El informe 'Víctimas de delitos en la UE: el alcance y la naturaleza del apoyo a las víctimas' recoge que es necesario que el apoyo a las víctimas de delitos esté dotado de amplios recursos y bien dirigido en función del delito sufrido para garantizar que tengan acceso a la justicia tanto por el sufrimiento que se les ha provocado como para que se respeten sus derechos, considera la Agencia con sede en Viena.

«Debe facilitarse asistencia a las víctimas antes, durante y después de los procesos judiciales, pero no sólo apoyo legal, sino también psicológico y emocional», afirma el director de la FRA, Morten Kjaerum. Y es que, añade, «dentro de 10 meses los Estados miembros de la UE tendrán que haber adaptado la Directiva sobre víctimas de la UE a su derecho nacional y todavía queda mucho por hacer».

Para ayudar a garantizar un apoyo eficaz a las víctimas en toda la UE, la FRA presenta una serie de sugerencias en el informe, entre ellas garantizar el suministro de servicios específicos de apoyo y consejo para víctimas con necesidades especiales, como por ejemplo, víctimas con discapacidad, víctimas de violencia sexual o inmigrantes irregulares víctimas de delitos; o garantizar también que cumplen con las obligaciones de formar a agentes de policía y al personal de Justicia y que los recursos necesarios con los que implementar estas medidas están disponibles.

Problemas por ausencias de denuncias

Además, el FRA considera que para animar a que más víctimas den un paso adelante y denuncien delitos, los Estados miembros de la UE deben garantizar que se haga pública la información relativa al apoyo a las víctimas por parte de todas las autoridades y servicios públicos con los que entren en contacto, incluido el servicio de salud. Y es que, según el estudio, la ausencia de denuncias es un gran obstáculo a la hora de garantizar que las víctimas cuenten con acceso completo a sus derechos. «Contar con sistemas específicos y prácticos de apoyo a las víctimas es crucial para cualquier estrategia que pretenda aumentar la confianza en las autoridades e incrementar los índices de denuncias, sin los cuales es imposible mejorar la investigación y perseguir los delitos», apuntan desde la Agencia de Derechos Fundamentales. Es por eso que la Directiva sobre víctimas o Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a las víctimas de delitos supone un gran paso adelante. Los Estados miembros deben adaptar los artículos de esta Directiva antes del 16 de noviembre de 2015.

Este último informe del FRA demuestra que, a pesar del trabajo que queda por hacer, se han producido varios avances positivos en los Estados miembros y aparecen, de hecho, enumerados como buenas prácticas. Por ejemplo, algunos Estados, como Bélgica, Estonia o Finlandia, garantizan que las organizaciones de apoyo a las víctimas estén presentes directamente en las comisarías de policía o muy cerca de ellas, con lo que resulta más fácil hacer derivaciones. Otros, como Dinamarca, Polonia o el Reino Unido, recaudan recursos económicos para servicios de apoyo a las víctimas mediante un fondo al que contribuyen convictos de una infracción penal. También se han desarrollado apps en algunos países, como España o Suecia, que proporcionan información sobre procedimientos judiciales, además de direcciones de interés y datos de contacto útiles.