrió a estas víctimas», explica Singh.

La investigación demuestra que, además de ser ilegal, la tortura arroja información incorrecta. Cita el caso de Ibn al-Sheikh al-Libi, que en 2002 fue objeto de una entrega extraordinaria de Estados Unidos a Egipto. Cuando lo amenazaron con torturarlo, Al-Libi inventó información sobre Iraq, la red extremista Al-Qaeda y el uso de armas biológicas y químicas. En 2003, el entonces secretario de Estado Colin Powell citó esta información inventada en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al defender la guerra en Iraq.

El informe fue escrito en el contexto de las políticas antiterroristas de Estados Unidos, posteriores a los atenados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington. El epígrafe con el que se inicia fue tomado de una entrevista de televisión que en 2001 concedió el entonces vicepresidente Dick Cheney al canal NBC News.

«En el mundo de la inteligencia, tenemos que pasar tiempo en las sombras», dijo Cheney. «Mucho de lo que se necesita hacer aquí tendrá que hacerse rápidamente, sin ninguna discusión». En la lista también hay 54 «gobiernos extranjeros» cómplices, que colaboraron con la CIA de varias maneras: albergando prisiones de esa agencia en sus territorios, o capturando, transportando y torturando a detenidos, o brindando inteligencia. «Esto realmente habla del poder que ostenta Estados Unidos en el mundo. En este caso, tiene poder esencialmente para reclutar socios a fin de cometer violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo», apunta Singh.

Frenos y contrapesos... y matanzas extrajudiciales

En 2002, las autoridades estadounidenses detuvieron a Maher Arar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. La CIA lo transportó en avión a Ammán, donde los guardias jordanos lo agredieron. Luego fue víctima de una entrega extraordinaria a Siria, encerrado durante 10 meses en una celda similar a una tumba, golpeado con cables y amenazado con aplicarle choques eléctricos.

La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro de Derechos Constitucionales, denuncia que demandaron a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que lo enviaron allí para que lo torturaran. Pero sus esfuerzos no dieron los resultados que esperaban. «Básicamente, los acusados (del gobierno de Estados Unidos) retrucaron con los mismos argumentos de siempre, diciendo que aunque lo que dijera (Arar) fuera verdad –que Estados Unidos lo envió a Siria para que lo torturaran-, los funcionarios no pueden ser responsables de eso».

Según ella, cuando funcionarios del gobierno de Estados Unidos asocian sus acciones con la «seguridad nacional», es prácticamente imposible juzgarlos. «El Poder Judicial no puede tocarlos», resume. Arar «no pudo llevar su caso a ninguna parte en Estados Unidos. No ha recibido una disculpa. Todavía está en la lista de vigilancia».

La abogada menciona los desafíos similares que se presentan a la hora de juzgar las matanzas extrajudiciales. Y cita como ejemplo el caso «Al-Aulaqi versus Panetta», en el cual las familias de tres ciudadanos estadounidenses, que murieron en ataques con aviones no tripulados, han presentado una demanda contra el Poder Ejecutivo. «Los acusados –(el exdirector de la CIA y actual secretario de Defensa), León Panetta, (el también exdirector de esa agencia), David Petraeus, y dos personas más- han desestimado el caso, argumentando que el Poder Judicial no puede arbitrarlo», plantea LaHood.

Según ella, el peso del Poder Ejecutivo de Estados Unidos ha aumentado mucho, y lo ha perdido el Poder Judicial. Philip G. Alston, profesor de derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y ex relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dice que «el Poder Judicial da efectivamente carta blanca al Poder Ejecutivo». El Judicial «ha abdicado particularmente de su responsabilidad de mantener el imperio de la ley en cualquier asunto que involucre a la CIA», continua. «El resultado es que ésta queda libre para tomar sus propias decisiones, apenas sujeta a la vigilancia formal del Congreso» que ostenta el poder legislativo.

Singh dice que «no hay duda de que actualmente hay serias amenazas terroristas en el mundo, y que se deben abordar de un modo adecuado y legal, pero el hecho de que estas amenazas existan no constituye un motivo para desaviarse del derecho interno e internacional establecido». Los tribunales de Estados Unidos han negado reiteradamente las demandas de compensaciones a víctimas de torturas, señala. Y «no han actuado como una limitación al abuso de las potestades ejecutivas, que es como deberían manejarse».

El Centro de Derechos Constitucionales ha divulgado un comunicado en respuesta a un controvertido «libro blanco» del Departamento de Justicia de Estados Unidos, titulado «Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. Citizen who is a Senior Operational Leader of Al Qa'ida or An Associate Force» (Legalidad de una operación letal dirigida contra un ciudadano estadounidense que sea líder operativo de alto rango de Al Qaeda o de una fuerza asociada). «Los paralelos con los memorandos de tortura del gobierno de George W. Bush (2001-2009) son escalofriantes», dice Vincent Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, a propósito del «libro blanco».

Warren afirma taxativamente, «aquellas fueron justificaciones legales sin control, elaboradas para justificar la tortura. Estas son justificaciones sin control elaboradas para justificar las matanzas extrajudiciales».